La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido al personal que se aleje del “trazo grueso” en las declaraciones sobre el aborto, “porque es un debate –ha dicho– en el que se mezclan muchas cosas y muchas opiniones”. Obvio. En eso consiste un debate, en la contraposición de datos, argumentos y opiniones. Lo que intenta esquivar la vicepresidenta es precisamente el trazo más grueso de este asunto: el hecho de que el debate surge por la decisión del Gobierno, a través del ministro de Justicia, de retroceder a la legislación de 1985 en materia de interrupción del embarazo.
Puede que se trate de la segunda de las conocidas “Diez estrategias de manipulación mediática” identificadas por el lingüista y filósofo Noam Chomsky: “Crear problemas y después ofrecer soluciones”. Primero se sitúan los focos sobre un supuesto problema, exista o no, con el fin de provocar una reacción social, a la cual se ofrece luego una “solución” para el problema creado.
No existía en España una inquietud generalizada por la legislación de plazos sobre el aborto aprobada en la anterior legislatura. Iba en la línea de la que regula el derecho a la interrupción del embarazo en la mayoría de los países avanzados. Pero el PP, en su estrategia para acceder al poder en 2011, no se conformó con el harakiri que el propio Gobierno socialista se hizo en materia de política económica. Mariano Rajoy en persona anunció que cuando llegara al Gobierno no sólo solucionaría el paro sino que también eliminaría la asignatura de Educación para la Ciudadanía o derogaría la Ley del Aborto. Se trataba de captar el voto centrista de los cabreados o decepcionados con Zapatero y también de los sectores más ultraconservadores, jaleados desde la Iglesia católica sin descanso. En expresión castiza del Lazarillo de Tormes, “maldita la gota que se desperdicie”.
Quién ha creado el debate
Aunque el programa electoral del PP fue en materia de aborto tan ambiguo como en otras muchas, lo cierto es que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, no perdió un minuto en desprenderse de ese aura supuestamente progresista del que presumió durante años, con la ayuda inestimable del grupo Prisa. Fue llegar al Gobierno e intentar ir siempre un par de pasos por delante a la hora de proponer las leyes más reaccionarias del Ejecutivo, como si quisiera ganarse el aplauso de quienes desconfiaban de su pedigrí conservador.
Sorprende (o no tanto) que ahora la vicepresidenta o Mariano Rajoy pretendan “poner calma” en el debate sobre el aborto. Quien lo ha azuzado trabaja a sus órdenes. Quizás en su día no esperaban que la reacción social ante el recorte de derechos a la mujer o la vuelta a la criminalización de los médicos fuera tan intensa como hoy lo es. Que algunos sectores del propio PP, aunque lo digan en voz baja, no comulgan con medidas inspiradas por la Iglesia o por el Opus Dei, tampoco es nuevo.
Así que hay más motivos para pensar en la inspiración definida por Chomsky que en casualidades o sorpresas. Primero se anuncia que se impedirá el aborto en menores sin autorización de los padres; después que se anulará la ley de plazos; luego que ni siquiera la malformación del feto permitirá el aborto legal... Y ahora reclama la vicepresidenta “más sensibilidad” y un “debate sereno, con argumentos jurídicos y serios”. Nada de comparar el aborto con el nazismo. O decir que las mujeres que más abortan son las que tienen menos estudios. ¡Por favor! Seamos serios. Una vez creado el debate, o sea el problema, es la hora de soluciones “sensatas”.
Queda abierta una incógnita similar a la del aplazamiento de la ley Wert. Tras el debate provocado y la sonora respuesta social, habrá que comprobar en qué quedan unas reformas que quizás pretendan colarse como sensatas o moderadas rebajando simplemente alguno de los puntos más extremos.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido al personal que se aleje del “trazo grueso” en las declaraciones sobre el aborto, “porque es un debate –ha dicho– en el que se mezclan muchas cosas y muchas opiniones”. Obvio. En eso consiste un debate, en la contraposición de datos, argumentos y opiniones. Lo que intenta esquivar la vicepresidenta es precisamente el trazo más grueso de este asunto: el hecho de que el debate surge por la decisión del Gobierno, a través del ministro de Justicia, de retroceder a la legislación de 1985 en materia de interrupción del embarazo.