Tareas para el día después de la amnistía

Se ha puesto francamente difícil a estas alturas decir algo nuevo acerca de la dichosa cuestión de la amnistía, y ello no solo por la cantidad, sino sobre todo por la calidad de buena parte de los análisis. Por dicha razón, desistiré ni tan siquiera de intentarlo y me permitiré una licencia metodológica para buscar una perspectiva distinta. Los motivos que justificarían la licencia me parecen consistentes. Por un lado, no me considero en absoluto capacitado desde el punto de vista técnico-jurídico para adentrarme con solvencia en un asunto ciertamente complejo, respecto del cual hay consenso en que posee una importante dimensión interpretativa. Por el otro, no se trata de desdeñar o poner en duda la bondad de determinados propósitos de carácter genérico como los de facilitar la convivencia, estimular la concordia entre catalanes, promover la pacificación cívica y otros análogos presentados por los promotores de la ley. Soslayo tales propósitos porque no es en absoluto evidente la utilidad de invocarlos en el debate público en la medida en que no parece que estén contribuyendo en gran medida a clarificar la situación (¿o es que hay alguna fuerza política dispuesta a mantener que está en contra de la concordia, la convivencia y la pacificación?).

Dibujado el perímetro del debate, tal vez resulte viable introducir otra dimensión del asunto, que no siempre se pone en primer plano y que, a mi juicio, debería verse más destacada. Si echamos la vista atrás, tal vez se entienda mejor lo que pretendo plantear. Soy de quienes piensan, sin la menor reserva, que los indultos concedidos en la pasada legislatura a los líderes del procés constituyeron una medida políticamente acertada. No tengo en cambio idéntica opinión de las otras medidas que se adoptaron acompañando a la anterior. Dejo por un instante al margen la cuestión de la malversación para destacar que, como tantos, no alcanzo a ver que el delito de sedición pueda ser sustituido por el de desórdenes públicos agravados, por la sencilla razón de que, en tal caso, de repetirse una situación como la de septiembre de 2017 pero sin movilizaciones en la calle ni alteraciones del orden, la conducta protagonizada por Puigdemont y demás líderes independentistas no merecería el menor reproche legal.

Pues bien, de alguna manera cabría establecer un paralelismo formal entre el momento en el que se concedieron los indultos y el actual. También a la hora de negociar la investidura el independentismo no se conformaba con reclamar al gobierno central una sola medida, sino que le planteaba varias. El mismo paquete en el que iba la amnistía incluía también determinadas reivindicaciones económicas y, sobre todo, la convocatoria de un referéndum de autodeterminación. Esto último ha generado una notable inquietud, en especial entre aquellos que, en Cataluña, se han opuesto con firmeza a lo largo de estos años a las pretensiones independentistas y a los que últimamente algunos parecen empeñados en invisibilizar, cuando no a ningunear. La respuesta se supone que tranquilizadora del Gobierno ha sido en todo momento la de que es el marco constitucional el que no se va a rebasar bajo ningún concepto.  

Pero si a muchos de estos ciudadanos la respuesta les ha resultado poco satisfactoria es porque creen echar en falta un elemento completamente fundamental. Porque en la formulación, reiterada en las últimas semanas por destacados responsables del Gobierno, “la Constitución es el marco y el diálogo, el método”, se omitía algo rigurosamente inexcusable, a saber, el objetivo, sin que resulte de recibo, por lo que ya se ha comentado, que puedan ser considerados como tales la convivencia, la concordia o cosas equivalentes. Y si semejante respuesta no resulta aceptable por demasiado genérica (y, en consecuencia, inútil políticamente), tampoco lo sería, en el otro extremo de la argumentación, una respuesta tan excesivamente concreta como la de que el objetivo era que se pudiera formar gobierno para llevar adelante determinadas políticas progresistas.

Una vez que ya conocemos los términos en los que se va a aplicar la amnistía, no hay excusas para seguir sin explicitar el horizonte preciso hacia el que se desea avanzar en tanto que país

Es en la línea de especificar dicho objetivo en el que se impone avanzar y me temo que no hacerlo a quienes más perjudica es a quienes se exceden en la prudencia (o en el cálculo). En su momento, el independentismo puso encima de la llamada Mesa del Diálogo entre el gobierno central y el govern de la Generalitat dos puntos que con posterioridad fueron reiterados como condiciones para la negociación de la investidura: amnistía y referéndum de autodeterminación. Buen número de catalanes no independentistas, especialmente los votantes de la izquierda, agradecerían saber cuál era la propuesta alternativa que el gobierno central presentaba en esa misma Mesa (más allá de la vaporosa “agenda del reencuentro”), lo que es como decir qué modelo de cohesión territorial —o qué idea de España: no tendría el menor inconveniente en formularlo también así— se está planteando y, complemento imprescindible, con qué medios se está dispuesto a defender dicho modelo. (Al final presentaré mi propia propuesta).    

Sin la menor duda, ha habido pocos momentos en el pasado reciente en los que resultara más urgente y apremiante dicha clarificación. Una vez que ya conocemos los términos en los que se va a aplicar la amnistía, no hay excusas para seguir sin explicitar el horizonte preciso hacia el que se desea avanzar en tanto que país. Son muchos los ciudadanos que no entenderían que un gobierno de izquierdas, que tan altos peajes ha tenido que pagar, primero para mantener en pie la coalición y, luego, para conseguir reeditarla en una nueva legislatura, no tuviera el coraje político de manifestar qué pasos piensa dar para avanzar hacia el horizonte que se supone que define a su partido mayoritario, que no es otro que el horizonte federal (a diferencia del socio minoritario, que, hasta donde se sabe, parece estar más bien por la confederación). Aunque, de momento, probablemente los mencionados ciudadanos tampoco han terminado de entender la ausencia absoluta de toda referencia al problema catalán en el programa de gobierno pactado por el PSOE y Sumar a finales del pasado octubre.

Como complemento obligado a lo anterior, quienes —sobre todo en Cataluña— más han dado la batalla política a favor de la Constitución agradecerían, ciertamente, que la invocación genérica a su condición de marco irrebasable en cualquier negociación fuera acompañada de alguna medida concreta que garantizara que, en efecto, no se está renunciando a disponer de los instrumentos con los que defenderla de los eventuales ataques que pudiera recibir. La experiencia acumulada en estos años debería resultarnos de utilidad. Situaciones que tiempo atrás eran tenidas por completamente inverosímiles han pasado a ser perfectamente factibles, por no decir repetibles. Se impone reaccionar ante semejante posibilidad y pensar en qué habría que hacer de producirse en el futuro determinados escenarios. Se me permitirá que señale una iniciativa entre muchas que cabría adoptar. Aunque tal vez tuviera algún sentido en el pasado despenalizar el delito de convocatoria de referéndum ilegal (iniciativa de la que gusta alardear el expresidente Zapatero), creo que, en el presente momento y a la vista de todo lo sucedido en Cataluña la pasada década, urge reformar el Código Penal para que ese tipo de convocatorias sea considerado de nuevo un delito. No vaya a resultar, como me permitía advertir hace unos días en este mismo diario, que lo que ocurrió primero como farsa se repita como tragedia.

Soy consciente de no estar presentando una propuesta políticamente muy original (de hecho, el Partido Socialista ya la llevaba en su programa electoral en 2019) ni excesivamente ambiciosa. Desde luego, no cabe esperar de ella que vaya a convertirse en el bálsamo de Fierabrás para todos nuestros males, pero al menos cerraría el paso a cualquier hipotética tentación futura de unilateralidad, de momento tan solo aparcada. Y, puesto que lo prometido es deuda, ahí va mi propuesta para la antes citada Mesa del Diálogo: ¿qué tal si, frente a la reivindicación independentista "amnistía y autodeterminación", los socialistas propusieran de manera abierta y clara "federalismo y Constitución"?

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Manuel Cruz es catedrático de Filosofía y expresidente del Senado. Fue el primer presidente de la asociación Federalistes d´Esquerres.