En una reciente entrevista, José María Lasalle, uno de los dirigentes más capaces del PP, preguntado por la forma de evitar el fracaso de la política, proponía: “Pensar en grande. Asumir los viejos ideales de la ejemplaridad y el servicio público, la regeneración permanente de las instituciones. Que la política no tenga tacha. Mano tendida al adversario, que no puede considerarse un enemigo.” Pero más adelante, cuando se le pregunta por la relación de Rajoy con Bárcenas y la caja B del partido, la respuesta resulta muy decepcionante: “Eso lo tendrán que decidir los tribunales. No tengo ningún indicio que me permita cuestionar la honorabilidad del presidente, a quien considero un hombre intachable.”
Este es justamente uno de los principales fallos de la democracia española: la ausencia de unas reglas compartidas que establezcan los límites de lo que es permisible en el ámbito político. Reglas que impidan, por ejemplo, que si se descubre que un ministro de Interior ha utilizado su posición de poder para realizar “guerra sucia” a partidos y líderes independentistas catalanes, dicho ministro pueda continuar en activo. Con independencia de las responsabilidades penales en las que pudiera haber incurrido, el ministro de Interior tendría que haber dimitido en el momento mismo en que se hicieron públicas las grabaciones con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña. Que no lo haya hecho es la demostración más palpable de que la democracia española no es tan sólida como la de otros países desarrollados.
Carecemos de un consenso mínimo sobre lo que resulta inadmisible en el comportamiento de los políticos. De ahí que cuando se lanzan acusaciones, los acusados siempre remitan a los tribunales: mientras la persona no sea imputada, mientras no se abra el juicio oral, mientras no haya condena judicial, el político puede seguir en su cargo. Sin duda, es fundamental que exista el Código Penal como último recurso. Pero eso no es suficiente. Hay muchas prácticas que, no siendo ilegales, son impropias en una democracia. Además, la Justicia es lenta y garantista, con lo que en muchas ocasiones hay actos que no llegan a considerarse delitos pero que, sin embargo, repugnan a la actividad pública.
Sabemos que el voto es un mal instrumento para castigar la corrupción. En unas elecciones se juegan demasiadas cosas y el voto de los ciudadanos responde a un juicio global en el que la corrupción es un elemento más al lado de muchos otros. Yo entiendo que a una persona de derechas, antes que castigar al ministro Fernández por abuso de poder, le parezca más importante que gobierne el PP frente a la posibilidad de un gobierno de izquierdas.
El problema no está en los votantes, sino en la construcción de un consenso sobre las reglas a las que antes hacía referencia. En España tenemos un problema sistémico de impunidad porque se puede sobrevivir políticamente aunque te hayan pillado con las manos en la masa. Eso es precisamente lo que le ha ocurrido al PP desde 2011.
En estos años hemos descubierto una corrupción generalizada en el Partido Popular, con tramas que afectan a Comunidades Autónomas enteras (Valencia, Madrid, Baleares) y, sobre todo, con un sistema de financiación irregular que se empleó hasta en la reforma de la sede central del partido en la calle Génova, pagada con dinero negro. Además de las Gürtel, Púnica y otras tramas, el propio partido ha estado recibiendo donaciones fraudulentas de grandes y medianos empresarios a cambio de contratas, subvenciones y otras prebendas. Una parte del dinero negro se utilizaba para las campañas electorales y otra para repartir sobresueldos a los dirigentes del partido, incluyendo al presidente del mismo, Mariano Rajoy, el nombre que más veces aparece en los famosos papeles de Bárcenas.
En esas condiciones, es un escándalo y una profunda anomalía democrática que Mariano Rajoy y su equipo puedan seguir gobernando. Si lo consiguen, será una derrota en toda regla para la calidad de la democracia en España. Demostrará que, aunque les hayan pillado con las manos en la masa, no pasa nada. Se consagrará la impunidad política.
Tenemos la oportunidad de que el resto de partidos (PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos) se pongan de acuerdo para construir las reglas que necesitamos en nuestra democracia. Tienen la obligación de impedir que un partido corrompido hasta la médula siga gobernando en España. Eso es lo que hay en juego en estos momentos en torno a la investidura de Rajoy. Si estos partidos evitan que siga gobernando el PP, se demostrará que hay otras formas de pagar la corrupción que van más allá de lo que digan los tribunales dentro de no sé cuántos años. Entiendo que hay profundas diferencias ideológicas entre los tres partidos, pero antes de pensar en qué políticas económicas y sociales se llevarán a cabo tienen que poner freno a la barbaridad que supone que un partido como el PP, plagado de corrupción, con tan solo 137 escaños, pueda seguir gobernando.
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Si alguno de los tres grandes partidos (PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos) facilita la formación de un gobierno del PP, ya sea mediante un voto a favor o la abstención en la sesión de investidura, estará consagrando el principio de impunidad en España, por mucho que lo haga en nombre de la gobernabilidad del país.
Tras dos elecciones en seis meses, es necesario que haya un gobierno en España, sin duda. Pero más necesario es todavía que dicho gobierno no esté en manos de un partido que no sólo está profundamente corrompido, sino que no ha dado explicaciones, ni ha pedido disculpas, ni ha hecho limpieza interna a pesar de todos los escándalos que han ido aflorando en estos años.
Si el PP hubiera obtenido una mayoría absoluta, la cuestión no podría plantearse. Pero sucede que el PP solo tiene 137 escaños y un 33% del voto emitido y que la suma de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos supone 188 escaños y un 57% del voto emitido. Tienen estos partidos la oportunidad de imponer un castigo político al partido de la corrupción, mostrando que en política no todo vale y que el abuso de poder tiene consecuencias. Si así lo hicieran, la democracia saldría reforzada en España.
En una reciente entrevista, José María Lasalle, uno de los dirigentes más capaces del PP, preguntado por la forma de evitar el fracaso de la política, proponía: “Pensar en grande. Asumir los viejos ideales de la ejemplaridad y el servicio público, la regeneración permanente de las instituciones. Que la política no tenga tacha. Mano tendida al adversario, que no puede considerarse un enemigo.” Pero más adelante, cuando se le pregunta por la relación de Rajoy con Bárcenas y la caja B del partido, la respuesta resulta muy decepcionante: “Eso lo tendrán que decidir los tribunales. No tengo ningún indicio que me permita cuestionar la honorabilidad del presidente, a quien considero un hombre intachable.”