Aunque el debate sobre la necesidad de abrir nuevos espacios para la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones colectivas haya alcanzado la agenda política nacional en los últimos años, su presencia en el mundo local es muy anterior.
Al menos desde la mitad de la última década del siglo XX, bastantes ayuntamientos españoles (y de muchas otras zonas del mundo), parte de las asociaciones y movimientos locales y del mundo académico están reflexionando y experimentando con nuevas fórmulas para dar mayores posibilidades de voz a la ciudadanía. Según los países y los momentos, este movimiento ha estado más liderado por espacios ciudadanos como el Foro Social Mundial, por partidos políticos o personalidades concretas, o incluso por instituciones internacionales como Naciones Unidas o el Banco Mundial.
Una de las dificultades a la hora de valorar la aportación que han hecho estos procesos a la democracia local tiene que ver precisamente con esa diversidad. Los nuevos mecanismos de participación serían la respuesta, pero ¿cuál era la pregunta? ¿Para qué los hemos creado? Aunque seguramente en cada caso obtendríamos respuestas diferentes a estas preguntas, en este artículo vamos a suponer que estos espacios se crearon para que las propuestas que salieran de ellos sirvieran para hacer mejores políticas públicas, para influir realmente en las políticas locales. Pero para que ello sea posible haría falta que se diera una condición de la que sabemos muy poco: ¿Se llevan a la práctica, se convierten en políticas reales, las recomendaciones y propuestas que realizan la ciudadanía y/o las asociaciones en estos procesos?
En un proyecto que estamos desarrollando hemos tratado de dar respuesta a esta pregunta a partir de una selección de mecanismos participativos muy diversos desarrollados en la legislatura 2007-2011 en 25 municipios de Andalucía, Cataluña y Madrid, en los que hemos seguido algo más de 39 procesos y algo más de 600 propuestas realizadas en ellos por los participantes. El gráfico 1 representa, en síntesis, lo que ha ocurrido con estas propuestas. Para nuestra sorpresa, nos hemos encontrado con un nivel de ejecución y cumplimiento considerable de las propuestas: más de dos tercios de las propuestas se han ejecutado y en la gran mayoría de los casos eso se ha hecho sin realizar cambios sustanciales en las propuestas. Quizás el primer “pero” que aparece en esta primera mirada a los resultados es que, cuando se han hecho cambios, estos no se han explicado a la ciudadanía en la mayoría de los casos.
Gráfico 1. Nivel de implementación de las propuestas realizadas en 39 procesos participativos locales
Fuente: proyecto cherry-picking (CSO2012-31832)
Sin duda, estos resultados no son una mala noticia: de forma más o menos explícita según los casos, la ciudadanía participante esperaba que hubiera esa conversión de propuestas en políticas y por tanto, que esta se dé en una proporción considerable es un paso interesante. Esto no significa que estos procesos hayan representado necesariamente un gran avance en el estado de nuestras democracias locales.
¿Podemos reconciliar estos hallazgos con la creencia ampliamente compartida de que nuestros gobernantes locales son poco sensibles a la voz y la participación de la ciudadanía? De hecho, hay varias razones que nos pueden ayudar a hacer compatibles estos resultados con esta percepción más extendida y escéptica de la realidad local.
En primer lugar, estos son los resultados que se dan en el universo que hemos estudiado. Ello no implica que la inmensa mayoría de las decisiones sobre políticas locales se tomen sin mediar ningún tipo de proceso participativo. Incluso podría ser que, aunque la mayoría de los ayuntamientos contactados ha cooperado con el estudio, estos podrían corresponder a una parte de la realidad donde las cosas hayan funcionado mejor que en el resto. Quien ha sido alumno aplicado al desarrollar las propuestas, también lo ha sido a la hora de publicitar el proceso y cooperar con los investigadores, mientras que algunos fracasos permanecen escondidos y no trascienden el ámbito local.
Una de las razones principales para no magnificar el significado democrático de estos resultados es que probablemente se trate de decisiones relativamente pequeñas, tanto desde el punto de vista presupuestario como político. Aunque incluyen ideas en casi cualquier ámbito de políticas (urbanísticas, ambientales, sociales, culturales,…) y algunas de ellas tienen presupuestos de ejecución considerables, no hay ninguna duda de que los políticos locales tienen la opción de elegir cuáles son las políticas que abren a la participación ciudadana y cuáles no y, sin duda, en muchos casos (con algunas excepciones interesantes), solo abren aquellas en que pocas de sus preferencias fuertes están en juego, desde los detalles de un proceso de urbanización hasta el establecimiento de uno de los festivos locales.
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Por último, los políticos locales tienen también sus armas para tratar de resultar victoriosos en los procesos participativos, desde la influencia que pueda ejercer su propia capacidad de liderazgo, hasta el mayor control sobre la información con que cuentan a través de la administración local, cómo en la selección de las reglas del juego del proceso (qué tipos de participantes son convocados, cuánto tiempo se dedica a informar o a discutir, cómo se incorpora la información técnica a las decisiones…) que pueden ayudarles a lograr que las propuestas que salen de estos espacios no vayan abiertamente en contra de sus deseos.
Este es un tema del que necesitamos saber mucho más para emitir juicios definitivos. Algunos pueden pensar que esta no es la pregunta correcta (si, por ejemplo, pensamos que no se trata de lograr mejores políticas, sino de educarnos en el ejercicio de la democracia), que también necesitamos analizar otras partes del proceso (por ejemplo, quién participa) o ver si estas políticas logran realmente construir ciudades más justas o más sostenibles. En todo caso, celebremos que en bastantes de los procesos existentes las propuestas ciudadanas llegan a aplicarse y se convierten en políticas públicas realmente implementadas, a pesar del rol aún marginal que los espacios y las políticas participativas siguen jugando en la democracia local y de las fuertes carencias que muchos de estos procesos contienen.
Joan Font es director e Investigador Científico del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSIC en Córdoba. Es autor de numerosos trabajos académicos sobre participación política y democracia local.
Aunque el debate sobre la necesidad de abrir nuevos espacios para la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones colectivas haya alcanzado la agenda política nacional en los últimos años, su presencia en el mundo local es muy anterior.