Andan a vueltas unos y otros discutiendo quién tiene más pulcro el carné de socialdemócrata y ante ello se me ocurre un breve repaso histórico que puede aclarar los conceptos. La socialdemocracia tiene más de siglo y medio de historia y ha pasado por lo menos por tres fases: una marxista hasta la segunda guerra mundial, otra clásica o Edad de Oro (desde la posguerra hasta los años 90) y otra de corte más liberal que es en la que nos encontramos, pero puede ser suficiente trazar unas pocas pinceladas de los Gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero para entender qué contradicción se está dirimiendo en estos momentos.
En líneas generales podemos convenir que el primer periodo socialista fue protagonizado por un esfuerzo intenso y prolongado con el objetivo de ofrecer una cobertura universal de servicios asistenciales y de converger con el modelo de Estado de bienestar europeo. En 1982, cuando el PSOE llegó al poder, el gasto público se situaba en torno al 36%, muy lejos del 48,7% de media en la UE. En los catorce años de gobierno, hasta 1996, estos 12 puntos de diferencia se habían reducido a 5: España alcanzaba el 43% (Europa se hallaba en torno a los 48 puntos).
El gasto social había experimentado una evolución parecida, aunque el éxito en la convergencia con Europa no había sido tan grande: en 1982 el gasto social español partía del 16,5%, mientras que el europeo se situaba en el 23,5% (7 puntos de diferencia). Catorce años después, España alcanzaba el 21% y Europa el 27,5% (la diferencia ni siquiera se había acortado en un punto). Algo parecido le ocurría a los capítulos sectoriales de este gasto. La educación, por poner un ejemplo, partía de un 3% del PIB para en 1996 alcanzar el 4,3%. Naturalmente el crecimiento no son sólo cifras: se había mejorado el nivel de escolaridad, el gasto por alumno y el salario de los profesores.
Todo esto no fue posible sin una reforma fiscal agresiva. El índice de presión fiscal (esto es: la relación entre el total recaudado en impuestos y el PIB) de 1982 era de casi el 25%. En 1996 llegaba al 32,5%. El avance había sido notable, pero también hay que señalar que apenas había logrado recortar el diferencial con Europa (que en 1982 se situaba en el 37% y en 1996 en el 45%, es decir, continuaba siendo un 12% superior con una diferencia de décimas).
Si observamos las fases de esta evolución descubrimos algunos detalles significativos. El primero es que el esfuerzo había comenzado en todos los aspectos (gasto público, gasto social, presión fiscal) ya en la fase previa, es decir, desde 1978, con un salto cuantitativo, que también fue cualitativo, más que importante. Si el PSOE había mejorado la capacidad fiscal del país en 7 puntos en 14 años, UCD había realizado un logro similar pero en la mitad de tiempo. Conseguir pronto y rápido un Estado del bienestar europeo se había convertido en una empresa colectiva.
El segundo dato es que, ya propiamente durante el periodo socialista, se observan dos fases claramente diferenciadas: 1982-1993 y 1993-1996. Dicho de otra manera, en 1993 se produce un llamativo cambio de tendencia. Hasta esa fecha las cifras habían sido netamente ascendentes: el gasto público había llegado al 47%, el gasto social al 23% y la presión fiscal al 34%. Desde entonces el proceso, que continuará con Aznar, marcará una curva claramente descendente (el gasto público descenderá hasta el 43, el gasto social hasta el 21 y la presión fiscal hasta el 32,5%).
¿A qué responde este cambio de tendencia? Varios factores se conjugan para que la presión fiscal afloje y la inversión social se debilite. Por un lado, el excesivo crecimiento del déficit público (que ha superado el 6%) hace necesarias políticas de ajuste. Por otro, el primer programa de convergencia ha sido un fracaso y España se ve obligada a hacer un esfuerzo adicional. Sin embargo, el cuadro no sería completo sin mencionar que también se empiezan a producir privatizaciones del sector público y que el cambio de tendencia es general en toda Europa: presión fiscal e inversión social comienzan a descender de manera generalizada. Si se observan los índices europeos asistimos a la inflexión de la curva durante el mismo año crítico: 1993. El impacto de la revolución liberal conservadora, nacida durante la década anterior bajo los auspicios de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, estaba llegando al continente y con él un nuevo paradigma de gestión económica. Ya nada será igual en España y en Europa de entonces en adelante.
Durante los siguientes años, Aznar profundiza en la tendencia. No tanto en la presión fiscal, que paradójicamente sube dos puntos hasta el 34,7%, sino en el gasto social que se derrumba desde el 43% hasta el 38,9%. Estas serán las cifras de las que partirá José Luis Rodríguez Zapatero.
Durante los primeros años al nuevo presidente del Gobierno le sucede lo mismo que a su predecesor: la presión fiscal sigue creciendo por efecto de la bonanza económica a pesar de los intentos para contenerla mediante bonificaciones fiscales. Primer dato a tener en cuenta: el PSOE de los años 2000 no pretende una subida de impuestos que permita sufragar un creciente Estado del bienestar hasta equipararse a la media europea (por entonces en cuanto a presión fiscal rondando el 41%, es decir, cuatro puntos más) y por supuesto ni de lejos a los elementos de cabeza como Suecia (52%), sino todo lo contrario. El objetivo es la contención fiscal.
¿He dicho contención? Tal vez este fue el primer objetivo. Sin embargo, a partir de 2007 se aboga directamente por la rebaja de impuestos. "Bajar impuestos es de izquierdas", sostuvo el presidente en una frase para la Historia (sin exagerar). En dos años, hasta 2009, la presión fiscal se desploma casi seis puntos, una rebaja brutal que situó la cifra en el 30,7%. Jamás nadie se había atrevido a tanto.
¿Y en cuanto al gasto público? Conviene repetir como un mantra las cifras de la evolución de la primera fase del Gobierno Zapatero, entre 2004 y 2007, cuando la economía española va viento en popa y todavía no ha estallado la crisis: 38,9%, 38,4%, 38,4%, 39,2%. Es decir, en plena fase expansiva de la economía, la socialdemocracia española estanca el porcentaje de gasto social, renuncia a profundizar en el Estado del bienestar y sólo los porcentajes empiezan a subir durante la crisis por el efecto estadístico que se produce al derrumbarse el PIB (de hecho el gasto público crecerá hasta el 45% de una manera artificial). En el año 2007, cuando se produce el cataclismo, España ha decidido no alcanzar la media europea en dicho gasto, que se columbra a más de 6 puntos de distancia, en el 45,6%.
Si observamos la evolución por sectores y atendemos a uno de ellos, como por ejemplo la educación, el desarrollo es idéntico, incluso se observa a la baja. En el año 2004 el gasto en educación se sitúa en el 4,46% del PIB. En el año 2007 en el 4,37%. Sólo Rumanía, Eslovaquia, Croacia o República Checa ostentan cifras peores. A años luz queda Dinamarca (8,30%) o incluso Chipre (6,9%). Se puede argumentar que, dentro de la lógica liberal, mientras la economía crece y no se toca el porcentaje de gasto, la inversión bruta y la inversión por alumno también aumentarán, lo cual es cierto. Entre 2004 y 2007 la inversión bruta en educación creció en 5.000 millones de euros y el gasto por alumno en secundaria casi 500 euros, pero también es cierto que la mejora económica por sí sola no dio para financiar avances más ambiciosos como la educación de 0 a 3 años, la gran cuenta pendiente del Estado del bienestar español, señalada no sólo como uno de los mecanismos predistributivos más efectivos para conseguir el objetivo de la igualdad de oportunidades sino también como un instrumento fundamental para lograr la igualdad de género.
Fruto de esta teoría según la cual el crecimiento económico y no la subida de impuestos es la que debe sufragar la cobertura de beneficios sociales se pudieron dar algunos pasos adelante en el Estado del bienestar: subida de las pensiones mínimas, ampliación del permiso de paternidad, ley de dependencia... Sin embargo, los resultados cabe calificarlos como muy limitados, poco ambiciosos y siempre asediados por la carestía. El más claro ejemplo es la ley de dependencia, desde el principio cercada por una insuficiente dotación presupuestaria e incapaz de crear una cobertura universal y completa del cuidado a los mayores. Mientras tanto el acceso a una residencia de ancianos pública en algunas partes de España seguía siendo imposible.
Por lo demás, los verdaderos avances del Gobierno Zapatero se dieron en leyes y políticas de nula o mínima necesidad presupuestaria: ley de matrimonio homosexual, ley de divorcio, ley de plazos (aborto), ley de violencia de género, ley de memoria histórica, ley de igualdad, ley de economía sostenible...
En definitiva, la última socialdemocracia europea ha aceptado varios dogmas neoliberales, algunos a la fuerza como la estabilidad macroeconómica (Pacto de Estabilidad europeo) y otros motu proprio (contención fiscal), diferenciándose poco en la concepción socioeconómica de su contrafigura liberal, pero descollando en políticas sociales de escaso coste y en reformas legislativas de nulo gasto presupuestario de corte moral progresista. El problema es que al diferenciarse poco o nada en la gestión económica de su oponente conservador y sólo desmarcarse de este en reformas de componente moral abre un tremendo campo potencial a su izquierda que más pronto o más tarde tenía que explotar.
Con este vuelo de pájaro a través de las recientes políticas socialdemócratas, en las que indudablemente me he dejado un sinfín de detalles, apunto a una posible causa de la crisis de credibilidad de la socialdemocracia en toda Europa que ha descrito recientemente Sánchez-Cuenca (aquí). Para una parte importante del electorado progresista, socialdemocracia es lo anterior, la estrategia socioeconómica correspondiente a la etapa clásica, de la que participó Felipe González al menos hasta el año 1993: políticas sociales ambiciosas basadas en una política fiscal agresiva que aboguen por reducir el todavía inmenso diferencial en gasto social que nos separa no ya de los países más avanzados de Europa sino de la media de todos ellos. La socialdemocracia del periodo Zapatero, enmarcada en lo que se ha dado en llamar la Tercera Vía, por el contrario, puede aparecer desdibujada y pacata para este sector electoral, percibida como una apuesta poco convencida y decidida por proveer de igualdad de oportunidades a toda la población y de converger con Europa.
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El PSOE tiene todo el derecho a reivindicar su naturaleza socialdemócrata (no se equivoca: así es actualmente en la mayor parte de Europa). Lo que no debe extrañarle es que haya otros que, anhelando los tiempos de la etapa "clásica", se atrevan a disputarle el término.
Andan a vueltas unos y otros discutiendo quién tiene más pulcro el carné de socialdemócrata y ante ello se me ocurre un breve repaso histórico que puede aclarar los conceptos. La socialdemocracia tiene más de siglo y medio de historia y ha pasado por lo menos por tres fases: una marxista hasta la segunda guerra mundial, otra clásica o Edad de Oro (desde la posguerra hasta los años 90) y otra de corte más liberal que es en la que nos encontramos, pero puede ser suficiente trazar unas pocas pinceladas de los Gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero para entender qué contradicción se está dirimiendo en estos momentos.