El pasado 14 de enero el exministro de defensa de Dinamarca, Claus Hjort Frederiksen, era imputado por la justicia danesa acusado de filtrar secretos de Estado. Pese a que la acusación exacta no trascendió, según informaba el diario Le Monde, nadie en Dinamarca parecía dudar de que estaba relacionada con la denuncia por parte de Hjort Frederiksen de las colaboraciones entre el Servicio de Inteligencia de Defensa danés y la Agencia Nacional de Seguridad de los EE.UU. (NSA, por sus siglas en inglés). El exministro y ahora diputado denunció en una entrevista en 2020 cómo la NSA utilizó la red de cableado danesa —que comunica países como Rusia, Francia, Alemania o Suecia— para espiar tanto a rivales como a aliados.
Este suceso pone de relieve dos problemas: por una parte, el hecho de que ningún medio español (más allá de alguna agencia de noticias como Europa Press) haya cubierto la noticia demuestra la falta de interés que existe por las cuestiones de inteligencia y vigilancia. En segundo lugar, si las revelaciones de Snowden demostraron la falta de control de los servicios de inteligencia europeos, este caso viene a confirmar la doble impunidad con la que estas agencias operan: no solo actúan sin un control democrático efectivo, como ha denunciado el Consejo de Europa en numerosas ocasiones, sino que además consiguen intimidar o castigar a aquellos que tratan de denunciar sus acciones (como ha sucedido con denunciantes como Edward Snowden en EE. UU., Katharine Gun en Reino Unido o, ahora, Hjort Frederksen en Dinamarca).
La complejidad y extensión de estos problemas merecen una serie de artículos dedicados a este asunto, en los que desgranaremos tres cuestiones relacionadas con las agencias de inteligencia contemporáneas. La primera, su relevancia: ¿por qué te deberían preocupar a ti, ciudadano honesto, las prácticas de las agencias de inteligencia? En un segundo artículo, examinaremos cómo la falta de control democrático sobre las agencias de inteligencia en Europa y EEUU ha resultado en numerosas violaciones de derechos humanos. El tercer artículo se centrará en un fenómeno reciente que ha acentuado estos problemas: la privatización de la inteligencia a través de contratos con empresas como Palantir.
No solo actúan sin un control democrático efectivo, como ha denunciado el Consejo de Europa en numerosas ocasiones, sino que además consiguen intimidar o castigar a aquellos que tratan de denunciar sus acciones
¿Por qué debería importarte lo que hagan los servicios de inteligencia? En lo que sigue, trataré de convencerte desmontando dos mitos: por una parte, la idea de que las acciones de los servicios son fundamentalmente de información; por otra, la noción de que todas ellas siguen un fin de “interés nacional”. Es importante remarcar, antes de exponerlo, que no me referiré específicamente al caso de la principal agencia de inteligencia de nuestro país, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), sino a la coalición de agencias de inteligencia conocida como los “Catorce Ojos”, es decir, los Five Eyes —EE. UU., Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda— y sus socios europeos, entre los que se incluye nuestro país.
En primer lugar, conviene desmontar la narrativa que tanto agencias de inteligencia (particularmente las anglosajonas) como académicos y periodistas cercanos a ellas, han adoptado en la última década: aquella de que, lejos de tratarse de una cuestión relacionada con la violencia de Estado, se trata de recabar e intercambiar información a través de un control inofensivo de nuestros “metadatos”. Esta narrativa ha venido ganando centralidad desde que la inteligencia de señales (conocida en ese mundo como “SIGINT”), basada en la intercepción de comunicaciones, comenzó a ganar peso frente a la inteligencia humana (“HUMINT”), basada en fuentes humanas.
Frente a este discurso, resulta fundamental recordar que, desde el trabajo de Michel Foucault, una miríada de estudios han demostrado que sentir que podríamos, potencialmente, estar bajo vigilancia altera nuestra manera de comportarnos como ciudadanos. Asimismo, resulta crucial insistir en la idea de que las agencias intercambian con frecuencia este tipo de información, y posteriormente la utilizan para prácticas que varían desde interrogatorios hasta asesinatos selectivos. Por ejemplo, en 2011 el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno británico (GCHQ) compartió con la CIA información que fue utilizada para asesinar de manera extrajudicial a cuarenta personas —la mayoría civiles—. Por tanto, es fundamental ser conscientes de que este tipo de información tiene esencialmente una finalidad violenta.
“Bueno, pero lo hacen por nuestro país”. ¿Tiene sentido asumir que las agencias de inteligencia violan el derecho nacional o internacional por el bien de su país? Dejando al margen el juicio moral de este enunciado, que se enmarca dentro de la lógica de la “razón de estado”, existen numerosos estudios que demuestran que la autonomía de la que gozan las agencias de inteligencia las lleva, en numerosas ocasiones, a actuar no en beneficio de sus ciudadanos o gobiernos, sino en beneficio de agencias extranjeras. ¿Cómo podemos explicar eso? Por el corporativismo. De igual manera que existe el corporativismo y las relaciones de cooperación en comunidades como, por ejemplo, los policías o incluso los médicos (que en algunas ocasiones pueden ocultar malas prácticas por solidaridad gremial), se generan lazos de solidaridad entre agencias, particularmente aquellas con un tipo de características sociológicas similares:
Por ejemplo, a tenor de los atentados del 11 de septiembre de 2001, se demostró que las relaciones entre la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) —ambas agencias norteamericanas— eran mucho peores que entre la CIA y el Servicio de Inteligencia Secreto británico (MI6). En este caso, primó la lógica del gremio sobre la lógica nacional. Como Bigo y Bonelli explican, “en algunos casos, las lealtades entre agencias pueden ser más fuertes que el apego institucional a los líderes políticos de su país”, lo que demuestra que el interés nacional no siempre prevalece sobre las redes internacionales que estas agencias desarrollan. Esto explica por qué, por ejemplo, el Servicio Federal Alemán (BND) compartió información confidencial sobre su propio gobierno (en aquel entonces de Angela Merkel) con la NSA. En otras palabras: es posible que las agencias de inteligencia de un país sean más leales a sus socios extranjeros que a sus propios gobiernos.
En conclusión, debido a la naturaleza de sus acciones y a su autonomía frente a los controles políticos y democráticos, es necesario que atendamos a las prácticas de las agencias de inteligencia. Frente a estas, ¿qué políticas cabe proponer? Lo examinaremos en el próximo artículo.
El pasado 14 de enero el exministro de defensa de Dinamarca, Claus Hjort Frederiksen, era imputado por la justicia danesa acusado de filtrar secretos de Estado. Pese a que la acusación exacta no trascendió, según informaba el diario Le Monde, nadie en Dinamarca parecía dudar de que estaba relacionada con la denuncia por parte de Hjort Frederiksen de las colaboraciones entre el Servicio de Inteligencia de Defensa danés y la Agencia Nacional de Seguridad de los EE.UU. (NSA, por sus siglas en inglés). El exministro y ahora diputado denunció en una entrevista en 2020 cómo la NSA utilizó la red de cableado danesa —que comunica países como Rusia, Francia, Alemania o Suecia— para espiar tanto a rivales como a aliados.