Malversación, una línea roja
La reforma de la malversación ni se había congelado ni tenía puesto el freno. Estaba tapada en los plazos del Congreso para distracción de todos. Un tema crucial que despierta del sueño inducido durante la celebración de la Constitución en pleno puente. Se está construyendo el debate sobre premisas falsas. En este caso, el derecho comparado, la homologación con Europa, es una trampa. La malversación no genera ninguna duda en su aplicación. No hay políticos inocentes en la cárcel por un delito mal definido. No hay jueces ni fiscales que denuncien la difícil interpretación penal. No hay recelos en Europa cuando se piden órdenes de detención por este delito. No hay clamor social ni necesidad penal para modificarlo. Al revés, la alarma en la sociedad fue anterior a la reforma penal de 2015, cuando la impunidad y la corrupción habían campado a sus anchas y comenzaron a abrirse numerosos procesos judiciales. El delito es meridiano. Si un alto cargo o funcionario hace un mal uso de fondos públicos está malversando. Si se lo lleva al bolsillo, es un agravante de la malversación. Volver a poner el ánimo de lucro como centro del delito, como apunta Pedro Sánchez, supone alterar la esencia del propio delito. Abrir un espacio de impunidad en la gestión de lo público.
La malversación no genera ninguna duda en su aplicación. No hay políticos inocentes en la cárcel por un delito mal definido
Ahora muchos no lo reconocen, pero la sedición generó dudas entre juristas progresistas y conservadores sobre cómo aplicar la rebelión y la sedición en un asalto posmoderno. El procés no fueron meros desórdenes públicos y tampoco un golpe de Estado al uso. En ese interregnum se abrió un debate interesantísimo sobre cómo juzgar los procesos separatistas del siglo XXI. Y tanto en la propuesta política del ejecutivo con Cataluña como en el encaje europeo tiene sentido la conversación e incluso la reforma. Sobre la malversación, no hay encaje posible. Ni para juristas, ni expertos. Ni en lo penal, ni en lo social.
El delito de malversación no existe para castigar el enriquecimiento ilegal, si no el mal uso y funcionamiento de los servicios públicos. Es la forma que tiene el Código Penal de proteger que el dinero de todos se dedique a lo que debe. Eliminarlo, acotarlo a ‘llevárselo al bolsillo’ o al de terceros, puede generar una falta de control total y absoluto sobre lo público, como apuntan expertos que han instruido macrocausas de corrupción. Si un funcionario decide gastarse el dinero de las guarderías en conciertos antes de las elecciones, quedará impune. Si se lo gasta en fiestas, también. Una grieta para los corruptos del futuro donde sólo será condenable el dinero ilícito en una cuenta corriente. Que, por otro lado, no es fácil de encontrar. Por no mencionar el difícil encaje de una reforma sin que los condenados revisen sus penas.
La década de 2009 a 2019 se escribió en los juzgados con la malversación. Hay infinidad de causas, decenas de condenados, que no se lo llevaron pero formaban parte de sus respectivas ‘famiglias’. Sabemos cómo funcionaba. El PP reformó el delito en 2015 para bien, pero también dejó una buena serie de Episodios Nacionales. Hay un intangible en la corrupción y es el reparto de los criterios clientelares. Los volquetes de…, las juergas, los favores. Los sumarios están llenos de alcaldes de Esperanza Aguirre —la política con más imputados en sus listas— en la crónica negra de las corruptelas municipales a costa de todos y en los bolsillos de nadie. Un puñado cobrarán bajo cuerda. El resto, el concejal de turno, el interventor, el arquitecto, el funcionario, el amigo… eran la cohorte de pelotas que mantenían su puesto y el partido sobre una lógica clientelar en versión castiza, casposa y cutre. La trama Gürtel , Lezo, Púnica, los ERE… , están llenas de cargos de medio pelo imputados por malversación. Algunos se lo llevaron, otros no, pero todos colaboran en mantener un sistema que machacó a la competencia, erosionó las instituciones y puso en jaque la confianza en la democracia.
La corrupción es demasiado escurridiza para suavizar y matizar delitos imprescindibles para la acción de jueces y fiscales. El cohecho, el tráfico de influencias, la falsedad documental, la malversación, el blanqueo… cada tipo penal es un puntal que nos protege y salvaguarda lo público en un país con una historia negra donde el nepotismo ha ido de arriba a abajo.
Más allá del error judicial, hay otro en lo político. El relato se rompe con la reforma de la malversación. Los indultos y la sedición son parte de la propuesta política del ejecutivo en Cataluña. La decisión del gobierno para reparar el daño social causado por el procés. Con todas las resistencias y opiniones en contra, es una obligación de la política: ofrecer soluciones, tender puentes. Lo fácil es la opción del PP, que trabajen los jueces. Pero tocar un delito de corrupción no estaba en el programa. Colarlo en forma de enmienda de ERC a cambio de apoyar unos presupuestos, mucho menos. Y esto no parece una propuesta política, sino un trueque con un material tan delicado como la lucha contra la corrupción. La bandera que llevó a Sanchez al gobierno, el ADN social del que nació Podemos.
Si el ejecutivo considera que deben librarse los procesados de ERC, Junts y José Antonio Griñán, hay otras vías. Es lícito tachar de injusta la condena a Griñán, los votos particulares de dos jueces también pusieron a caldo la sentencia. De hecho, es el único alto cargo con el dudoso honor de estar condenado por malversación sin haber asignado las partidas presupuestarias. Para eso el gobierno tiene el indulto, la valentía de defender una decisión si le parece injusta y esperar a las urnas. La reforma del Código Penal ad hoc, atada a los presupuestos, resquebraja el relato. La fórmula para reparar y bajar la tensión en Cataluña sin provocar un daño similar en otros no es fácil. Pero en el equilibrio está la virtud de la política. Y en los errores, la frustración social. Las urnas medirán el acierto o el destrozo.
