Sentado ante los medios, responde a una periodista que le pregunta: “la ecografía en 4D ¿en qué semana se haría?” Él, nervioso, rebusca entre sus papeles, levanta la mirada y sin disimular, con media sonrisa dice: “ese dato no lo tengo, pero seguro que dentro de poco lo podemos aclarar”. Es evidente que no sabe de qué está hablando, pero sin mostrar ni un ápice de pudor vuelve a reírse y afirma: “yo es que no sé mucho de embarazos”.
No sabe mucho de embarazos, pero en ese momento Juan García Gallardo, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, anuncia que lo mejor para disuadir a una mujer que quiere interrumpir la gestación es mostrarle una ecografía del feto o hacerle escuchar su latido. El político de Vox no sabe mucho de embarazos –y tampoco muestra ninguna intención de ocultarlo– pero en ese momento se ve capacitado para presentar una serie de medidas antiabortistas que quiere implantar en la región en la que gobierna junto al Partido Popular.
Ocurrió en enero y su artimaña política no salió adelante, pero visto con distancia, el peaje a pagar ha sido alto. Porque la ultraderecha consiguió introducir en el debate político y social la posibilidad de cuestionar los avances en igualdad adquiridos por las mujeres. Es la estrategia que han seguido desde que llegaron a las instituciones: hacer del antifeminismo su seña de identidad. Nunca está de más recordar que Vox es un partido que niega la violencia machista, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los del colectivo LGTBI, que quiere implantar el pin parental o que tiene un discurso abiertamente racista y xenófobo. A pesar de este argumentario negacionista y retrógrado, que cruza todas las líneas rojas en cuanto a derechos humanos se refiere, el partido de ultraderecha es uno de los grandes vencedores de las elecciones.
El resultado electoral es especialmente preocupante, porque es ahí, en ese escenario local y autonómico, donde más margen de maniobra hay para combatir las violencias contra las mujeres o el colectivo LGTBI
Tras el 28M, el mapa de España se ha teñido de azul. El Partido Popular ha arrebatado el poder autonómico y de grandes ciudades a la izquierda. A la vez, Vox se ha consolidado como la tercera fuerza política y es más que probable que se convierta en la llave que abrirá la puerta a la gobernabilidad en municipios y regiones ya sea como apoyo o como socio de coalición. Por eso, el resultado electoral es especialmente preocupante, porque es ahí, en ese escenario local y autonómico, donde más margen de maniobra hay para combatir las violencias contra las mujeres o el colectivo LGTBI. Santiago Abascal repite desde hace días un mensaje: no harán regalos ni aceptarán chantajes. Ahora, falta por ver cómo recogen el guante los populares, conscientes también de que visibilizar esa relación de dependencia con la extrema derecha puede molestar a parte de su electorado. El tiempo juega en su contra: las negociaciones les pillarán en plena campaña electoral para las generales. Una de las primeras plazas donde tendrán que posicionarse será en la Comunitat Valenciana, en la que el candidato de extrema derecha, con el que tienen que pactar, está condenado por perseguir hasta en 21 ocasiones a su exmujer insultándola y amenazándola. Lo hizo en su domicilio, en la calle y en el colegio de sus hijos y llegó a decirle: "te voy a estar jodiendo la vida hasta que te mueras". El discurso de Vox es más directo y no tiene filtros, pero en ocasiones, el PP lo comparte, aunque de forma más sutil o simbólica. No hay que olvidar que fue Ayuso la que nos ridiculizó, llamándonos malcriadas por defender que queríamos volver sanas y salvas a casa o que Almeida se ha negado a colocar la bandera LGTBI en el Ayuntamiento de Madrid. Desde el domingo, ambos tienen mayoría absoluta.
Con el nuevo e inesperado giro de guion anunciado por Sánchez volveremos a las urnas en poco menos de dos meses. Y aunque, como ya proclaman algunas voces, las propuestas de la izquierda no deberían reducirse solo a ser muro de contención de la ultraderecha, lo cierto es que hay mucho en juego. Tanto como que un partido que alardea de desconocer nuestros derechos sea el que decida sobre nuestras vidas.
Sentado ante los medios, responde a una periodista que le pregunta: “la ecografía en 4D ¿en qué semana se haría?” Él, nervioso, rebusca entre sus papeles, levanta la mirada y sin disimular, con media sonrisa dice: “ese dato no lo tengo, pero seguro que dentro de poco lo podemos aclarar”. Es evidente que no sabe de qué está hablando, pero sin mostrar ni un ápice de pudor vuelve a reírse y afirma: “yo es que no sé mucho de embarazos”.