La jornada de los tres decretos del pasado miércoles, además de asemejarse al título de una película de kung fu hongkonesa, nos dejó algunas conclusiones interesantes para una legislatura que promete ser aún más intrincada que la anterior. La primera, no me resisto a dejar por aquí nota de ello, es que en los análisis a posteriori se abusó de términos negativos para describirla. Que un parlamento no muestre la previsibilidad de una mayoría absoluta no resta legitimidad a los resultados de las votaciones. El conflicto y la negociación también son parte de la democracia.
Además de la caída del decreto presentado por Trabajo, provocada por la votación negativa de Podemos —más pendiente de ajustar cuentas con Díaz que del subsidio de los parados—, el otro punto de interés radicó en la abstención de Junts, lograda in extremis tras negociar el PSOE una difusa cesión en las competencias sobre inmigración. Las comunidades autónomas ya ostentan responsabilidad en la materia, tal y como regula el artículo 138 del Estatuto de Cataluña en lo referente a acogida, autorización de trabajo y participación en las decisiones del Estado sobre inmigración que les afecten. Por contra, las competencias sobre extranjería, es decir, el control de fronteras, la expedición de visados o la expulsión corresponden a la administración central y los tribunales competentes. La sentencia del Constitucional sobre el Estatut avaló este reparto de responsabilidades.
El pasado lunes, Pedro Sánchez, en una entrevista en Las mañanas de RNE, afirmó que "todo lo que tiene que ver con la política de fronteras es competencia del Estado". En otra entrevista aparecida el domingo en el diario El País, dejó claro que “expulsar a migrantes compete a la Administración central”. Según la nota publicada por Junts a última hora del miércoles 10, día de la votación, el acuerdo, además de otros aspectos, incluía “la delegación de las competencias sobre immigración a la Generalitat, mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución Española a través de una ley orgánica específica para Cataluña”. El presidente, también el domingo, opinó que “un partido independentista diga que se asume el que se puedan delegar determinadas competencias en materia de migración en el marco de la Constitución, me parece que es un cambio de una enorme trascendencia”.
Que Junts quiera aumentar para la Generalitat las competencias sobre inmigración tiene que ver con la pugna que mantiene con ERC de cara a las autonómicas, pero también con un frente interno en el independentismo de derechas. El alcalde de Calella, y otros regidores de la comarca del Maresme, todos de Junts, lideraron el pasado diciembre un movimiento para expulsar a los inmigrantes irregulares que delinquen. El partido apoyó sus demandas y, por boca de Jordi Turull, expresó que si “el sistema falla, desde Cataluña no podemos decidir nada”. En Ripoll, municipio del prepirineo catalán, obtuvo la victoria en las pasadas municipales Aliança Catalana, encabezada por Silvia Orriols, una nueva formación independentista con planteamientos xenófobos. Junts teme que se extienda a otros municipios y le reste fuerza municipal.
Junts necesita escenificar no sólo que arranca concesiones a Sánchez más importantes de las que consigue ERC, sino que esta vez ha obtenido aquellas que le reclamaban sus sectores más reaccionarios
Junts necesita escenificar no sólo que arranca concesiones a Sánchez más importantes de las que consigue ERC, sino que esta vez ha obtenido aquellas que le reclamaban sus sectores más reaccionarios. La realidad es que las competencias en extranjería, aquellas relativas a las fronteras y la expulsión, seguirán siendo parte de la administración central. Al final habrá nuevas transferencias, probablemente aquellas que se refieren a la documentación y los permisos de residencia, mediante ley orgánica como prevé la Constitución, pero no de esta naturaleza y calado, algo que en Junts ya conocían cuando firmaron el acuerdo pero que no admitirán en público.
El episodio, si sabemos leer entre líneas, puede ser útil para entender la relación establecida entre ambos partidos, algo especialmente interesante para ir midiendo la estabilidad de la legislatura. Junts es una formación en pleno aterrizaje tras la desmesurada aventura del procés, que necesita contar a sus votantes, y contarse a sí mismos, que mantiene intactas sus aspiraciones independentistas pese a que saben de su fracaso. Para ello necesitan arrancar concesiones al Gobierno de Sánchez, presentándolas como favorables para Cataluña, no para el “reino”, tal y como hizo Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso.
Lo cierto es que las negociaciones se sitúan ya en el terreno de la política de lo real —inmigración, IVA del aceite de oliva, balanzas fiscales— y no en la ensoñación independentista. Aunque Sánchez ha dejado entrever este avance en las entrevistas, el PSOE no va insistir en este aspecto a riesgo de molestar a Junts, que lo último que quiere es admitir este cambio de marco. La derecha aprovecha este desacople entre lo que se sabe y lo que se puede contar para insistir en el apocalipsis semanal, cuando la realidad es que tan sólo estamos asistiendo a unas conversaciones que no difieren demasiado de las que se vieron en el pasado con fuerzas nacionalistas como CiU, protagonizadas también por Ejecutivos como el de Aznar, y muy alejadas de las que mantiene hoy el PP con Vox, donde acepta sin rechistar todas la condiciones impuestas por los ultras.
El problema para el PSOE es que esta dinámica de normalidad es difícil de ver, sobre todo contando con un panorama mediático mayoritariamente hostil. Su mejor baza es que los meses pasen y los ciudadanos vayan comprobando que lo que se discute y acuerda con los independentistas entra dentro no sólo de la ley, sino del devenir habitual de la política común. Pero también, como ha hecho Patxi López este martes en Radiocable, al declarar que no se siente cómodo con lo que opinan algunos dirigentes de Junts sobre inmigración, ir asentando líneas rojas que no se van a traspasar. Nunca es fácil llevar adelante una relación cuando tu contraparte necesita el drama para no admitir que está cediendo en sus postulados más extemporáneos. La realidad es que estas negociaciones establecen un escenario que no se corresponde con la tan anunciada ruptura de España.
La jornada de los tres decretos del pasado miércoles, además de asemejarse al título de una película de kung fu hongkonesa, nos dejó algunas conclusiones interesantes para una legislatura que promete ser aún más intrincada que la anterior. La primera, no me resisto a dejar por aquí nota de ello, es que en los análisis a posteriori se abusó de términos negativos para describirla. Que un parlamento no muestre la previsibilidad de una mayoría absoluta no resta legitimidad a los resultados de las votaciones. El conflicto y la negociación también son parte de la democracia.