Una de las promesas recurrentes de Pedro Sánchez mientras estuvo en la oposición fue que, en caso de llegar al gobierno, derogaría de forma urgente la reforma laboral de 2012 aprobada por el PP de Mariano Rajoy, reforma que, recuérdese, abarataba el coste del despido y socavaba la posición del trabajador en la negociación colectiva, contribuyendo así a la creciente precarización de los trabajadores, sobre todo los jóvenes, además de favorecer una mayor flexibilidad salarial.
La promesa de derogar la reforma laboral apareció en numerosas intervenciones del secretario general socialista, incluyendo el debate electoral de 2015 con Mariano Rajoy. También constaba en el programa electoral elaborado para las elecciones de 2016.
Una vez en el poder, tras la moción de censura de junio de 2018, el Gobierno de Sánchez fue dando largas sobre el asunto, alegando que su debilidad parlamentaria le impedía ir todo lo lejos que deseaba. Sin embargo, parece que las razones para abandonar el compromiso adoptado iban más allá del número de escaños, pues en el programa electoral para las elecciones del 28-A ya no figura como tal la derogación de la reforma laboral. En dicho programa, la nueva fórmula es considerablemente más ambigua: “Aprobaremos los cambios que eliminen los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012. Elaboraremos un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el Siglo XXI que se adapte a los cambios sociales, económicos y tecnológicos del mundo actual, y que compagine la competitividad empresarial con la defensa de los derechos laborales.”
Las declaraciones de la semana pasada de Nadia Calviño, la ministra de Economía, han confirmado que no habrá derogación y que, tal como anuncia el programa electoral, se procederá a negociar con empresarios, sindicatos y otras fuerzas políticas un nuevo Estatuto de los Trabajadores, de cuyos contenidos o líneas maestras poco se sabe por el momento.
Las dificultades del PSOE con la regulación del mercado de trabajo recuerdan a las que tiene el PP en materia de derechos civiles: el PP se opuso a la regulación del aborto aprobada por el PSOE en dos ocasiones, en 1985 con la ley de supuestos y en 2010 con la ley de plazos; sin embargo, cuando la derecha se hizo con el gobierno, renunció a deshacer lo aprobado por el PSOE en épocas pasadas. A pesar de la mayoría absoluta de la que disfrutó el PP entre 2000 y 2004 y entre 2012 y 2015, no quiso modificar la ley socialista.
¿Qué le impide al PP revocar la ley del aborto del PSOE o al PSOE la reforma laboral del PP? En el caso del aborto, es evidente que la opinión pública está abrumadoramente en contra de una reforma regresiva (con la única excepción de la gente con fuertes convicciones católicas). En el caso de la reforma laboral, las cosas son algo más complejas, pues no hay indicios de un consenso social claro. La debilidad del PSOE en este ámbito tiene más que ver con el tipo de sistema productivo que tenemos y con la Unión Europea, que viene exigiendo a España y a otros países mediterráneos desde hace décadas una siempre mayor desregulación del mercado de trabajo, de manera que estos países converjan con el típico mercado laboral liberal de los países anglosajones. Con amplios sectores laborales de baja cualificación y bajo valor añadido, muchos empresarios tienen interés en institucionalizar la precarización y los bajos salarios.
El paralelismo con Portugal es interesante. El Gobierno de Costa ha subido el salario mínimo de 500 a 600 euros a lo largo de la legislatura y ha corregido algunos excesos en los contratos temporales, pero no ha revertido las medidas impuestas por la troika en los peores años de la crisis que debilitan el sistema de negociación colectiva.
Probablemente el PSOE haga algo muy parecido: subidas del salario mínimo (como ya hizo durante sus primeros meses de gobierno), medidas para evitar las situaciones más abusivas con los trabajadores más débiles, pero mantenimiento de un marco institucional que da mayor poder al capital frente al trabajo.
Podemos avisa al PSOE de que la derogación de la reforma laboral es condición necesaria para un acuerdo de gobierno
El sistema socialdemócrata de la época de la posguerra se basaba en sindicatos poderosos y fuerte centralización de las negociaciones salariales. De hecho, esto era tan o más importante que la fortuna electoral de los partidos socialdemócratas. En los 1950s y 1960s, los socialdemócratas apenas gobernaron en países fundamentales como Alemania, Francia e Italia, pero el tipo de economía dominante, con sindicatos y negociación colectiva, permitió que la desigualdad se mantuviese dentro de unos límites.
Desde los años ochenta ese sistema se ha ido desmantelando, con el consiguiente aumento de la desigualdad. Aunque los partidos socialdemócratas continúen apostando por el Estado de bienestar, la desregulación de los mercados de trabajo genera más desigualdad de la que los Estados del bienestar pueden corregir. La crisis electoral de la socialdemocracia, que se acentúa con la llegada del siglo XXI y se acelera con la Gran Recesión, es en buena medida consecuencia de estos cambios en los mercados de trabajo.
Hay dos interpretaciones de la complicidad socialdemócrata con la desregulación de los mercados de trabajo. Para la crítica más izquierdista, los partidos socialdemócratas, una vez más, han “traicionado” a la clase trabajadora. Para los apologetas, los partidos socialdemócratas no tienen opción si quieren mantener la competitividad de la economía en un mundo globalizado. Entre estas dos interpretaciones cabe una tercera: introducir una mayor protección y seguridad laboral sólo será posible si somos capaces de evolucionar hacia un sistema productivo menos basado en turismo y construcción, es decir, hacia una economía de mayor productividad que permita (o incluso requiera) unas instituciones laborales menos basadas en la explotación, la precariedad y la competición salarial a la baja.
Una de las promesas recurrentes de Pedro Sánchez mientras estuvo en la oposición fue que, en caso de llegar al gobierno, derogaría de forma urgente la reforma laboral de 2012 aprobada por el PP de Mariano Rajoy, reforma que, recuérdese, abarataba el coste del despido y socavaba la posición del trabajador en la negociación colectiva, contribuyendo así a la creciente precarización de los trabajadores, sobre todo los jóvenes, además de favorecer una mayor flexibilidad salarial.