El posfascismo es fascismo Miguel Lorente Acosta

El gobierno de la Región de Murcia ha vuelto a la carga contra el Gobierno de España y, en particular, contra el Ministerio de la Presidencia (Secretaría de Estado de Memoria Democrática). Cometieron, en su opinión, el flagrante error de haberse opuesto a que el nombre de Juan de la Cierva (en lo sucesivo JdlC) se añada al aeropuerto de la capital. Servidor había escrito un breve informe, fechado el 26 de enero de 2021, en el que señalaba que JdlC estuvo mezclado en los preparativos de la sublevación y que sirvió de agente para el aprovisionamiento de armamento extranjero en contra del Gobierno de la República.
La nueva embestida se basa en dos informes que, por fin, ha hecho públicos hace unos días el Gobierno de Murcia. Ya conocía uno de ellos, el del catedrático de Historia Moderna de la Universidad, profesor Javier Guillamón (que tuvo la amabilidad de enviármelo en su momento con algunos de los libros por él escritos y a quien correspondí agradeciéndoselos adecuadamente). Desconocía el otro. En mi blog (www.angel.vinas.es) y en mis cuentas de Facebook y Twitter había clamado por su publicación. Nunca es tarde si la dicha es buena.
El golpe fue preparado no solo por militares sino también, y muy destacadamente desde 1932, por civiles. No es una conclusión a la que llegara en una noche. Exigió más de diez años de investigación
Un amigo me lo envió inmediatamente. Otro hizo lo mismo con un artículo de ABC del 7 de mayo: “Los historiadores defienden al inventor Juan de la Cierva frente al acoso del Gobierno”. El título despista. Debería haber dicho “Dos historiadores”. (El acoso, en cualquiera de sus tres acepciones en el DRAE, no lo entiendo tampoco. Se denegó la petición. No se han publicado nuevas medidas contra el Gobierno de la Comunidad). Con la brevedad de mi informe (titulado “Elementos a considerar sobre JdlC”) se explica por qué el ingeniero perteneció al mundillo de la trama civil contra la República. Me bastó con recapitular algunas de las informaciones de que disponía y que, a mayor abundamiento, ya estaban en el dominio público.
El profesor Guillamón no entró en ellas y no vi ni veo motivo para responderle. No es el caso de su compañero, con un informe fechado el 13 de julio de 2021 de 7 páginas y un anexo complementario de 16. Demasiado papel para una parva cosecha en la que en el total de 23 páginas no menciona que el golpe fue preparado no solo por militares sino también, y muy destacadamente desde 1932, por civiles.
No es una conclusión a la que llegara en una noche. Exigió más de diez años de investigación. Empecé a abordar el tema en La conspiración del general Franco y otras revelaciones sobre una guerra civil desfigurada, (Crítica, Barcelona, 2011 y, edición revisada, 2012). En ambos hice una sucinta referencia a las actuaciones de JdlC con su participación en los antecedentes del alquiler del Dragon Rapide. La idea había surgido entre los conspiradores, según el embajador británico Sir Henry Chilton, hacia abril. Puse en la picota algunas de las interpretaciones más habituales, tal y como fueron expuestas muy a posteriori por el marqués de Luca de Tena —propietario de ABC, autoexiliado en Francia— y su corresponsal en Londres, Luis A. Bolín. Muy poco fiables en aspectos críticos.
Que tras el comportamiento de dichos caballeros había no gato encerrado sino un tigre voraz lo insinué en un capítulo (“La connivencia fascista con la sublevación y otros éxitos de la trama civil”) de un libro colectivo (Los mitos de la guerra civil, Francisco Sánchez Pérez (coord.), Crítica, Barcelona, 2013). El tan traído y llevado vuelo del Dragon Rapide figuró como aspecto principal en El primer asesinato de Franco. La muerte del general Balmes y el inicio de la sublevación, que escribí con el patólogo Dr. Miguel Ull Laíta y mi primo hermano y piloto Cecilio Yusta Viñas (Crítica, Barcelona, 2017).
Menos comprensible es que el profesor Roberto Villa García tampoco mencione que, a la misma conspiración civil, monárquica y carlista, en conjunción con los militares y la amable ayuda de Mussolini prometida en 1934 y reiterada en 1935, le dediqué dos libros: ¿Quién quiso la guerra civil? Historia de una conspiración (Crítica, Barcelona, 2019) y El gran error de la República. Ruido de sables e ineficiencia del Gobierno (id. 2021).
Tan crítico autor parece ignorar el hecho elemental de que en una conspiración se conspira. Los detalles no solían aparecer en los periódicos y nada de carácter operativo. Afirma, con toda seriedad, que no hay fuentes contemporáneas que mencionen a JdlC, destaca las hemerográficas y da lecciones sobre la importancia de las mismas y los métodos de la ciencia histórica. Sin embargo, su informe no estuvo jamás puesto al día.
Dejando la anécdota de los espías de la embajada (que considero improbable), un historiador concienzudo se preguntaría: ¿es absolutamente improbable que JdlC o Jerrold se inventaran un cuento? La respuesta es que no lo sabemos. Pero pudieron encubrir otra cosa: que JdlC se encontrara con agentes de los sublevados, dirigidos por el exembajador Quiñones de León o el agregado militar, comandante Barroso Sánchez-Guerra. Para el vuelo del Dragon Rapide se le ocurrió que pudiera ir un amigo suyo (descartando a otros, todos fascistas o parafascistas). El elegido fue un tal Pollard que tenía —escribió— experiencia de la revolución en Marruecos, México e Irlanda. Esto sí podría comprobarse y yo lo comprobé a mi satisfacción, con datos y documentos, alguno de los cuales fue el primer investigador en localizar.
La pregunta es: ¿no le contarían De la Cierva o Bolín para qué se necesitaba el avión? Descarto las memorias del segundo, por haber sido un embustero redomado y también las del señor marqués de Luca de Tena, metido en la conspiración hasta el tuétano.
El profesor Villa García debería haber consultado, en mi opinión, a algún penalista especializado a la hora de hacer referencia a los artículos 15 y 16 de la Ley vigente de Memoria Histórica afirmando que excluyen explícitamente cualquier suceso o circunstancia anterior cronológicamente, ya sea agravante o eximente (debería haber escrito atenuante), a la sublevación militar, guerra civil y represión de la dictadura.
Se le ha escapado que la conspiración (trama militar o civil) se sancionaba como una modalidad del delito de rebelión contenido en el art. 241 del Código de Justicia Militar de 1890. No solo comprendía cualquier acto de ejecución, adhesión, auxilio, inducción, excitación, sino también la conspiración o proposición contra la Constitución o el gobierno legítimo. El artículo 15 de la Ley 52/2007 es aplicable a JdlC, pues dicho precepto impide el reconocimiento público y la dispensa de honores a cualquier persona que conspirara contra la Constitución y el gobierno. Sugiero al profesor Villa García que lea el próximo libro de tres autores (entre los cuales está servidor), CASTIGAR A LOS ROJOS, que se publicará el 15 de junio (editado por Crítica), para enterarse de las modalidades de la legislación aplicable al caso JdlC.
Todas las demás afirmaciones y elucubraciones del profesor Roberto Villa García, en especial su interpretación de la Ley 52/2007, son para mí extemporáneas y carecen de todo fundamento. Sus artículos 15 y 16 se refieren exclusivamente a la exaltación vía símbolos y monumentos públicos y al “Valle de los Caídos”.
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Ángel Viñas es economista e historiador especializado en la Guerra Civil y el franquismo.
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