Por ir al grano y sin rodeos: los delitos por los que está imputado el yerno del rey no habrían podido cometerse sin la ayuda, asesoramiento, visto bueno, mirada a un lado o permisividad total de unos cuantos cargos y funcionarios públicos. Tampoco las clamorosas irregularidades acumuladas. Hoy desvela infoLibre un nuevo ejemplo. Iñaki Urdangarin ordenó a su contable el 15 de junio de 2004 que enviara a un funcionario de Hacienda su "proyecto económico-financiero" para la compra de un palacete en Pedralbes. No hace falta estudiar en el IESE ni en ESADE ni en ICADE para saber que es irregular buscar asesoramiento privado de un funcionario en ejercicio. Y tampoco es preciso ser Sherlock Holmes para considerar sospechoso que ese funcionario de Hacienda sea el mismo que diez años antes se había encargado de cumplimentar la declaración de la renta del rey Juan Carlos, justo cuando este habría recibido una herencia millonaria depositada en cuentas suizas tras el fallecimiento de su padre.
Cuatro meses después de que Urdangarin enviase al funcionario fiscal todos los datos, el yerno del rey y la infanta Cristina adquirieron el palacete por 5,8 millones de euros, gracias a un crédito de La Caixa de cinco millones de euros, con cuatro años de carencia en el pago de intereses. Y poca carencia es si se tiene en cuenta que la infanta declaró en 2003 unos ingresos por rendimientos del trabajo de unos 150.000 euros (precisamente de La Caixa) y el duque de Palma apenas sumó 36.000. No extraña por tanto que para cuadrar ese "proyecto económico-financiero" hicieran falta verdaderos especialistas (en hipotecas, en impuestos y en el milagro de los panes y los peces). Y tampoco sorprende, a la vista de la generosidad de La Caixa, que Urdangarin se refiriese años después a su presidente, Isidro Fainé, como un "segundo padre".
Obligaciones y transparencias
Entre las obligaciones de todo ciudadano contribuyente es fundamental la de cumplir con el fisco.
Entre las obligaciones de un funcionario de Hacienda es prioritaria la de no asesorar a un señor o empresa particular, puesto que es posible que en cualquier momento sea necesario realizar una inspección tributaria al mismo señor o empresa, y no sería ético ni estético que uno terminara inspeccionando operaciones que uno mismo pudiera haber diseñado o sugerido o inspirado.
Manual para republicanos
Entre las obligaciones de un periodista es básica la de contrastar la información a la que accede. Entre los derechos que asisten a cualquier ciudadano está el de responder "no tengo nada que decir", como ha hecho Federico Rubio Carvajal, pese a que además de ciudadano sigue siendo a día de hoy funcionario de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda.
Y debería ser obligación de la Casa del Rey cumplir con esa máxima "transparencia" tan reiteradamente prometida. "No tenemos nada que decir sobre temas fiscales particulares", ha sido la respuesta de portavoces oficiales ante las aclaraciones solicitadas por infoLibre.
Está muy bien la precisión y claridad con la que el equipo médico y la casa real informan sobre la evolución de la cadera del rey. Lástima que no se practique la misma medicina con esos asuntos fiscales tan "particulares" que están en el juzgado por su relación con el uso indebido de dinero público.
Por ir al grano y sin rodeos: los delitos por los que está imputado el yerno del rey no habrían podido cometerse sin la ayuda, asesoramiento, visto bueno, mirada a un lado o permisividad total de unos cuantos cargos y funcionarios públicos. Tampoco las clamorosas irregularidades acumuladas. Hoy desvela infoLibre un nuevo ejemplo. Iñaki Urdangarin ordenó a su contable el 15 de junio de 2004 que enviara a un funcionario de Hacienda su "proyecto económico-financiero" para la compra de un palacete en Pedralbes. No hace falta estudiar en el IESE ni en ESADE ni en ICADE para saber que es irregular buscar asesoramiento privado de un funcionario en ejercicio. Y tampoco es preciso ser Sherlock Holmes para considerar sospechoso que ese funcionario de Hacienda sea el mismo que diez años antes se había encargado de cumplimentar la declaración de la renta del rey Juan Carlos, justo cuando este habría recibido una herencia millonaria depositada en cuentas suizas tras el fallecimiento de su padre.