Mariano Rajoy ha reunido esta semana a los principales dirigentes del PP para analizar la complicada coyuntura que atraviesan. Han trascendido algunos de los asuntos abordados, aunque la idea general que se ha querido trasmitir es la necesidad de “más unidad, más cohesión y más lealtad en torno al liderazgo de Mariano Rajoy”, tal y como han publicado diferentes medios. La base del problema, según manifestaron algunos de los intervinientes, deriva de la dificultad de hacer llegar a los ciudadanos los logros conseguidos frente al excesivo peso que tienen los mensajes críticos y negativos contra los populares. Es decir, que el principal problema es de comunicación.
El argumento de que la culpa de que los electores pierdan la confianza en un gobierno es de que los medios no reflejan la realidad es todo un clásico. El puesto político que de forma tradicional ha tenido menos continuidad en las administraciones democráticas suele ser el de los responsables de la comunicación. En España, el puesto de portavoz del Gobierno ha sido removido en multitud de ocasiones, siempre en busca de conseguir un imposible: que un pueblo disconforme con la política impuesta por su gobierno cambie de parecer.
Donald Trump ha cambiado su equipo de comunicación media docena de veces en los últimos dos años. Siempre les ha culpado de no saber llevar las relaciones con los medios. Lo que nadie ha podido es hacerle ver que su actitud y sus decisiones quizá tengan alguna influencia en las cifras de impopularidad que acompañan a su gestión. En el caso español, Mariano Rajoy tiene las peores cifras de valoración que nunca jamás haya obtenido un presidente en toda la historia de la democracia. Hay figuras relevantes del Gobierno y del partido que defienden que el gran error es no haber controlado con mayor firmeza la línea editorial de los principales medios de comunicación.
La situación económica y política en la que nos encontramos ha configurado un peculiar modelo de las relaciones de poder en nuestro país. Tenemos un Gobierno débil debido a su corta presencia parlamentaria y la importancia de los problemas que debe afrontar. La prensa vive la peor crisis de su historia y debe readaptarse a un nuevo entorno tecnológico y de consumo para el que necesita ineludiblemente el apoyo del sector financiero. Los únicos grupos que mantienen una sólida situación económica son los grandes operadores televisivos, aunque siempre pesa sobre ellos la inseguridad derivada de vivir en un sector regulado desde el poder político. La extensión de una amplia y heterogénea variedad de medios digitales complica aún más la posibilidad de establecer un rígido control de los medios en España.
En todo el mundo de la información son conocidos los intentos permanentes y continuados de la política por intervenir en el control editorial. También abundan los medios siempre deseosos de ser ayudados para subsistir. Sin embargo, todo parece indicar que se trata de intenciones tan presentes como difíciles de llevar adelante en el complejo mundo de la comunicación actual. El futuro de los medios está seriamente amenazado en su capacidad de independencia y de expansión por fuerzas de una potencia descomunal. Google, Facebook, Amazon, Apple, etc. poseen un dominio hegemónico del que aún no somos conscientes. Dominan los soportes tecnológicos, los recursos publicitarios y controlan la información de todos los usuarios. En España, nuestros gobernantes siguen preocupados mientras tanto por si en un programa de televisión se ha hecho tal o cual comentario.
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Según el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) sólo un 7% de los españoles cree que la situación económica es buena. Sólo uno de cuatro piensa que estamos mejor que hace un año. Tres de cada cuatro no creen que la economía mejore de aquí a un año. Dos de cada tres ciudadanos consideran que el paro es todavía el principal problema de nuestro país. Es difícil de justificar que esta realidad la hayan inventado los medios de comunicación críticos con el Gobierno.
El 70% de los españoles valora la situación política como mala o muy mala. La corrupción acapara el interés informativo. Las actuaciones judiciales contra la corrupción avanzan lenta pero inexorablemente, mientras salen a la luz nuevas revelaciones que no hacen sino confirmar la necesidad urgente de realizar una renovación completa del modelo político que ha permitido llegar hasta aquí. Hay pocas dudas a la hora de dirimir si la corrupción en España es consecuencia del supuesto esfuerzo de algunos periodistas por deteriorar nuestro sistema o si, realmente, hemos vivido en un periodo repleto de abusos, desmanes y actuaciones delictivas que ahora toca juzgar.
Las elecciones catalanas han acabado por extender el conflicto político más allá de aquel territorio. El auge de Ciudadanos en todas las encuestas ha aumentado la tensión entre el PP y la emergente fuerza liderada por Albert Rivera que había sido su principal apoyo hasta ahora. Los datos del último CIS indican que casi el 80% de los españoles tiene poca o ninguna confianza en el presidente Rajoy. Lo realmente preocupante y significativo es que un tercio de los votantes del PP opina lo mismo. Poco ayudan a Rajoy quienes le intenten convencer de que la culpa de la situación actual la tienen los periodistas críticos y los medios que les permiten serlo.
Mariano Rajoy ha reunido esta semana a los principales dirigentes del PP para analizar la complicada coyuntura que atraviesan. Han trascendido algunos de los asuntos abordados, aunque la idea general que se ha querido trasmitir es la necesidad de “más unidad, más cohesión y más lealtad en torno al liderazgo de Mariano Rajoy”, tal y como han publicado diferentes medios. La base del problema, según manifestaron algunos de los intervinientes, deriva de la dificultad de hacer llegar a los ciudadanos los logros conseguidos frente al excesivo peso que tienen los mensajes críticos y negativos contra los populares. Es decir, que el principal problema es de comunicación.