Es un hecho discutible que se puedan adoptar decisiones que comprometan la acción de un futuro Gobierno por quienes están en situación política de máxima precariedad. Sobre todo en plena moción de censura. Incluso suscita más dudas, si teniendo éxito la misma, el Gobierno saliente puede y debe publicar una norma jurídica que puede condicionar importantes decisiones de futuro, en materias de relevancia y transcendencia como son todas aquellas que afectan a quienes integran las Fuerzas Armadas (FAS). Esto es lo que ha sucedido con el denominado Plan Integral de Orientación Laboral para el personal militar del Ministerio de Defensa, conocido como PIOL. Se ha publicado el día 4 de junio de 2018, y ha sido firmado por la ministra de Defensa saliente el día 31 de mayo de 2018.
Vamos, un regalito normativo para Margarita Robles, que se complementa con un hipotético y no deseable mantenimiento de los responsables de su elaboración, publicación y posible despliegue. Recordemos que el PIOL se ha generado desde una deslealtad institucional muy considerable. Se ha publicado a pesar de que no han finalizado los trabajos de la Subcomisión de régimen profesional de los militares de las FAS, que fue creada precisamente a instancias del Grupo Parlamentario Socialista que ahora ha de dar apoyo al Gobierno. La información que se tiene de lo que pudiera ser el contenido del dictamen con el que han de finalizar los trabajos de la Subcomisión, permite sostener que son posibles soluciones inteligentes que contribuyan a la resolución de problemas que afectan a miles de militares, hombres y mujeres, a los que debemos apoyar de manera decidida, soluciones que no están contempladas en el PIOL.
Además, el PIOL cuenta con la oposición frontal de todo el asociacionismo profesional representativo de miembros de las Fuerzas Armadas. Las asociaciones de militares lo han expresado de manera contundente de palabra y con acciones decididas en la calle. En este escenario lo leal, razonable y prudente debería haber sido no proceder a su aprobación. Aún se está a tiempo para suspender su entrada en vigor, dado que la orden ministerial que aprobó el PIOL prevé que no entrará en vigor hasta veinte días después de su publicación. Pudiera ser esta decisión una de las primeras que adoptase el nuevo equipo del Ministerio de Defensa.
En todo caso, no es baladí recordar que el principal error de las políticas de apoyo a los miembros de las FAS que deseen o deban abandonarlas es radicar todas las posibles medidas y acciones para ello, en órganos del Ministerio de Defensa, sin la colaboración, coordinación y cooperación garantizadas, pactadas y comprometidas de otros ministerios, de otras administraciones y, sobre todo, del mundo empresarial y sindical, y de las propias asociaciones de militares, que conocen de primera mano los problemas de sus compañeros y compañeras afectadas. Ya pasaron los tiempos en que las meras declaraciones de voluntad o de intenciones bastaban para adormecer el problema.
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Ya ha quedado al descubierto que hablar de relaciones con otros actores implicados en la consecución de la empleabilidad de los militares, en entornos ajenos a las FAS, se conseguía por hacer referencia a ello en un papel o documento, sin contar de verdad, de manera inteligente con aquellos que son los que generan empleo y trabajo. Pero hay quienes no aprenden o no quieren aprender por miedo a perder el control sobre un personal, que consideran atado a sus acciones como si de esa manera, se garantizasen un control sobre su presente y lo que es más grave, sobre su futuro cuando dejen de ser militares.
El mismo efecto negativo tiene no relacionar directamente, los procesos de salida de las FAS con los procesos de entrada, de captación y de reclutamiento. Solo desde planteamientos que rozan la necedad puede separarse estos momentos. Pueden parecer cuestiones sin conexión pero, en realidad, están directamente conectadas. Solo si quien entra en las FAS ve un horizonte razonable, creíble y eficaz, que le permita tener una salida de previsible éxito, se verá incentivado a ingresar en las FAS, sobre todo si su integración en las mismas tiene un horizonte y trayectoria profesional tasados y limitados en el tiempo. Es además un factor para cohonestar la necesaria y anhelada estabilidad en el empleo con las necesidades operativas de los Ejércitos y la Armada.
Por todo ello, hay cuestiones que no pueden esperar. Consolidar estas políticas puede ser un verdadero error, que ahora sí es reversible. Pero, sin duda, la solución pasa por cambiar equipos y propiciar que los que adquieran la responsabilidad de dar respuesta a estos problemas, lo hagan desde una visión amplia, abierta, seria, multidisciplinar y esperanzadora, porque los problemas a los que nos referimos tienen solución. El diálogo y la participación son los ejes previos e imprescindibles para conseguir efectos positivos que den respuesta al futuro de miles de ciudadanos y ciudadanas de uniforme. Veremos.
Es un hecho discutible que se puedan adoptar decisiones que comprometan la acción de un futuro Gobierno por quienes están en situación política de máxima precariedad. Sobre todo en plena moción de censura. Incluso suscita más dudas, si teniendo éxito la misma, el Gobierno saliente puede y debe publicar una norma jurídica que puede condicionar importantes decisiones de futuro, en materias de relevancia y transcendencia como son todas aquellas que afectan a quienes integran las Fuerzas Armadas (FAS). Esto es lo que ha sucedido con el denominado Plan Integral de Orientación Laboral para el personal militar del Ministerio de Defensa, conocido como PIOL. Se ha publicado el día 4 de junio de 2018, y ha sido firmado por la ministra de Defensa saliente el día 31 de mayo de 2018.