Lo que parecía un día fatídico para el Gobierno se ha convertido en un alivio general. Una jornada agónica para el PSOE después de que Junts decidiera tirar la amnistía sirvió para saber dónde están los límites. Pero también para escuchar las razones de quienes defendieron la ley en el debate del Pleno. La virtud del Parlamento pasa por cómo una iniciativa sirve de conversación colectiva, de escucha global, que expone las razones políticas y sentimentales de todos los actores. Quienes la defendieron pusieron motivos más allá de ‘la ley por unos votos’. Y el fracaso en que convirtió Junts la votación para la coalición es hoy el suyo.
Las contradicciones de Junts se han puesto más en evidencia al tumbar la amnistía porque, de tanto buscar el foco, se han quedado solos. La fotografía de la votación ha sido un PP y un Vox celebrándolo, llamándoles delincuentes por los pasillos de la Cámara, y la frustración y el cabreo de todos los que se están dejando mucho en la gatera mientras los de Puigdemont no hacen un solo gesto. No es Junts contra el PSOE, es Puigdemont y su relación tóxica con el resto de partidos, catalanes, vascos y nacionales, de ERC al PSOE, pasando por todos los demás. El debate demostró el consenso con un texto sólido, del que hasta los juristas conservadores reconocen la buena articulación del preámbulo. Un desafío constitucional, inédito en democracia, que debe pasar los filtros del Tribunal Constitucional y los tribunales europeos. Pero también y necesariamente por cierto consenso social.
El problema del Gobierno es evidente, se juega la gobernabilidad. Junts se juega la existencia. Son quinta fuerza en Cataluña y si ya era incomprensible ‘para qué servían’ antes del 23J, tumbar la ley definitivamente hará mucho más difícil con sus votantes saber para qué sirven. Y abren la posibilidad de que haya un reseteo del procés sin ellos. Tras su rechazo a la amnistía ha surgido la pregunta de qué incentivos tienen para apoyar a Pedro Sánchez. La pregunta es a la inversa, qué incentivos tienen para hacer caer el Gobierno. Ninguna encuesta da al PP un gobierno en solitario y necesitaría los apoyos de Vox. El PNV ya votó ‘no’ a esta opción y ha vuelto a alertar de elegir entre la coalición actual o la ultraderecha. Si Junts quiere jugar con el PP, Vox está en la ecuación. Los de Abascal piden su ilegalización y hacen muñecos de Puigdemont para mantearlo o colgarlo en las algaradas callejeras. Es más, en su escala de odios, el expresidente catalán encabeza la lista.
Tras su rechazo a la amnistía ha surgido la pregunta de qué incentivos tienen para apoyar a Pedro Sánchez. La pregunta es a la inversa, qué incentivos tienen para hacer caer el Gobierno
Si Junts quiere volver a la política, necesita cambiar de pantalla. La amnistía no depende solo del texto que se apruebe, sino del clima y el apoyo social que suscite. La ‘base moral’ y ‘razón política’ de la que tanto se ha hablado. Si quiere aprobarla, solo tiene que votarla en el Congreso. Pero si quiere facilitar su aplicación, la política de extorsionar al otro, sacar músculo amenazando con acabar con la legislatura no es lo más inteligente. La ley no pasa solo por los jueces Manuel García-Castellón y Joaquim Aguirre, del terrorismo a la trama rusa. Debe aplicarse en cientos de juzgados para centenares de afectados por el procés, cuyos jueces deben tener la sensación compartida por muchos votantes progresistas: la amnistía solo gusta como mal menor, por la oportunidad de pasar página.
Junts mantiene la actitud de mirar a todos los partidos, por extensión a la ciudadanía, como el ‘enemigo a batir’. Se puede seguir siendo independentista y defender un referéndum, pero no se puede odiar a todos, todo el tiempo. Mantener el ‘no estamos aquí por ustedes’ de Miriam Nogueras es un desprecio innecesario, una falta de empatía con la convivencia incomprensible y una crueldad con las necesidades de los ciudadanos que necesitan el buen funcionamiento de la política para vivir —de manera literal—.
El Gobierno necesitaba parar el arrastre al que estaba llevando Junts el texto de la amnistía. No cabe desplegar todo el Código Penal dentro de una ley para que abarque todo. Y ya va forzado al Constitucional y a Europa. El pánico de Junts a la carrera de determinados jueces es comprensible pero incompatible con ir modificando la ley según aparecen nuevas acusaciones. El sistema judicial funciona a largo plazo. Las nuevas imputaciones que pretenden parar la ley pueden ser avaladas por el Supremo pero acabarán haciendo aguas. Si son endebles, la amnistía se impondrá a las acusaciones sin fuste. En ese escenario, el triunfo para Carles Puigdemont podría ser doble, amnistía como hito independentista y despejar de una vez el fantasma del terrorismo y la trama rusa.
Pero no se puede tener todo y es imposible una ley de amnistía sin riesgos. Carles Puigdemont quiere que le devuelva a 2018, cuando fue elegido presidente de Cataluña, pero es 2023, sabemos el destrozo del que venimos, y toda amnistía tiene escollos. Junts ha tumbado la ley porque no blinda a Carles Puigdemont. Es cierto, pero sí libra a cientos de catalanes atrapados en causas judiciales desde hace años. El Gobierno necesita sus votos para sacar adelante la legislatura. Por mucho que la relación sea radioactiva, Junts necesita decidir dónde quiere quedarse.
Lo que parecía un día fatídico para el Gobierno se ha convertido en un alivio general. Una jornada agónica para el PSOE después de que Junts decidiera tirar la amnistía sirvió para saber dónde están los límites. Pero también para escuchar las razones de quienes defendieron la ley en el debate del Pleno. La virtud del Parlamento pasa por cómo una iniciativa sirve de conversación colectiva, de escucha global, que expone las razones políticas y sentimentales de todos los actores. Quienes la defendieron pusieron motivos más allá de ‘la ley por unos votos’. Y el fracaso en que convirtió Junts la votación para la coalición es hoy el suyo.