Históricamente los congresos socialistas siempre incluían un punto de debate referido a la política de alianzas, la discusión acerca de qué otras fuerzas políticas o sociales consideraba el PSOE más afines para llevar a cabo su política, es decir, el programa de reformas y de transformación social que en cada congreso se definía. Ese debate menguó mucho cuando Felipe González impuso el énfasis en el proyecto autónomo del PSOE, para evitar tener que someter a los delegados la política de alianzas y así poder pactar él libremente en cada momento, sin limitaciones o imposiciones internas, como de hecho hizo con los nacionalistas en lugar de con otras fuerzas políticas de la izquierda.
Pero ahora estamos asistiendo a una situación completamente nueva, el intento de imponerle al PSOE una política de alianzas desde fuera. Las fuerzas económicas y mediáticas, los bancos y empresas del Ibex 35, la mayoría de los medios de comunicación, incluido El País, y hasta el Partido Popular con Rajoy y Cospedal a la cabeza, proclaman al unísono las bondades de una gran coalición en España, intentando forzar a los socialistas a un pacto electoral PP-PSOE que pare, se dice, la subida de Podemos.
La propuesta, incluso la campaña, no es evidentemente desinteresada. El panorama político en España está cambiando aceleradamente y todas las encuestas muestran de forma bastante coincidente que en este momento hay tres fuerzas políticas que oscilan entre el 20 y el 30% en intención de voto, PSOE, PP y Podemos, apareciendo como fuerza mayoritaria una u otra según cada encuesta.
La primera consecuencia de este panorama es clara: el PP va a perder el poder, primero en las principales ciudades y autonomías, y poco más tarde el Gobierno central. No sólo va a quedarse sin la mayoría absoluta con la que actualmente impone sus recortes, sino que ni siquiera obtendrá una mayoría suficiente para poder gobernar con otras fuerzas más afines, o buscando distintos apoyos parlamentarios según los temas. Y la segunda consecuencia es que la clave de la futura gobernación en España, y en la mayoría de ayuntamientos y comunidades autónomas, la va a tener el Partido Socialista. Más aún, será el PSOE el que decida con quién o con qué apoyos gobierna, si con los del PP o los de otras fuerzas de la izquierda parlamentaria.
De ahí los esfuerzos mediáticos y económicos para que los socialistas optemos por la gran coalición. Su objetivo, se proclama, es la estabilidad, pero hay que preguntarse qué estabilidad es la que quieren mantener. ¿La del modelo imperante de capitalismo global financiero? ¿La de los recortes en los derechos de los trabajadores y en el estado de bienestar? ¿La de una reforma fiscal que favorece escandalosamente a los que más tienen? ¿La del incremento insoportable de la desigualdad social? El modelo neoliberal se ha basado siempre en que los ricos han de serlo más para poder invertir y crear empleos, y los parados y pobres han de serlo también más para aceptar cualquier puesto de trabajo. Aunque posiblemente esos promotores de un acuerdo PP-PSOE estarían dispuestos a aceptar algunas concesiones puntuales, como en Alemania, siempre que se sigan garantizando las bases del modelo, con las reformas-recortes ya realizadas.
Una tal propuesta dicha por boca de Rajoy o Cospedal muestra además la peor cara de la política del miedo, como un intento de mantenerse ellos mismos en el poder aunque pierdan las elecciones, quizás también para tapar la corrupción que les abrasa. Y una trampa mortal para el Partido Socialista como partido que defiende los intereses de la mayoría, de trabajadores y capas medias de la sociedad, frente a los poderosos.
El nuevo secretario general del PSOE no sólo ha rechazado un pacto de esa naturaleza, sino que sus decisiones políticas van todas en la dirección contraria: su negativa a votar a Juncker como presidente de la Comisión Europea, a pesar de la posición de otros socialistas europeos; su rechazo a alcanzar con el PP un pacto contra la corrupción; su distanciamiento cada vez más nítido de algunas manifestaciones de la deriva neoliberal anterior, como es su propuesta de modificación del artículo 135 de la Constitución, reconociendo valientemente que fue un error.
La izquierda del socialismo siempre ha defendido que el PSOE debía buscar entendimientos con las demás fuerzas políticas y sociales de izquierda para desde ahí abrirse al centro, que un programa de cambio y de reformas socialdemócratas no puede llevarse adelante con quienes se resisten a ese cambio y que para esa tarea es esencial potenciar el papel de los sindicatos. Salvo la reforma de la constitución, que ésta sí debe hacerse con todas las fuerzas políticas, incluido el PP. Me atrevo a afirmar que hoy esta posición es mayoritaria en el seno del PSOE.
¿Y eso qué significa en el corto y medio plazo? Fundamentalmente que el partido socialista debe ser el adalid de la lucha por la igualdad social, del fortalecimiento del estado de bienestar con recuperación de lo recortado por la derecha gobernante, revirtiendo la reforma laboral con la recuperación de los derechos de los trabajadores y el papel de la negociación colectiva, retomando así la confianza de sus antiguos electores. En definitiva, continuando siendo el partido hegemónico de la izquierda española.
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Pero también significa que Podemos y otras fuerzas emergentes han de clarificar su discurso político, explicando si quieren ser partidos recoge votos en todos los caladeros posibles, un partido de centro, o una fuerza de izquierda, pues eso es lo que significaría sin duda ser un partido que defiende a los de abajo frente a los de arriba. Como también han de aclarar si quieren jugar el papel que jugó Beppe Grillo en Italia cuando en 2013 obtuvo el 25% de los votos pero se negó a pactar con el Partido Democrático, hasta que algunos de sus parlamentarios rompieron la disciplina de voto y apoyaron a la izquierda frente a Berlusconi. Aquella negativa le ha supuesto ya un coste político en las elecciones europeas, generando la imagen de un partido puramente coyuntural.
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Manuel de la Rocha Rubí es diputado del PSOE por la provincia de Madrid.
Históricamente los congresos socialistas siempre incluían un punto de debate referido a la política de alianzas, la discusión acerca de qué otras fuerzas políticas o sociales consideraba el PSOE más afines para llevar a cabo su política, es decir, el programa de reformas y de transformación social que en cada congreso se definía. Ese debate menguó mucho cuando Felipe González impuso el énfasis en el proyecto autónomo del PSOE, para evitar tener que someter a los delegados la política de alianzas y así poder pactar él libremente en cada momento, sin limitaciones o imposiciones internas, como de hecho hizo con los nacionalistas en lugar de con otras fuerzas políticas de la izquierda.