Ley del 'sí es sí' y la necesidad urgente de reparar el daño
La política impulsa las leyes y no legisla igual un gobierno que otro. Esta evidencia no exime de la importancia crucial de que una norma esté bien hecha. Cuando tienen brechas, cuando carecemos de ellas o no están bien armadas, el resultado es un escenario de injusticia o impunidad. Hay quien recrimina que las leyes sean ideológicas ¿Es ideología proteger a las mujeres? Ahí está VOX negando la violencia de género. ¿Es ideología defender la ley? El PP y VOX votaron en contra ¿Es ideología la ley trans? Más de lo mismo. Hay pocas leyes con las que avancemos tanto en derechos civiles como las impulsadas desde el Ministerio de Igualdad. De ahí la profunda frustración del vacío recién descubierto en la ley del ‘sí es sí'.
Al cierre de esta columna, han pasado 24 horas desde que se ha conocido la primera rebaja de condena a un violador con la nueva norma. Ya van más de 15. Lo siguiente son revisiones en cascada. Numerosos jueces y juezas consultadas coinciden: hay poco que hacer para frenar los recursos presentados. La ley reduce el castigo cuando no existen agravantes. Se trata de aplicar un cuadro de penas que incluye menos años para algunos tipos penales y los casos que encajen se rebajarán. Estiman que la avalancha se contará por decenas. En Madrid, la Audiencia Provincial acumula el 18% de las causas judiciales. Las segundas en número son las agresiones sexuales, con un mínimo de una y dos denuncias por semana. La gran mayoría de condenas de agresores sexuales no se modificarán, pero el agujero está ahí y el daño está hecho.
Hay pocas leyes con las que avancemos tanto en derechos civiles como las impulsadas desde el Ministerio de Igualdad. De ahí la profunda frustración del vacío recién descubierto en la ley del ‘sí es sí’
La rebaja de condenas genera alarma y desazón social en un asunto tan doloroso como ver a los violadores y agresores condenados disfrutando de las rebajas contempladas en la ley. La principal responsabilidad del Ministerio de Igualdad era salir inmediatamente a explicar las razones que permiten las revisiones. Si realmente la traslación del Convenio de Estambul implica aminorar unas penas para aumentar e incluir otras. O si directamente no escucharon los distintos avisos. Acusar a los jueces de ser “fachas con togas”, apelar a la imperiosa necesidad de educación de género en la judicatura, en estos momentos es una huida hacia delante. La negación de la realidad genera desconfianza e inseguridad de las víctimas y de la sociedad.
La campaña desde distintos sectores contra Irene Montero ha sido brutal. Ha sufrido el acoso en su domicilio durante meses con tres niños pequeños, insultos en las redes, una causa judicial por dejar a su bebé de meses en brazos de una asesora durante un mitin, portadas y horas de tertulias con un viaje oficial a Nueva York con bastante más agenda de la que llevó Isabel Díaz Ayuso meses antes, pagado también con dinero público. Mismo selfie, distintos insultos. Y así podríamos rellenar otra columna.
Los ataques a Igualdad y a su ministra, constantes desde que José Luis Rodriguez Zapatero lo creó, no pueden mermar la obligación del ministerio para responsabilizarse y explicar unas consecuencias que no se buscaron pero están ahí. Los ataques no pueden arrastrar a Irene Montero a una dinámica de falta de comunicación de su acción política y una actitud defensiva con parte del movimiento feminista, con sus representantes, con Yolanda Díaz y con la coalición de Gobierno.
Las leyes que está impulsando son imprescindibles y la resistencia de una cultura machista centenaria es innegable. Por eso cualquier error empaña una labor titánica. Han sido valientes azuzando los plazos que de lo contrario habrían eternizado la tramitación del ‘solo sí es sí’ o la ley Trans. Pero siendo objetivos, en Igualdad no son las únicas responsables de las rebajas de las condenas. En los dos años largos de tramitación, la norma pasó dos veces por el Consejo de ministros, por el Ministerio de Justicia y el trámite parlamentario donde diez partidos votaron a favor. ERC presentó alegaciones, pero las defendió con bastante menos ímpetu que la modificación del delito de malversación. El Consejo General del Poder Judicial, según su comunicado, no advirtió sobre rebajar las penas mínimas. Lo hizo sobre las máximas, que no se han tocado. Tampoco explicitaron la necesidad de introducir una disposición transitoria.
A estas alturas, hay consenso sobre que un cambio de la ley no frenaría la rebaja de penas. ¿Qué hacer entonces? ¿Pueden frenarlo el Tribunal Supremo y la Fiscalía General? Hay juristas que señalan que es interpretable y no es automático. Consiste en aplicar la Disposición Transitoria 5ª del Código Penal que indica que la ley posterior no será más favorable (por lo que no se aplicará y no habrá reducción) si con ella se puede condenar a la misma pena anterior. Una interpretación posible, aunque la jurisprudencia ha mostrado matices interpretativos en la aplicación sobre cada caso concreto.
En lo inmediato, mientras seguimos con las lecturas y análisis políticos de lo ocurrido, la judicatura debe saber leer la alarma social y buscar el camino para restablecer el daño. Cuando la aplicación de una norma tiene el efecto contrario, si decenas de mujeres se ven obligadas a ver a sus violadores celebrando la rebaja de sus condenas, hay que corregirlo de manera inmediata.
