Hace poco se hacía un recuento en prensa de los militares diputados al Congreso, no solo de los actuales. De los siete citados, cuatro son/eran jurídico militares, lo que llama la atención, pues este cuerpo –unificado en 1988– es muy reducido. Si se completa la lista con otros militares parlamentarios –curiosamente todos jurídicos militares– los diputados Gómez de las Roces, Jiménez de Parga, Benzo y los senadores Sainz de Varanda y José Prat (de los pocos parlamentarios con acta en la II República y en la actual democracia) la cuestión adquiere ciertas proporciones. Ya hablaba el general jurídico López Medel de un “cuerpo político del Aire” en tiempos de Franco.
Además de ocupar numerosos cargos, ningún acontecimiento importante carece de su presencia. El primer Consejo Nacional de FET y de las JONS en 1937 contó con Fernández-Cuesta y Vegas Latapié. En la crisis de febrero del 56 –por el conflicto en la Universidad– estuvieron dos ministros (uno cesó) y enfrente –entre los más revoltosos– un cadete jurídico del Aire, Pradera (luego expulsado) y más tarde uno de los responsables de la línea editorial de El País. En el Contubernio de Múnichdel 62, primer encuentro de la oposición exterior con la interior, participó Sainz de Varanda, o el Consejo Privado de Don Juan, con Altozano y Vegas Latapié.
El asunto Matesa salpicó en los 60 al exministro y gobernador del Banco de España, Navarro Rubio. Y en el 23F, el jurídico militar Crespo Montes integró la Comisión de Subsecretarios y Secretarios de Estado que, para evitar el vacío de poder invocado por los golpistas, sustituyó de hecho al Gobierno secuestrado en el Congreso.
Ministros, subsecretarios y directores generales en casi todos los ministerios, presidentes de altas instituciones, gobernadores civiles, alcaldes; sin olvidar su presencia en el deporte, la empresa y la banca, la prensa o la cultura. El jurídico famoso más reciente es Miguel Sáenz, nuevo académico de la RAE.
De esta versatilidad –ya desde el siglo XIX– dejó irónica constancia en sus Memorias Serrat Bonastre, primer ministro de Asuntos Exteriores de Francoministro, de cuyo Cuartel General evocó, entre otros, a Martínez Fuset: “…del Cuerpo Jurídico Militar, que por este solo hecho resultaba el técnico universal…”. Luego recalaron allí otros dos jurídicos militares, Blas Pérez y Fernández-Cuesta, que llegarían a ministros.
Lo visto justificaría dedicarles cierta atención, aunque aquí, para resaltar su presencia en política, no se hablará de su participación en la Justicia militar.
Su peso con Franco se deduce de datos de los estudios de Jerez, Bañón, Baena, Busquets o Álvarez; por ejemplo, su sobrerrepresentación en las Cortes orgánicas (1943-77). De 326 militares procuradores, 46 eran de cuerpos jurídicos, siendo el cuarto cuerpo de funcionarios más representado, con un 6%, casi como los abogados del Estado. Los enfoques clásicos como sistemas políticos, papel del Ejército, peso de los licenciados en Derecho en la clase política o pertenencia a un cuerpo civil de élite (el salto a la política puede venir por ahí) deben completarse con el análisis de las normas de (in)compatibilidad de los militares para puestos políticos, generosas en tiempos de Franco y muy restrictivas desde 1977 hasta hace relativamente poco.
Aunque en el franquismo, sobre todo al inicio, una de las grandes “canteras” eran las Fuerzas Armadas, para que se sintieran representadas –al no ser el Régimen una Junta Militar– bastaba la mera presencia en el Gobierno (además del Jefe del Estado) de un ministro por cada Ejército. Y al ser tradición que lo fueran de “armas combatientes”, quedaba vedado el acceso al Gobierno por esta vía a los jurídicos militares, que a pesar de todo, tuvieron, con seis ministros, una notable presencia gubernamental.
Para Gabriel Cardona, la utilidad de los jurídicos militares consistía en “combinar sus conocimientos legales con la disciplina militar”, lo que podría hacer suponer casi el “copo” del Ministerio de la Gobernación. Pero de los seis jurídicos que fueron ministros de Franco, solo dos, Pérez González y Garicano, lo fueron de este departamento. El resto ocupó las carteras de Hacienda, Información y Turismo, Agricultura, Justicia y la Secretaría General del Movimiento. El acceso, al menos al Gobierno, no lo es por su condición castrense, salvo a Gobernación y con matices. Lo decisivo es el reparto por “familias ideológicas”, con la excepción, quizás por las fechas, de Herrera Esteban.
En democracia, el nombramiento de Trillo en el 2000 –como cuenta en sus Memorias– fue más fruto de una “carambola”, aunque sorprendió que, a esas alturas, un militar –aunque retirado y del cuerpo jurídico– fuera ministro de Defensa.
Pero mejor que buscar razones es ir a los grandes datos sobre la afición de los jurídicos militares por la política, amor correspondido desde la clase política que los recluta.
Durante lo que llamaremos Transición, de la muerte de Franco a las elecciones de junio del 77, presentan un perfil poco conocido. Más allá de la decisiva acción de la oposición democrática, el final del proceso de cambio viró al cauce institucional con la Ley para la Reforma Política, que tenía que pasar por las Cortes orgánicas. Del voto de los militares procuradores en la Cámara se destacó el de los “Príncipes de la Milicia”, olvidando a los jurídicos. De los catorce jurídicos militares procuradores –que se dice pronto– votaron a favor doce, en contra Fernández-Cuesta, absteniéndose Pardo Canalís. De entre ellos, cuatro ministros de Franco lo hicieron a favor (Garicano, Herrera Esteban, Pérez González, Solís) y uno en contra.
El origen de su presencia en las Cortes era muy variado en noviembre de 1976. Siete eran consejeros nacionales del Movimiento; tres designados, Álvarez Romero, Garicano y Solís y cuatro elegidos representantes de las Familias, Benzo, Herrera Esteban, Pardo Canalís y Vizcaíno. A dos, Fernández-Cuesta y Pérez González, les nombró el anterior Jefe del Estado, dos representaban a las Diputaciones Provinciales, Gómez de las Roces y Pérez-Serrabona y los tres restantes lo eran por razón de su cargo; Osorio, miembro del Gobierno, Díaz-Llanos y Fernández-Victorio presidentes del Colegio Nacional de Economistas y del Tribunal de Cuentas.
En la Legislatura Constituyente de 1977-79, seguirían tres: Benzo y Gómez de las Roces como diputados y Osorio como senador de designación Real. Él y Fernández-Victorio, que presidió el Tribunal de Cuentas de 1968 a 1982, son ejemplos de continuidad de jurídicos militares en puestos políticos. Osorio fue, de forma continuada entre 1965 y 1989, diversos cargos (de origen “digital” o vía votación): subsecretario de Comercio, presidente de Renfe, procurador en Cortes, consejero del Reino, ministro, vicepresidente del Gobierno, senador designado por el rey y de 1979 a 1989, diputado al Congreso.
Comparación en tres etapas
Vamos a ver qué sucede al comparar el periodo de la Transición –los dos primeros gobiernos del rey Juan Carlos– con el Régimen de Franco y la actual Democracia.
En el Gobierno, la cota más alta es Osorio, en la Transición, como vicepresidente. Con Franco hay más ministros, seis, algunos de larga y variada trayectoria como tales; su último gobierno tendrá dos, aunque no estaban desde su inicio: Solís, repescado y Herrera, su portavoz. Los dos gobiernos de la Transición contaron, respectivamente, con dos jurídicos militares Solís y Osorio, con Arias, y uno, Osorio, con Suárez, frente a dos en democracia y en gabinetes distintos: Jiménez de Parga (UCD) y Trillo (PP). Con él, como ministro de Defensa en el segundo mandato de Aznar, llegan a un departamento relacionado con asuntos militares. No estuvieron en los gobiernos del PSOE (solo un subsecretario, Sanjuán en Interior) y con Rajoy, todavía no.
Siguiendo con el Ejecutivo, tuvieron en el franquismo una importante presencia como subsecretarios y directores generales. Los gobernadores civiles, aunque parecerían el “marco natural de colocación política” de los jurídicos militares (y tuvieron su cuota) estaban más reservados a las “armas combatientes” de Tierra.
Con Trillo presidente del Congreso se alcanza el puesto parlamentario más importante: eso sí, las Cortes orgánicas contaron en la Transición con catorce efectivos, por debajo de la media de estas Cámaras, pero muy por encima de las Legislaturas democráticas.
Además, los jurídicos militares, ocuparon otras altas responsabilidades. El Tribunal Constitucional fue presidido por Jiménez de Parga, el de Cuentas tuvo de 1968 al 82 el mismo presidente y Fernández-Cuesta lo fue del Consejo de Estado en 1945. Al frente del Banco de España, en los sesenta, estuvo Navarro Rubio y el Consejo General del Poder Judicial ha contado con dos vocales del cuerpo. La democracia ha aportado un presidente autonómico, Gómez de las Roces en Aragón, y cierta participación, que se mantiene, en niveles políticos de las consejerías. Los alcaldes son una constante en las tres etapas, aunque menor en la constitucional; eso sí, elegidos, siendo el más conocido el de Zaragoza en 1979, Sainz de Varanda.
Al margen de lo institucional, llama la atención su escasa participación en la Unión Militar Democrática, solo dos y de la Armada (Sanjuán y Ramos) y durante la Transición, en los partidos. En Alianza Popular (PP) ninguno de sus siete fundadores lo era; sí su secretario general, Iranzo. Y del PCE no se conocen simpatizantes, excepto Buhigas que en 1977 era capitán, pero de la escala de Complemento.
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La política de los 70 no puede entenderse sin la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNdP), cuya ala “posibilista”, cuando los partidos estaban prohibidos, auspició al grupo Tácito, liderado, entre otros, por los jurídicos Algora y Osorio. También estaba ligada al influyente diario YaYa, en cuya línea editorial participaba García Escudero, del cuerpo, pero no de Tácito. O sin el Club Siglo XXI, foro de debate “dentro de un orden” promovido por otro jurídico, Guerrero Burgos.
Con Franco, algunos cargos –sin contar ministros– parecían, por su reiteración, diseñados para los jurídicos: director general de Correos y Comunicaciones, gobernador Civil de Barcelona, presidente de la Diputación de Granada o director general de Cinematografía y Teatro, para el que fue nombrado García Escudero en dos ocasiones, 1952 y 1962. Curiosamente, el puesto de director general de Seguridad no fue ocupado entonces por jurídicos militares. Sí en la Transición, por Rodríguez Román y también con Alfonso XIII y la II República, en ambos casos, Carlos Blanco.
Y para concluir, varias anécdotas. La asiduidad en dar noticia de ellos por ABC, quizás porque un jurídico militar –Picó– fue alto directivo de su empresa editora, el Boletín Informativo de la ACNdP o las semblanzas del general López Medel. Y la relación de dos presidentes con el cuerpo: Suárez preparó sin éxito las oposiciones (de la Armada en 1959) y Arias lo fue de la escala honorífica y de la de complemento. Coinciden en escribir sus recuerdos o Memorias, Vegas Latapié, Fernández-Cuesta, Navarro Rubio, García Escudero, Osorio, Jiménez de Parga, Trillo y Sáenz. Navarro Rubio narra en las suyas que, siendo ministro de Hacienda, los gastos de Defensa pasaron a la consideración técnica de “no rentables”, lo que molestó a sus compañeros militares, tanto que algunos intentaron que se le formara un ¡Tribunal de Honor!
Hace poco se hacía un recuento en prensa de los militares diputados al Congreso, no solo de los actuales. De los siete citados, cuatro son/eran jurídico militares, lo que llama la atención, pues este cuerpo –unificado en 1988– es muy reducido. Si se completa la lista con otros militares parlamentarios –curiosamente todos jurídicos militares– los diputados Gómez de las Roces, Jiménez de Parga, Benzo y los senadores Sainz de Varanda y José Prat (de los pocos parlamentarios con acta en la II República y en la actual democracia) la cuestión adquiere ciertas proporciones. Ya hablaba el general jurídico López Medel de un “cuerpo político del Aire” en tiempos de Franco.