Las medidas de regeneración democrática que Rajoy proclama en el Congreso con el anuncio de su firme propósito de luchar contra la corrupción ya empiezan a ponerse en práctica en RTVE. Tal vez se tomaba en serio sus propias palabras cuando afirmaba que el aluvión de casos de corrupción que aparece en los medios de comunicación es consecuencia de su persecución por las instituciones. La verdad, cuando nuestro máximo mandatario se refiere a sí mismo como una persona “con sentido común”, acierta, tiene un sentido de lo más común, tal vez excesivamente común para el cargo que ostenta, en ocasiones, roza lo fronterizo. La aparición de esas acciones delictivas en los medios de comunicación no se produce como consecuencia de su persecución por las instituciones que él mismo preside, sino como un hecho inevitable consecuente, ahora sí, al derecho a la información que preside los regímenes democráticos. No son las instituciones las encargadas de darlas a conocer sino de destaparlas y tipificarlas.
Consciente del papel que desempeñan los medios en la ponderación y difusión de estas actividades irrumpe de nuevo el Gobierno, tal y como tiene por costumbre en cada ocasión que ha llegado al poder, en la gestión de la información que nos dan los medios públicos con nuevas destituciones en los informativos de RTVE. El vergonzoso y antidemocrático espectáculo que dan las televisiones que gestiona el PP es el signo más evidente de su corrupción endémica, inherente, casi genética. Es imposible atajar la delincuencia económica de sus cargos, que es a lo que se refería el presidente en su discurso en las Cortes, si la corrupción está en la esencia de su acción política. El robo organizado desde tramas creadas por sus cargos de confianza es sólo un síntoma, una consecuencia inevitable del desprecio con el que aplican las leyes y gestionan la vida de los ciudadanos al margen de las más elementales reglas del sistema democrático.
Por alguna razón, al español lo que más le molesta es que el político robe. De hecho, con todo este debate de la Memoria Histórica, está dispuesto a consentir que nuestras cunetas estén plagadas de ciudadanos asesinados, pero la razón real por la que a estos políticos de “centro” esa ley les pone histéricos, la razón por la que no se consiente que ochenta años después del golpe de Estado perpetrado contra la libertad y la democracia por Franco no se pueda enseñar los colegios lo que aquí ocurrió, es porque el siguiente paso, y lo saben, es que saldrá a la luz todo lo que robaron, y eso los ciudadanos españoles no lo toleran. Sí, muchos de nuestros próceres, patriotas defensores de la unidad de España, no dudaron en asesinar a sus vecinos para robarles las propiedades y, paradójicamente, es más complicado de justificar desde la ideología el robo que el crimen. Lo que les importa, de verdad, es que se sepa que venimos de una estirpe de ladrones. Lo de asesinos tienen quien se lo relativice a través de revisiones de la Historia. La propia condesa antisistema, mascarón de proa de la lucha contra la corrupción en España y “descubridora” de la trama Gürtel, es una experta en el tema.
Con la corrupción ocurre lo mismo, sólo se produce la indignación cuando se descubre el robo. En realidad lo que menos daño hace a la sociedad es el dinero que obtienen estos políticos corruptos con sus actuaciones dentro o fuera de la ley, tal circunstancia que no les exime del calificativo, a través de las tramas que montan para robar, o de las puertas giratorias y demás triquiñuelas que ellos mismos diseñan al legislar, haciendo legal lo “corrupto”, sino las consecuencias que acarrea su acción política al gobernar contra los intereses de los ciudadanos. Así, lo peor no es el incremento de patrimonio que obtienen con las privatizaciones de los servicios sanitarios, sino el deterioro que esa gestión produce en la calidad de vida de los administrados, que es inconmensurable. Las muertes que esa gestión va a producir, como ya ha demostrado un informe presentado con total cinismo por el gobierno de Cameron consecuencia de una política idéntica a la nuestra. La dificultad en el acceso a los medicamentos, el copago, la reducción de pruebas diagnósticas, es contra eso, sobre todo, contra lo que hay que reaccionar.
Lo mismo ocurre con la energía. Poco perjudica, en realidad, al ciudadano lo que obtienen los altos cargos con los nombramientos en las diferentes asesorías en las empresas que, previamente, han privatizado, ni los viajes, bolsos y demás dádivas que reciben por su impecable gestión a favor de la élite empresarial, lo grave es que los españoles quedan inermes ante un monopolio mal disimulado que les condena a una existencia precaria. El nombramiento a dedo del político para un cargo en esas empresas con una remuneración injustificable es sólo la consecuencia del trabajo realizado, that is the question. El daño está en su gestión anterior, en su acción legal, no en la posiblemente ilegal o poco ética. En cuanto surgen los problemas y son citados a declarar, ellos mismos reconocen ante el juez su total ignorancia respecto a aquello que asesoraban sin explicar, en tal caso, en concepto de qué cobraban: cobran por los servicios prestados.
La mejor manera, ha decidido el señor Rajoy con su impresionante sentido común, de luchar contra la corrupción, es que no exista. Para ello debe silenciar, como tienen por costumbre, los medios de comunicación que administra, sin disimulo, sin vergüenza, con autoridad. Ellos mismos, ante las protestas por la falta de justificación profesional de los ceses en los informativos de TVE, lo dejan claro: “Tenemos derecho a nombrar un equipo de confianza”.
No, señores del Gobierno, ese es un derecho que no existe en democracia. La única confianza que deben ganar los servicios informativos públicos que pagamos todos es la de los ciudadanos, no la del Gobierno, eso es de otro régimen, coño. Otra cosa es lo que ustedes pueden exigir con el dinero que pagan bajo cuerda a los diferentes periodistas, en algunos casos condenados por la Justicia, o a los medios a los que acuden con dinero negro a sus ampliaciones de capital, o a través de las inyecciones económicas a diferentes medios enmascaradas con la propaganda institucional. Ahí, sí pueden exigir el servicio que pagan, pero dejen en paz, de una vez, a los profesionales de la información que, por cierto, han recibido premios de sus compañeros de los medios más prestigiosos del mundo encumbrándoles como un ejemplo.
Viven en la corrupción sistémica, ese es el tema. El robo es inevitable en tal estado, es como pedirle a Travolta que se quede sentadito en la discoteca.
Las medidas de regeneración democrática que Rajoy proclama en el Congreso con el anuncio de su firme propósito de luchar contra la corrupción ya empiezan a ponerse en práctica en RTVE. Tal vez se tomaba en serio sus propias palabras cuando afirmaba que el aluvión de casos de corrupción que aparece en los medios de comunicación es consecuencia de su persecución por las instituciones. La verdad, cuando nuestro máximo mandatario se refiere a sí mismo como una persona “con sentido común”, acierta, tiene un sentido de lo más común, tal vez excesivamente común para el cargo que ostenta, en ocasiones, roza lo fronterizo. La aparición de esas acciones delictivas en los medios de comunicación no se produce como consecuencia de su persecución por las instituciones que él mismo preside, sino como un hecho inevitable consecuente, ahora sí, al derecho a la información que preside los regímenes democráticos. No son las instituciones las encargadas de darlas a conocer sino de destaparlas y tipificarlas.