A lo largo de mi carrera profesional me he encontrado con crímenes de todo tipo: narcotráfico, crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, corrupción, crimen organizado, lavado de activos y, también, el terrorismo nacional e internacional, generalmente cometido por grupos ilegales, y, en ocasiones, desde el propio Estado.
Como comprenderán, después de haber estado tantos años en primera línea de las investigaciones judiciales de los crímenes de ETA, me tocó sufrir las consecuencias previsibles de aquello. Pero era parte de mi deber como juez y una tarea de aquellas que sabes que son imprescindibles de acometer si quieres contribuir con tu grano de arena a forjar una sociedad mejor. Fuimos muchos los que luchamos con las armas del Estado de Derecho en contra de este colectivo que sembró el terror en el País Vasco y en toda España, que dejó una estela de desolación que perdura hasta nuestros días y seguirá entre nosotros por mucho tiempo más.
El ejercicio de memoria y la dignificación de las víctimas debe ser permanente, sobre todo tratándose de quienes han sufrido estos delitos tan atroces y sin justificación alguna, que no son sino pura barbarie, desatada por un fanatismo que hurta toda capacidad de empatía con el dolor humano.
Afortunadamente, hoy podemos decir con orgullo que, gracias al esfuerzo de todos, en España logramos acabar con la lacra del terrorismo. En esta colosal empresa hubo aciertos y desaciertos, de la justicia, de los cuerpos de seguridad del Estado, de un gobierno y de otro, pero la clave de la derrota de ETA, me parece a mí, estuvo en el trabajo en equipo, en la colaboración entre instituciones y en la cooperación internacional. Sobre todo, radica en el respeto irrestricto a la legalidad vigente, a los derechos humanos de víctimas y victimarios, a nuestro marco constitucional, europeo e internacional. Importa el fin, pero también importan, y mucho, los medios empleados para alcanzarlo. En el esfuerzo colectivo destaca el coraje y el tesón de las víctimas, y la solidaridad e implicación creciente de toda la sociedad. Nadie tiene derecho a apropiarse de este éxito ni de las víctimas y su dolor, ni menos aún a emplearlo como arma arrojadiza con fines electorales. Algo que resulta penoso y simplemente miserable.
Sabido es que la Asociación de Víctimas del terrorismo COVITE denunció que 44 candidatos de EH Bildu a las próximas elecciones son personas que en su momento fueron condenados por pertenecer o colaborar con ETA. Si bien todos habían cumplido sus condenas, entre ellos hay siete que cometieron delitos de sangre. Es posible que esto fuera un error de parte de la formación abertzale y celebro que hayan rectificado. Es cierto que ya han cumplido su condena y que tienen todo el derecho a presentarse como candidatos, pero la prudencia, la sana convivencia pacífica y el respeto al sufrimiento que aún persiste en tantas familias hace que, en términos políticos, tal decisión sea todavía prematura.
¿Ilegalizar a Bildu?
A partir de ahí, hay que recordar que ETA no existe y reiterar una y otra vez que Bildu no es ETA. Si lo fuera, esta formación debería estar ilegalizada y no es el caso, aunque algunos, como el propio Alberto Núñez Feijóo, parecen haberlo insinuado con bastante poca seriedad y menos responsabilidad.
Amigas y amigos, me encuentro lejos de las posiciones políticas de Bildu, pero las cosas son como son. Bildu es un partido legal y constitucional, que no es ni puede ser considerado un continuador de ETA. Y no lo digo solo yo, lo ha dicho la justicia española y europea, y lo reconocen las propias víctimas.
Hay que recordar que ETA no existe y reiterar una y otra vez que Bildu no es ETA. Si lo fuera, esta formación debería estar ilegalizada y no es el caso
Consuelo Ordóñez, en nombre de la asociación de víctimas COVITE, ponía negro sobre blanco, en el programa Al Rojo Vivo, en referencia a la afirmación de Diaz Ayuso y VOX: “¿Ilegalizar a Bildu? ¿Quién legalizó a Sortu? ¡Rajoy, cumpliendo las exigencias de ETA para dejar de matar! Lo aprobó en julio de 2012 el Tribunal Constitucional. ¡¿Ahora los van a ilegalizar?!”
Consuelo Ordóñez está en lo cierto. Batasuna fue ilegalizado por el Tribunal Supremo no solo porque los partidos políticos abertzales no condenaban los atentados de ETA, sino porque “los comportamientos de los partidos disueltos permitían concluir que eran instrumentos de la estrategia terrorista de ETA", añadiendo que su objetivo era "completar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para perturbar el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública". El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avaló en 2009 esta decisión judicial.
Unos años más tarde, en 2012, el Tribunal Constitucional declaró legal a Sortu. La formación había recurrido ante esta alta instancia, después de que el Tribunal Supremo le impidiera inscribirse en el registro de partidos políticos en marzo de 2011 al considerar que era la continuación de la ilegalizada Batasuna, PCTV y ANV y guardaba, por ende, relación con la violencia de ETA, pese a que, en sus estatutos, Sortu la rechazaba. El pleno del Constitucional decidió que se había “vulnerado el derecho de asociación de los recurrentes en su vertiente de libertad de creación de partidos políticos”. Este fallo es importante porque, por primera vez, se enumeraban de manera “tajante y objetiva” las conductas y actos que pueden conllevar la ilegalización a posteriori de un partido político. Entre estos, figuran el enaltecimiento del terrorismo, la humillación de las víctimas, la ambigüedad en la condena del terrorismo, los actos de exaltación que equiparen la violencia terrorista con la coacción legítima del Estado de derecho, o la equiparación del sufrimiento de las víctimas con el de los presos de la banda condenados por actos terroristas, entre otros.
Un factor decisivo en el caso de Sortu fue que no hubo un proceso penal que estableciera su vinculación con ETA, lo que sí ocurrió en los diferentes casos que instruí como magistrado-juez, y que la Audiencia Nacional sentenció, el Tribunal Supremo confirmó y el TEDH decidió que eran respetuosos con los derechos humanos.
Escaños mejor que armas
Bildu ha demostrado, además, coherencia democrática y respeto a la legalidad en esta legislatura, estando por encima de la escasa rectitud que han exhibido otros partidos supuestamente constitucionalistas. Es más, al anunciar este martes su renuncia a la candidatura, comprometiéndose a no tomar posesión del cargo correspondiente, manifestaban: “Con esta decisión nos queremos dirigir en primer lugar a las víctimas de ETA y, en general, a todas las personas que han sufrido en este conflicto, para mostrar así nuestro compromiso para que ni nuestras palabras ni nuestras acciones, añadan jamás el más mínimo padecimiento al ya habido". Decir que Bildu es ETA no sólo es un despropósito, sino que es rotundamente falso.
Sin embargo, PP y Vox han convertido este tema en eje de sus campañas respectivas y no dejan de atacar al Gobierno exigiendo que prescinda del apoyo parlamentario de Bildu. Es curioso, pero las acusaciones se dirigen más hacia el Ejecutivo que hacia el propio Bildu.
Hay otros países que han enfrentado y acabado con el terrorismo. Es el caso del IRA en Irlanda del Norte (1998), o de las FARC en Colombia (2016). Muchos de quienes formaron parte activa de estos grupos hoy ocupan cargos institucionales o son parlamentarios. En nuestro caso, no hubo formalmente un “acuerdo de paz” y bien podemos decir que la legalidad derrotó al crimen. Pero, por lo mismo y con mayor razón, deberíamos seguir respetando esta legalidad vigente y permitir, antes o después, que quienes pertenecieron a estos grupos participen del debate político siempre que no tengan cuentas pendientes con la justicia. Fue el propio José María Aznar, que no es precisamente santo de mi devoción, quien dijo en 1998: “Tomar posesión de un escaño siempre es preferible a empuñar las armas”. Sin ninguna duda.
Nostálgicos del terror
ETA anunció el cese definitivo de la actividad armada en 2011 y su disolución en 2018. Por ello es inadmisible la frivolidad con la que otros se esmeran en revivir un pasado finiquitado, para echar leña al fuego generando más crispación y desencuentros con tal de lograr el objetivo final de tomar la Moncloa.
¿Se han dado cuenta de que Vox y PP hablan poco ya del independentismo catalán? ¿Recuerdan cuando prácticamente había que acabar con los independentistas? Resulta que cuando se negocia y se dialoga, las cosas van por un camino productivo. La Cataluña de hoy levanta cabeza sin crispaciones, sin llevar las diferencias al punto imposible que generó ese conflicto político. Aunque a lo mejor eso es lo que se buscaba. Es como si las derechas necesitasen a un enemigo hacia el cual dirigir todo el odio que van sembrando en cada mitin político.
“ETA no es nada, pero para ustedes lo es todo”, le reprochó Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijoo este martes, en el debate celebrado en el Senado. Es verdad: se diría que el PP necesita a ETA para dotarse de contenido.
No hay que jugar con fuego ni con el dolor de las familias. En Euskadi ocurre que la situación posterior a ETA ha dejado un escenario que no ha sido del todo bien gestionado, y del que restan secuelas. Hace falta tiempo y buena voluntad para resolverlas. Alimentar el dolor de las víctimas con fines políticos, a sabiendas de que aún las heridas no están cerradas, merece el repudio más contundente de todos.
Me han dejado impresionado las declaraciones de dos políticos. De una parte, las del senador del PP Pedro Rollán cuando afirmó que la ley de vivienda está construida sobre las cenizas de Hipercor o las del cuartel de la guardia civil de Zaragoza o el atentado de la plaza Republica Dominicana. De otra, las del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, cuando reprochaba a Sánchez por “sus acuerdos con Bildu”, dentro de los cuales citaba con absoluto desdén “la ley de memoria democrática”. Eso me lleva a preguntarme: ¿qué sentirán las víctimas del franquismo ante el descrédito de los líderes y mandatarios conservadores que incluyen en sus listas electorales a tipos de Falange y que justifican el golpe de Estado de Franco, ninguneando a las víctimas, negando su derecho a ser exhumadas de fosas y cunetas o despreciando el escándalo de los bebés robados?
Estas actitudes resultan peligrosas y son, sin duda, miserables.
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Baltasar Garzón es jurista y presidente de FIBGAR.
A lo largo de mi carrera profesional me he encontrado con crímenes de todo tipo: narcotráfico, crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, corrupción, crimen organizado, lavado de activos y, también, el terrorismo nacional e internacional, generalmente cometido por grupos ilegales, y, en ocasiones, desde el propio Estado.