No dudó el ahora presidente del Partido Popular y flamante jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de tachar de “apartheid lingüístico” la situación en la que se encuentra el castellano en Cataluña. De paso, tampoco ahorró palabras para alabar su gestión sobre la cuestión lingüística en Galicia, lo que ha denominado como “bilingüismo cordial”, y que pretendería extender a todas las comunidades con lengua propia.
No estaría mal, de ser cierta, dicha “cordialidad”, pero la realidad descubre algo bien distinto en las actuaciones de Feijóo en materia lingüística. Para eso, juzgo interesante recordar el episodio en que Feijóo fulminó, gracias a su mayoría absoluta, el Decreto 124/2007 del gobierno del socialista Pérez Touriño, gobierno de coalición entre el PSdeG-PSOE y el BNG, que regulaba el uso y la promoción de la lengua gallega en el sistema educativo.
Hasta ese momento estaba en vigor el Decreto 247/1995 elaborado por el gobierno presidido por Manuel Fraga, un texto que ya reconocía que la adquisición de una competencia comunicativa en gallego por parte del alumnado sólo se podría conseguir a través de la utilización vehicular de esta lengua en una parte significativa del currículo. Un texto que era preciso renovar ya que, entre otras cuestiones, no estaba adaptado a las nuevas leyes educativas.
Pues bien, por parte de Emilio Pérez Touriño y de su consejera de Educación, Laura Sánchez Piñón, de forma modélica y entendiendo que conseguir un consenso estable era la mejor política para el futuro de nuestra lengua, decidió invitar a participar en la redacción del nuevo decreto a todas las fuerzas políticas presentes en el Parlamento de Galicia. Así, Manuela López Besteiro y Bernado Tahoces por el PP, Bieto Lobeira y Manuel Parga por el BNG, y Francisco Cervino y yo mismo por el PSdeG-PSOE, conformamos, con miembros de la Consellería de Educación, el grupo de trabajo. Finalmente, tras arduas, largas y duras sesiones, se conseguía el esperado texto de consenso entre los tres grupos parlamentarios y el gobierno.
Una vez ganada la cita electoral por mayoría absoluta se olvidó de cordialidades, acuerdos, consensos y de todo aquello que pudiera llevar a un pacto, para imponer un nuevo decreto
El anuncio del acuerdo se producía el día 23 de febrero de 2007, en una rueda de prensa celebrada en San Caetano, sede del gobierno gallego. Estábamos presentes la conselleira de Educación, el Secretario General y la Directora General de Ordenación, así como los seis parlamentarios que formamos parte del grupo de trabajo. En la citada ronda debemos destacar necesariamente las palabras de la señora López Besteiro, portavoz de Educación del Grupo Popular, sobre el texto finalmente consensuado: “El nuevo decreto supone un avance para el gallego, garantizando el equilibrio con el castellano. Garantiza la competencia lingüística en las dos lenguas”. E incluso añadía su agrado porque “en educación infantil se respeta la lengua materna y supone aplicar el Plan de Normalización que fue impulsado por el Partido Popular cuando estaba en el poder”.
Blanco y en botella ¿Acuerdo total? ¡Pues no! No tardó nada la maquinaria del PP de Núñez Feijóo, al entender que en pura clave electoral le beneficiaba más renegar del texto acordado, en rectificar a su portavoz, desdecirse del acuerdo y votar en contra del decreto consensuado.
Eso sí, una vez ganada la cita electoral por mayoría absoluta, por uno solo diputado, se olvidó de cordialidades, acuerdos, consensos y de todo aquello que pudiera llevar a un pacto, para imponer un nuevo decreto únicamente con sus votos. ¡Toma “bilingüismo cordial”!
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Guillermo Meijón Couselo es portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista y Coordinador del Área de Educación.
No dudó el ahora presidente del Partido Popular y flamante jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de tachar de “apartheid lingüístico” la situación en la que se encuentra el castellano en Cataluña. De paso, tampoco ahorró palabras para alabar su gestión sobre la cuestión lingüística en Galicia, lo que ha denominado como “bilingüismo cordial”, y que pretendería extender a todas las comunidades con lengua propia.