Cuando el pasado 12 de marzo conocimos que la fiscalía había denunciado a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental, no sabíamos cómo de grande sería el terremoto que afectaría de lleno a la presidenta de la Comunidad de Madrid. En un primer momento se pretendió, por parte de la principal interesada, del PP madrileño y de sus medios de cabecera que esto fuera tan solo un tema entre un particular y Hacienda, donde Ayuso, también líder de la derecha populista en España, tenía poco que ver.
Alberto González Amador intentó estafar 350.000 euros a la Agencia Tributaria mediante una red de empresas pantalla y facturas falsas. Un delito de consideración. Uno, sin embargo, que tocaría tan sólo tangencialmente a Ayuso. ¿Qué responsabilidad tiene alguien, por muy personaje público que sea, en lo que hace su pareja? La cuestión fundamental de todo este caso es que ese delito fiscal es sólo la punta del iceberg de un caso que afecta tanto a la agenda de privatización sanitaria seguida en la Comunidad de Madrid como a la línea discursiva sobre la meritocracia empleada por la dirigente popular.
Primero ordenemos las piezas de un puzzle que nos cuenta una historia interesante: la de cómo funcionan los negocios de los comisionistas en el ámbito de la sanidad y, más allá, que nos explica quiénes son los actores de intereses en el negocio de la salud en Madrid.
El fraude de 350.000 euros que González Amador quiso colarle a Hacienda, con el que comienza todo, es un delito sobre una actividad tan legal como cuestionable. La comisión de dos millones de euros que el novio de Ayuso se lleva por poner en contacto a dos empresas en el año 2020 en una venta de material sanitario en plena pandemia. ¿Cómo es posible que alguien se embolse tal cantidad de dinero por hacer dos videoconferencias?
Una de las empresas era FCS Selected Products, sociedad que el PP puso en el punto de mira de la fiscalía al haber vendido material sanitario a administraciones controladas por el PSOE, en un movimiento de venganza frente al escándalo de las comisiones cobradas por el hermano de Ayuso, algo que desató una brutal guerra interna dentro del PP y que le costó el puesto a Pablo Casado, el que era su presidente. Si FCS vendía directamente a la administración, ¿por qué en este caso apareció un comisionista y una segunda empresa que, sin duda, añadieron un sobrecoste? ¿Qué valor aportaban a una operación que, como ha contado infoLibre, tuvo como uno de sus destinatarios la Xunta de Galicia?
¿Es esta la sociedad del esfuerzo y la meritocracia por la que tanto ha clamado Ayuso?
La otra empresa que participó en la millonaria operación era Mape Asesores, cuyo presidente es Fernando Camino, un nombre clave para entender tanto una posible respuesta a estas preguntas como el negocio de la sanidad privada en Madrid. Camino tiene una estrecha relación con González Amador por varios motivos además de la operación de 42 millones de euros por la que la pareja de Ayuso se embolsó las comisiones.
Fernando Camino es presidente de Quirón Prevención, una de las divisiones del gigante sanitario encargada, por ejemplo, de realizar los reconocimientos médicos a los funcionarios de la Comunidad de Madrid. Esta división procede de Frater Prevention, empresa de la que también fue administrador Camino y donde conoció a González Amador en 2015. La relación entre ambos, por tanto, se remonta a hace casi una década, donde la empresa principal de González Amador, Maxwell Cremona, ha tenido como cliente principal a Quirón.
Además, la mujer de Fernando Camino, Gloria Carrasco, farmacéutica leonesa, vendió en febrero de 2021 a González Amador una empresa denominada Masterman & Whitaker, una sociedad calificada por la fiscalía como pantalla para simular operaciones que permitieron generar facturar falsas con las que estafar a Hacienda. Por si esto no fuera suficiente, Camino y González Amador coincidieron en otra empresa, Insumos Médicos del Pacífico, situada en Panamá, que pudo valer también como empresa pantalla o para que Quirón pudiera situarse en Latinoamérica.
Alberto González Amador y Fernando Camino tienen una evidente relación comercial y societaria prolongada en el tiempo, siendo Camino alto directivo de Quirón, un grupo con fuertes intereses en la Comunidad de Madrid, el territorio gobernado por Isabel Diaz Ayuso. Quirón gestiona cuatro hospitales en la sanidad madrileña, recibiendo de los presupuestos pagos que alcanzan varios centenares de millones de euros anuales. Además de cantidades similares que, en el caso de la Fundación Jiménez Díaz, han sobrepasado los 700 millones de euros mediante la fórmula excepcional de las convalidaciones de gasto, que permite abonar facturas sin fiscalizar.
Sabemos que Isabel Díaz Ayuso y González Amador son pareja desde finales del año 2020, según la revista Lecturas, que nos dio a conocer la relación en mayo de 2021. Es decir, que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha tomado decisiones respecto a Quirón, que han implicado un gasto de centenares de millones de euros cada año, sabiendo que su pareja tenía como cliente principal a este grupo sanitario, sabiendo que además tenía estrechos vínculos con uno de sus directivos, Fernando Camino. Algo que, si Ayuso hubiera sido alto cargo del Estado, hubiera sido ilegal.
Según su ley de incompatibilidades, “se considera que un alto cargo se encuentra incurso en un conflicto de intereses cuando la decisión que debe adoptar pueda afectar a sus intereses personales. El citado precepto incluye los intereses propios del alto cargo y sus intereses familiares, comprendidos los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, así como los de personas jurídicas o entidades privadas a las que estos familiares pudieran estar vinculados por una relación laboral o profesional de cualquier tipo”. Demoledor. Aunque parece una ley sentenciada ex-profeso para Ayuso, entró en vigencia en 2015.
Toda la arquitectura de privatización sanitaria perpetrada en la Comunidad de Madrid se ve expuesta por este caso. Por sí misma, su funcionamiento ha sido el de crear un gigantesco negocio para los intereses privados a través del dinero público en un sector que antes del Gobierno de Esperanza Aguirre era residual. Con Ayuso se demuestra que aquella “colaboración público-privada” de la que tanto ha presumido el PP está expuesta, como así demuestra la ley para altos cargos del Estado, a un cruce de intereses personales difícilmente justificable. ¿Por qué los ciudadanos tenemos que asumir que en estas operaciones no han pesado factores más allá de los declarados públicamente?
De momento conocemos que Ayuso y González Amador disfrutan de un piso y un ático de lujo pagados después de que se cometiera el fraude a Hacienda, después, también, de que estas operaciones con Quirón se llevaran a cabo. ¿Es esta la sociedad del esfuerzo y la meritocracia por la que tanto ha clamado Ayuso? Continuemos esta historia la próxima semana en infoLibre…
Cuando el pasado 12 de marzo conocimos que la fiscalía había denunciado a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental, no sabíamos cómo de grande sería el terremoto que afectaría de lleno a la presidenta de la Comunidad de Madrid. En un primer momento se pretendió, por parte de la principal interesada, del PP madrileño y de sus medios de cabecera que esto fuera tan solo un tema entre un particular y Hacienda, donde Ayuso, también líder de la derecha populista en España, tenía poco que ver.