La doctrina Gallardón sobre justicia universal no solo pretende liquidar cualquier posibilidad de que tribunales españoles investiguen y juzguen delitos de lesa humanidad, sino que ya tiene secuelas que afectan peligrosamente a otras parcelas de la administración de justicia. De momento ha provocado la puesta en libertad de 13 narcotraficantes que estaban encarcelados pendientes de juicio, a los que se sumarán varias decenas más. Así lo ha decidido el Pleno de la Audiencia Nacional por 13 votos contra 3 al estimar que el artículo 23 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial impide a España perseguir judicialmente a narcotraficantes extranjeros en aguas internacionales cuando viajen en barcos sin bandera española o no esté acreditado que los alijos de droga tengan como destino suelo español.
Lo que está ocurriendo es verdaderamente escandaloso y sugiere unas cuantas preguntas que a Gallardón le parecerán impertinentes.
- ¿Dónde se han metido los centenares de políticos y analistas que tanto se encendieron con la sentencia europea que tumbó la doctrina Parot y obligó a excarcelar a presos etarras y a violadores (tras haber cumplido sus condenas)?
- ¿Qué opina Federico Trillo, exresponsable jurídico del PP y actual embajador en Londres por la gracia de Rajoy? ¿Seguirá manteniendo aquellas soflamas que lanzaba cada mañana desde la radio episcopal cuando fue puesto en libertad el etarra De Juana Chaos (tras haber cumplido condena)?
- ¿A qué interés obede la vertiginosa urgencia de una reforma que no ha podido esperar siquiera los informes del Consejo de Estado o del propio CGPJ (si no vinculantes al menos estéticamente imprescindibles)?
- ¿Había que atender con premura, como sostienen fuentes bien informadas, los intereses económicos con China ('caso Tíbet') y de paso ceder a la presión de EEUU ('caso Couso') del mismo modo que en 2009 el Gobierno de Zapatero ya limitó la Justicia Universal tras la presión de Israel ('caso matanza de Gaza')?
- ¿Por qué Gallardón y la Fiscalía Antidroga se amparan en los tratados internacionales para sostener que España puede seguir persiguiendo a narcotraficantes en alta mar y sin embargo no aceptan lo que dicen los tratados internacionales (de rango superior a una ley nacional) sobre la persecución de los delitos de lesa humanidad (como son el genocidio del Tíbet, el asesinato de José Couso o las matanzas de Gaza)?
- ¿Sostiene Rajoy sobre la puesta en libertad de narcotraficantes lo que sostuvo sobre la excarcelación de terroristas y delincuentes tras la anulación de la doctrina Parot? (La diferencia es que ahora no se trata de acatar la sentencia de un tribunal europeo sino de una reforma legal decidida en solitario por el Partido Popular).
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- ¿No tiene nada que decirle a Gallardón la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que preside la reina Sofía y en cuyo patronato se sientan los más insignes representantes del Ibex-35 y los dueños de los grandes grupos de comunicación, sobre una reforma que supone la excarcelación de individuos que convierten España en el principal mercado de la droga y en la puerta de entrada al resto de Europa?
- ¿Es proporcional que un ministro de Justicia (Mariano Fernández Bermejo) tuviera que dimitir por cazar (en compañía del juez Garzón y de otras treinta personas) sin tener en regla la licencia administrativa de la comunidad autónoma correspondiente, y que tanto el PP como los numerosos medios de comunicación que exigieron aquella renuncia consideren ahora perfectamente normal decretar una reforma que supone la puesta en libertad de narcotraficantes detenidos con toneladas de droga?
Todo este disparate trae a la memoria la muy manida cita de Thomas de Quincey: “Pues si un hombre se deja tentar por un asesinato, poco después piensa que el robo no tiene importancia, y del robo pasa a la bebida y a no respetar los sábados, y de esto pasa a la negligencia de los modales y al abandono de sus deberes...” Si uno empieza por criminalizar a las mujeres que abortan y luego decide que no tiene sentido perseguir los genocidios, terminará quitando importancia a la excarcelación de narcotraficantes. Incluso acabará soltando algún taco o eructando en público.
La doctrina Gallardón sobre justicia universal no solo pretende liquidar cualquier posibilidad de que tribunales españoles investiguen y juzguen delitos de lesa humanidad, sino que ya tiene secuelas que afectan peligrosamente a otras parcelas de la administración de justicia. De momento ha provocado la puesta en libertad de 13 narcotraficantes que estaban encarcelados pendientes de juicio, a los que se sumarán varias decenas más. Así lo ha decidido el Pleno de la Audiencia Nacional por 13 votos contra 3 al estimar que el artículo 23 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial impide a España perseguir judicialmente a narcotraficantes extranjeros en aguas internacionales cuando viajen en barcos sin bandera española o no esté acreditado que los alijos de droga tengan como destino suelo español.