El espíritu de servicio de los trabajadores de uniforme

La crisis pandémica que está afrontando España, especialmente severa al ser uno de los países más afectados del mundo, ha supuesto una oportunidad para observar la labor cotidiana de los sectores básicos del trabajo. En primera línea han estado los sanitarios, pero contando con una nutrida retaguardia de trabajadores que han mantenido los servicios esenciales a la comunidad. Se ha destacado, y con toda justicia, la labor de limpiadoras, dependientes de supermercado, agricultores, transportistas, etc. En general, oficios mal pagados y no siempre bien considerados, que ahora han mostrado su carácter estratégico. En estos meses, se ha hecho realidad aquella definición de la Constitución de 1931: Una España de trabajadores de toda clase.

En tiempos de incertidumbre, se han visto las contradicciones del fenómeno de la globalización, los cortos alcances de una Unión Europea sin una integración efectiva, la destrucción de los sectores productivos por una insensata deslocalización economicista, los recortes en dotaciones públicas que conducen a la insolidaridad y a inviables salidas individualistas, los riesgos de un discurso neoliberal tramposo que hurta recursos comunes y genera desigualdad, etc. En este contexto, congelada la iniciativa privada por imperativo del control de la pandemia, el sector público se ha revelado imprescindible para regular las prestaciones de supervivencia a la comunidad. Los empleados públicos han adquirido así una nueva visibilidad. El estereotipo del funcionario administrativo de ventanilla sin compromiso social, escasamente representativo, ha dado paso a una imagen más ajustada a la compleja realidad del sector público desde los propios profesionales de la sanidad a los docentes, investigadores, policías o militares.

Por lo que respecta a las fuerzas armadas, los ejércitos han desplegado sus efectivos en la “Operación Balmis” -un operativo conjunto llamado así en honor al filantrópico médico militar Francisco Javier de Balmis- con componente terrestre, naval y aéreo. La Unidad Militar de Emergencias (UME), ya muy reconocible por su participación sistemática en catástrofes de todo orden, dentro y fuera del territorio nacional, se ha erigido en el rostro visible de los profesionales militares. Bajo la dirección del Ministerio de Defensa y el control operativo del Mando de Operaciones, se han puesto a disposición de las autoridades autonómicas para prestar los apoyos requeridos en tareas de desinfección, custodia funeraria, logísticas o de formación de personal en el uso del material y equipos de prevención.

La intervención en misiones humanitarias ha contribuido en gran medida a la excelente imagen de las fuerzas armadas en la sociedad española. El despliegue en misiones externas amparadas por Naciones Unidas -salvo puntuales (y superados ya) desvíos de esta norma- y la integración exitosa en las organizaciones internacionales de seguridad, desde finales de los años ochenta, se dejó atrás, por la vía de los hechos, la visión de unos ejércitos vigilantes del enemigo interior, con un funcionamiento autónomo y herederos de unos ritos incompatibles con un sistema democrático, algunas de estas tradiciones, poco compartidas por la sociedad, todavía subsisten por la inercia. Pero el progreso técnico de su personal, la estandarización administrativa de sus cuerpos orgánicos y el pleno control civil y dirección política de la Defensa han conducido a unas fuerzas armadas homologables con los países de nuestro entorno.

La creación de la UME en 2005, por iniciativa del Gobierno de Zapatero, una vez culminado el largo proceso de reformas de la transición, vino a consolidar la imagen de servidores públicos de los militares. El éxito de la unidad ha mostrado lo errado de los juicios con que fue recibido este proyecto, impulsado por el ministro José Bono: ni se trataba de desmilitarizar por un supuesto concepto “buenista” de los ejércitos; ni constituir una guardia pretoriana del presidente del Gobierno, como llegó a publicarse; ni tampoco un intrusismo en el campo de la protección civil. Todos los gobiernos, llegado un caso de calamidad pública, han hecho uso de su instrumento quizá más poderoso, que son los ejércitos con su personal especializado y sus potentes recursos materiales. La diferencia, a partir de la constitución de esta Unidad ad hoc, es que ahora se hace con personal adiestrado y equipado para realizar con solvencia estas tareas -incendios, heladas, inundaciones, contaminaciones, etc-, desterrando en buena hora campañas voluntaristas como las que se realizaban anteriormente, por ejemplo, con la limpieza de chapapote en las costas de Galicia, y que probablemente está en la raíz de la constitución de esta unidad conjunta. De esta forma, el resto de las unidades militares pueden centrarse en sus misiones fundamentales, quedando liberadas de tales tareas recurrentes de apoyo comunitario.

Los servicios militares no sustituyen, sino que complementan al resto de recursos del sistema nacional de protección civil. La naturaleza militar de la Unidad garantiza el carácter, gestión y despliegue nacional de sus recursos, respetando las competencias autonómicas al requerirse la petición de apoyo expreso de sus poderes ejecutivos y la coordinación local en su intervención. La actuación disciplinada propia de la fuerza militar, que siempre supone una grata impresión para las personas ajenas que observan su funcionamiento, unida a la posesión del conocimiento técnico, hacen extraordinariamente eficaces sus intervenciones. Se ha visto cómo su presencia en las calles refuerza la moral pública, contribuyendo a la marca del Estado en el ámbito nacional y a la buena marca de país en el extranjero, refrendado a menudo con aplausos espontáneos de la gente sea en las calles de Murcia o en el aeropuerto de Santiago de Chile.

No obstante, la gran visibilidad pública de la UME no debe ocultar el trabajo de miles de otros servidores públicos de uniforme que, desde posiciones discretas, pero con las mismas virtudes de disciplina, valor, abnegación y compromiso con la sociedad se han movilizado en esta crisis, y lo hacen de manera cotidiana cumpliendo sus misiones permanentes de defensa nacional. El mejor homenaje que puede hacerse quizá a estos hombres y mujeres de uniforme, fuera de retóricas de otra época felizmente superada, es respetar su estatus de ciudadanía, y facilitar desde el poder público la interlocución para la defensa de sus legítimos intereses tanto estrictamente profesionales como económicos y sociales, mediante una normalización de la acción de sus asociaciones profesionales representativas. Sólo de esta forma estaremos en condiciones de alcanzar la homologación con las democracias avanzadas no sólo en los aspectos técnicos, organizativos u operativos sino también en el estatuto y régimen del personal militar.

______Fidel Gómez Rosa es doctor en Ciencias Políticas y licenciado en Derecho por la UCM, licenciado en Historia por la UNED y especialista universitario en Historia Militar por IUGM.