Esta semana hemos verbalizado una pregunta tabú: ¿Tiene sesgo ideológico la Policía? La lanzó Pablo Iglesias al debate público refiriéndose a los antidisturbios aunque ya andábamos dándole vueltas hace tiempo. La cuestión apunta a tres escenarios simultáneos. Las cargas contra los trabajadores de Cádiz, esa polémica tanqueta militar en barrios residenciales, los pelotazos de goma en cada jornada de huelga del metal; la constatación de que los antidisturbios cargan a menudo del mismo lado; y la convocatoria de una manifestación policial contra el Gobierno por la ‘Ley mordaza’.
Tenía intención en esta columna de hacer un ‘democracia para policías’ sobre por qué la reforma de la ley nos devuelve las garantías del Estado de Derecho, por qué es bueno grabar actuaciones policiales, cómo la ley nació con Rajoy para reprimir un ciclo de protestas o por qué el exceso de antidisturbios en este otoño caliente no soluciona nada. Para sorpresa propia, cada guardia civil y policía a los que preguntaba por sus argumentos saltaba enseguida a un tema más capital, más peligroso, más oculto. Como si la noticia estuviera detrás de los comunicados y las declaraciones. Como si necesitaran que otros contaran lo que no pueden.
Lo observamos desde fuera y lo confirman desde dentro. Hay una corriente radicalizada dentro de la Policía y la Guardia Civil, organizada en torno al Jusapol, Jupol y Jucil, cuyo fin no es mejorar las condiciones laborales de los agentes sino crear una corriente contra el Gobierno, caldear la calle, permear y polarizar desde dentro las instituciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Una fuerza que está arrastrando al resto de asociaciones y sindicatos policiales. No es solo una observación periodística, o una inquietud del ministerio del Interior, es lo que trasladan off the record numerosos agentes. Lo ultra está calando en sectores policiales y los primeros preocupados son ellos.
Hablan de una estrategia de comunicación pero también interna, perfectamente diseñada, que va socavando la neutralidad política a la que se deben. Que les coloca en manifestaciones con los líderes del PP y VOX a sabiendas del daño que causa al deber de objetividad y despolitización de los agentes. Por lo pronto, si fuera por el resto de colectivos, la manifestación bajo la plataforma y el lema “No a la España insegura” no se habría convocado en este momento. La ley mordaza ni siquiera ha llegado al Congreso. Y precisamente por el afán legítimo de barrer para casa, los sindicatos policiales tradicionales tienden a negociar las enmiendas en la mesa del ministro del Interior antes de echarse a la calle.
Creen además que no será la única manifestación, sino la primera de una hoja de ruta dirigida al resto de la legislatura. Las movilizaciones son contra Fernando Grande-Marlaska y Pedro Sánchez y, tal vez por eso, numerosos colectivos policiales aseguran que el Gobierno les tiene miedo a la hora de frenar ciertas actuaciones irregulares: mienten en los medios, difunden bulos, insultan y amedrentan a otros policías que no comulgan con ellos. A muchos de sus agentes les han sancionado por extralimitarse en declaraciones en público, llevar uniforme a una protesta o nimiedades que les han costado un expediente. Sin embargo, desde la colonización de VOX a la asociación-movimiento Jusapol, ven cómo estos mismos agentes vulneran el reglamento y no pasa nada. No les aplican el código militar, pero tampoco reciben la amonestación que tendría cualquier ciudadano.
Hay una corriente radicalizada dentro de la Policía y la Guardia Civil, organizada en torno al Jusapol, Jupol y Jucil, cuyo fin no es mejorar las condiciones laborales de los agentes sino crear una corriente contra el Gobierno
Todavía recuerdan cómo Jusapol convocó un ‘Rodea el congreso’ que acabó en asalto. Rompieron un cordón policial, lanzaron botes de humo, quemaron un arsenal de petardos y bengalas en las escalinatas de los leones, persiguieron a diputados que tuvieron que salir por la puerta de atrás abucheados por unos agentes enmascarados con caretas de anonymous y arroparon al líder de VOX Javier Ortega-Smith en medio de un espectáculo policial dantesco. Ni una sanción, ni una recriminación a la directiva de Jusapol por organizar aquel desmadre. Y esto, a pesar de que miembros históricos de los sindicatos recriminaron a la Dirección General que permitieran actuaciones más propias del vandalismo. Se anunciaron expedientes, nunca llegaron.
La preocupación interna es real y afecta al día a día. Hay agentes que cuentan cómo antes nunca hablaban de política (la neutralidad es una máxima deontológica pero saltársela también es falta muy grave en el reglamento). Ahora, en las patrullas de servicio o las guardias escuchan conversaciones que reproducen los mensajes y la agresividad de los chats y discursos de Jucil, Jupol o VOX. Un lenguaje radicalizado que va del “atentan contra nosotros, quieren una policía bananera, nos venden, nos engañan” y que se traslada a algo más grave: la reproducción de expresiones xenófobas o misóginas durante el servicio.
La pregunta lógica es por qué desde los colectivos y sindicatos policiales no lo denuncian en público. La respuesta es fácil: para no desangrarse en afiliaciones. Las dos mayoritarias, AUGC y SUP, perdieron miles de afiliados cuando los brazos de Jucil y Jupol se presentaron al Consejo y arrasaron en las elecciones internas. Por eso tantos agentes apuntan a la responsabilidad de Fernando Grande-Marlaska y reprochan que no haya recibido a los sindicatos en dos años, porque el ministro es el único que puede poner remedio a los excesos.
El relato es inquietante y la solución no es fácil. Cómo detectar y erradicar la posible radicalización de agentes de la policía es un escenario nuevo. Hay quienes incluso reflexionan sobre qué está fallando en la admisión y entrada al cuerpo, sobre cómo pueden pasar las pruebas psicológicas jóvenes de marcado perfil ultra. Pero tienen razón, si está ocurriendo, el ministerio del Interior es quien tiene que afrontar un reto inédito hasta ahora.
La manifestación ‘No a una España insegura’, con todas las estadísticas de seguridad en contra, podrá parecer un éxito aunque no lo sea. El PP ha entrado en una dinámica del todo vale capaz de jugar con la estabilidad del país por rédito electoral en su competición con VOX. Perdida toda esperanza de moderación a corto plazo de la derecha, el día de después de la manifestación alguien tendrá que abordar lo que tantos agentes cuentan off the record y está ocurriendo a la vista de todos. Cualquier mínimo desliz ultra dentro de la policía, cualquiera que lo aliente, supone una amenaza para todos. Y de poco servirá derogar la ley mordaza si esta corriente existe.
Esta semana hemos verbalizado una pregunta tabú: ¿Tiene sesgo ideológico la Policía? La lanzó Pablo Iglesias al debate público refiriéndose a los antidisturbios aunque ya andábamos dándole vueltas hace tiempo. La cuestión apunta a tres escenarios simultáneos. Las cargas contra los trabajadores de Cádiz, esa polémica tanqueta militar en barrios residenciales, los pelotazos de goma en cada jornada de huelga del metal; la constatación de que los antidisturbios cargan a menudo del mismo lado; y la convocatoria de una manifestación policial contra el Gobierno por la ‘Ley mordaza’.