En estos pocos días, después de la exhumación del dictador Franco del Valle de los Caídos, hemos sido testigos de las reacciones más variadas y virulentas en relación con tal hecho. Se han cocinado sobre la marcha acusaciones de electoralismo y aún se siguen cociendo en la olla electoral, o al menos en la de algunos. Las hubo que tildaron de inapropiada solemnidad oficial al acto; de ausencia de solemnidad oficial; de oportunismo electoral; de falta de vergüenza política; de exceso de prudencia, con un fondo común de por qué no se ha hecho antes en 44 años y se ha esperado hasta ahora; o por qué no se ha esperado a una fecha posterior a la cita electoral. Incluso con el añadido, como peligroso personaje, del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, quien se ha atrevido a soltar, con total falta de la prudencia y discreción debida al cargo, soflamas tan inconsistentes como perturbadoras por la acción del Gobierno, que considera, entre otras lindezas, que "reverdece el odio entre españoles". El Consejo General del Poder Judicial, sin esperar a más, debería hoy mismo abrir la correspondiente investigación.
Han hablado todo tipo de expertos: políticos, periodistas, famosos, famosuelos, menos famosos de todas las áreas sociales. La mayoría, sobre una base de evidente ignorancia en unos casos real y en otros entiendo que simulada. Se han oído barbaridades de todo tipo, por tanto, de las fuentes más diversas. Todo ese alboroto tiene un contrapunto doloroso: no se escucha la voz de las víctimas, probablemente porque la algarabía la silencia o porque a toda esta fauna no les interesan.
Y, ahora sí, he detectado un interés electoral altamente miserable. No cambiarán aquellos que buscan un aprovechamiento en donde no debería haber más que respeto. Después de tantos años, no sabemos ni aprovechar el momento de reivindicación histórica a favor del propio sistema democrático que nos ha deparado la exhumación del dictador. Por el contrario, sus partidarios lo han sabido hacer a la perfección.
Al hablar de afán de electoralismo, se han puesto de acuerdo desde Unidas Podemos y los nacionalistas –con alguna honrosa salvedad– hasta las tres derechas. En estas últimas, y especialmente en la extrema, lo entiendo, pero en los dos primeros me sorprende, me preocupa y me entristece. Lo curioso es que, al final del día, quienes han hecho aprovechamiento electoral, y al parecer seguirán haciéndolo, son estos y no el Gobierno. Todos ellos, cada uno en su medida, me recuerdan a esos mercaderes que ejercían el control sobre el templo para exhibir sus productos ante la mirada permisiva de los sumos sacerdotes que les amparaban.
En campaña
"El 10N no se vota sobre nuestro pasado, felizmente pasado. El 10N se vota sobre nuestro futuro, las preocupaciones reales y la España que tenemos que legar a nuestros hijos", ha dicho el presidente del PP, Pablo Casado, que fue más allá sugiriendo torticeras intenciones de hacer coincidir los datos de la encuesta de población activa con la exhumación del dictador… para distraer la atención. Con ello, además de la ligereza que comporta su afirmación, denota que no sabe ni le interesa comprender lo que es la memoria y su proyección hacia el futuro como un eficaz medio de reparación y garantías de no repetición, a no ser, claro, que niegue la categoría de víctimas a las del franquismo o elimine, respecto del mismo, toda connotación de reproche o condena.
Por su parte, con su habitual ambivalencia, Albert Rivera, por Ciudadanos, vacilaba entre lo positivo de que Franco abandonara el Valle de los Caídos y denunciar la "acción propagandística" de Sánchez, quien "dejará por fin de hablar de los huesos". Aunque dijo que a él le daba igual ya que nació en democracia, afirmación esta que no se acaba de comprender y menos en un político con pretensiones de gobierno. ¿Es la fecha de su nacimiento la línea roja antes de la cual nada ha existido en su país? Da para reflexionar, como muchas de las acciones de Rivera.
Con una confusión de ideas que, desde el frustrado gobierno de coalición, comienza a ser preocupante, Pablo Iglesias (Podemos) ha pasado varios días criticando de electoralista al presidente del Gobierno en funciones, si bien también ha mostrado su alegría por lo que supone para sus familiares presos en las cárceles franquistas. Advirtiendo, claro, que queda mucho trabajo pendiente. Se refería a los poderes fácticos en los que aún considera se encuentran vivos los restos de Franco. Por supuesto estas acusaciones han servido apenas para abrir boca, pues a continuación todos se han lanzado a enviar sus mensajes de cara a la llamada electoral del 10 de noviembre.
De Vox nada nuevo: Santiago Abascal, fiel paladín de la familia Franco, no ha ahorrado epítetos contra Sánchez, "el carroñero de la Moncloa", que ha iniciado "una campaña de odio", según sus aceradas opiniones.
Confieso que me ha causado cierta sorpresa y desazón el portavoz del PNV en el Congreso, también candidato por Bizkaia, Aitor Esteban, cuando afirmó que la exhumación se había convertido en una fiesta de exaltación franquista y en una nueva humillación para las víctimas, en vez de un acto de reparación. A años luz de Esteban, el Gobierno vasco ha aplaudido la exhumación en la perspectiva que yo considero la adecuada. Tal como ha manifestado el portavoz del Ejecutivo autónomo, Josu Erkoreka, un régimen democrático no puede permitir que se mantenga a un dictador en una posición privilegiada. Un tirano que durante 40 años "ejerció el liberticidio de manera sistemática". Añadió algo más Erkoreka sobre los dimes y diretes que ha suscitado el acto cuando se refirió a que toda decisión de un gobierno está sometida a críticas: "Más allá de la pertinencia de una medida adoptada en periodo electoral, hay que trascender de la coyuntura inmediata y darle al acto la importancia que realmente tiene". Y terminó expresando algo que la verdad no he escuchado a otros políticos: "Es, sin ninguna duda, un momento de recuerdo y de memoria para todas las personas que sufrieron los efectos perniciosos de la labor gubernamental durante el franquismo".
En esa línea cito también a Iñigo Errejón (Más País), que ha sabido recordar a quienes sufrieron el franquismo opinando que es una buena noticia para los demócratas y haciendo votos para que "nos dé impulso en el camino de la memoria, la reparación y la honra a quienes lucharon por la libertad. Tenemos más de 100.000 españoles aún en fosas comunes".
Salvo estas y algunas honrosas excepciones más, sumidos en sus deseos de defenestrar al rival, los políticos han olvidado a las víctimas, algunos incluso ni mencionándolas. Eso dice mucho de la calidad personal de quienes aspiran a administrarnos.
La sobriedad del Gobierno
El otro asunto puesto en cuestión ha sido el de la solemnidad o no solemnidad del acto. Excesivo para unos, una vergüenza por la falta de honores para otros. La misma realidad con dos puntos de vista extremos como suele pasar. Afirmar que ha sido como un funeral de Estado y un acto de exaltación o un acto de profanación es tan absurdo como falso. Lo primero, porque el funeral de Estado no ha existido pues el único acto religioso tuvo lugar a puerta cerrada, y lo segundo, porque se ha cumplido la ley y las disposiciones del Tribunal Supremo y del Parlamento a cabalidad.
En este sentido, el Gobierno lo hizo correctamente y los representantes del Estado, con la ministra de Justicia Dolores Delgado como notaria mayor del Reino al frente, estuvieron en su lugar, dando fe como es obligado legalmente de la exhumación y posterior inhumación, mientras la familia recogía los restos con mayor o menor grado de saber estar según los casos.
No hubo honores oficiales, por más que se empeñen algunos iluminados en afirmarlo. La imagen que vio el mundo fue la del Gobierno de España resolviendo una situación histórica con exquisita prudencia y absoluto respeto a la legalidad. El folklore, los gritos, los vivas, las flores y los cánticos estuvieron en los familiares o de la valla del recinto para afuera en boca de unos cientos de exaltados y nostálgicos que conformaron una imagen patética que no puede empañar lo que claramente ha sido un triunfo de las víctimas y de los demócratas. En ningún caso deberían haber entrado al trapo de las trampas electorales. La unidad de los progresistas –y excluyo específicamente a la izquierda para abrir más el espectro– debería haberse mostrado sin fisuras. Pero está claro que algunos carecen de altura de miras y su vuelo es alicorto.
Cuestión de tiempos
Y vamos al asunto del tiempo transcurrido. "¡Ya era hora!", dicen unos. "¿Por qué se ha tardado 44 años?", arrojan otros casi como un insulto. "El PSOE de Felipe González pudo hacerlo"… Ello es cierto, pero hay que hacer una breve llamada de atención en relación a nuestra historia democrática. Les situaré. Entre la muerte de Franco y la victoria del PSOE, en el periodo pre y post constitucional, España vivió unos años muy duros en que la ultraderecha mataba –como lo oyen– con una frecuencia insufrible. ¿Han oído hablar del asesinato de Yolanda González? ¿Y del de Arturo Ruiz? A lo mejor a estos críticos de salón les suena la matanza de los abogados de Atocha… Y a continuación tuvimos, no lo olviden, un golpe de estado de parte de un tal teniente coronel Tejero que fue a presentar sus respetos al cementerio de El Pardo y cuyo hijo sacerdote, por cierto, ofició el funeral durante la nueva inhumación del dictador. El Gobierno de Felipe González tuvo que resolver demasiados asuntos, algunos propios, como el terrorismo de Estado que hundía sus raíces en aquellas apestosas cloacas de la dictadura y que se expandió por la década de los 80; el terrorismo de diversas organizaciones y otras tareas como la modernización del Ejército, que buena falta hacía.
Con el miedo que aún perduraba y perduraría por muchos años, como pusieron de manifiesto las víctimas que concurrieron como testigos en el juicio contra mí, a muy pocos se les habría ocurrido plantear además la exhumación de Franco. No estaba el horno para bollos. Es cierto que posteriormente se podría haber abordado, como tantas otras cosas que no se hicieron.
Desde luego con el presidente conservador José María Aznar eso no iba a suceder. Y puedo aportarles mi experiencia en primera persona cuando me declaré competente en octubre de 2008 para investigar los crímenes del franquismo. No es casual la ola de ira y furor que tuve que soportar y que acabó con mi inhabilitación con la inapreciable ayuda de los corruptos del PP, que tenían que quitarse jueces peligrosos de encima como fuera, y como todavía continúan intentando a día de hoy. Como marca la ley, exigí la investigación de esos hechos criminales, solicité el certificado de defunción de Francisco Franco y otros 34 jefes que dirigieron el golpe de Estado contra el Gobierno legítimo de la República para extinguir su responsabilidad y reclamé que se procediera a las exhumaciones y la búsqueda de desaparecidos, a la vez que la formación de una comisión de expertos entre otras iniciativas. Tuve que soportar todo tipo de barbaridades, de amenazas y fui sancionado con la suspensión, método imprescindible para frenar toda instrucción. No podían consentir que procediera contra quienes habían desarrollado un plan de exterminio sistemático de sus oponentes y una represión que acabó con al menos 114.266 desaparecidos.
Verdad, justicia y reparación
El presidente José Luis Rodríguez Zapatero padeció también persecución y todo tipo de difamaciones por sacar contra viento y marea la Ley de Memoria Histórica, empeño que se agotó con él. Mariano Rajoy, nuevo presidente del Partido Popular, llegó a su largo Gobierno de siete años infaustos prometiendo que no daría un euro para recuperar a las víctimas y éstas, además de sufrir la revictimización de múltiples formas diferentes, pueden dar fe de que lo cumplió. Lo único bueno es que las familias de los desaparecidos habían perdido el miedo y se lanzaron a reclamar verdad, justicia y reparación contra viento y marea y contra buena parte del aparato judicial, empezando por el Tribunal Supremo, que les negó sistemáticamente sus derechos.
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Si no hubiera sido por este año y medio de gobierno socialista, por las iniciativas autonómicas y de algunos ayuntamientos, así como por el empeño que el presidente, la vicepresidenta y la ministra de Justicia y su equipo han desplegado, frente a los intentos frenéticos de sus deudos por obstaculizar, Franco no habría salido de su fosa y seguiría recibiendo honores. Así ha sido durante 44 años en que ha triunfado sobre los restos de sus víctimas eternamente sujetas a su presencia, con todas las "dignidades" de la Iglesia católica frente a la única dignidad verdadera de aquellas.
Con el acuerdo unánime del poder legislativo, la sentencia favorable del poder judicial y la decisión del Gobierno, hemos exhumado al dictador. Ahora, hay que continuar ocupándose de quienes precisan de todos nuestros esfuerzos y que siguen a la espera en el silencio impuesto por el franquismo. Para ello lo primero es que mantengamos un gobierno progresista al frente de la nación, porque ya sabemos qué resulta cuando la derecha está al frente. Las fuerzas de izquierda deben ponerse de acuerdo para arrojar del templo a todos esos mercaderes que solo saben devaluar la democracia y llevarnos a la impunidad y las tinieblas. Se lo debemos a las víctimas.
* Baltasar Garzón Real es jurista y presidente de FIBGARBaltasar Garzón Real
En estos pocos días, después de la exhumación del dictador Franco del Valle de los Caídos, hemos sido testigos de las reacciones más variadas y virulentas en relación con tal hecho. Se han cocinado sobre la marcha acusaciones de electoralismo y aún se siguen cociendo en la olla electoral, o al menos en la de algunos. Las hubo que tildaron de inapropiada solemnidad oficial al acto; de ausencia de solemnidad oficial; de oportunismo electoral; de falta de vergüenza política; de exceso de prudencia, con un fondo común de por qué no se ha hecho antes en 44 años y se ha esperado hasta ahora; o por qué no se ha esperado a una fecha posterior a la cita electoral. Incluso con el añadido, como peligroso personaje, del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, quien se ha atrevido a soltar, con total falta de la prudencia y discreción debida al cargo, soflamas tan inconsistentes como perturbadoras por la acción del Gobierno, que considera, entre otras lindezas, que "reverdece el odio entre españoles". El Consejo General del Poder Judicial, sin esperar a más, debería hoy mismo abrir la correspondiente investigación.