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El calentamiento global, amenaza a la paz y seguridad internacionales

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Emilio Menéndez del Valle

Sabido es que una de las mayores injusticias del cambio climático es que golpea con mayor dureza a los países más pobres del planeta. Y es el continente africano uno de los más afectados, si no el que más. El 60% de la población subsahariana depende de la agricultura para sobrevivir, pero la inseguridad alimentaria está presente a causa de las alteraciones que produce el calentamiento global. Ello aumenta los flujos migratorios y las tensiones a causa de los recursos que disminuyen dramáticamente y dan paso a la agitación social y a la violencia organizada. Algo no ajeno al hecho de que, globalmente, la década 2011-2020 fue la más calurosa desde que existen registros y que la región del Sahel en Africa occidental resultó más afectada que la mayoría de las regiones, con temperaturas una vez y media más altas que la media internacional. Varias instituciones internacionales, incluido el Banco Mundial, consideran que una situación de condiciones medioambientales en rápido deterioro y débil gobernanza podría llevar a los Estados frágiles a un conflicto abierto. Estados que son los más vulnerables al calentamiento global, razón por la cual Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y otras fuentes definen el cambio climático como multiplicador de amenazas a la paz y seguridad internacionales, porque exacerban los factores de riesgo que previamente existen y aceleran la inestabilidad.

Los Estados contemplan la relación entre el calentamiento global y las amenazas a la paz y seguridad bien a nivel nacional o vía instituciones multilaterales, preferentemente las Naciones Unidas. Muchos Estados lo hacen mediante sus respectivas Estrategias de seguridad, vía parlamentaria o mediante la incorporación del tema a su legislación, a menudo en el Código penal. Para no ser exhaustivo, me referiré a ejemplos de dos mundos distintos.

España lo hace en su Estrategia de Seguridad Nacional. En su apartado Emergencias y catástrofes afirma: “La seguridad de las personas y los bienes se ve afectada por distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, accidental o intencionada. Factores potenciadores del riesgo de emergencias y catástrofes son tanto la despoblación rural como la sobrepoblación de algunas ciudades, la degradación del ecosistema agravada por los efectos del cambio climático o el incremento en la magnitud y frecuencia de algunos fenómenos meteorológicos adversos”. 

Rusia y la mayoría de los antiguos países satélites de la desaparecida URSS integran un mundo ideológica y políticamente distinto del occidental, no obstante lo cual han adoptado, en la relación cambio climático/seguridad, una posición similar a la nuestra. Así, el artículo 358 del actual Código penal ruso define y califica el delito de ecocidio y lo sitúa en la sección XII, que versa sobre “Crímenes contra la paz y seguridad de la humanidad”. Según dicho artículo, ecocidio es “la destrucción masiva de los mundos animal o vegetal, la contaminación de la atmósfera o de los recursos hídricos y asimismo la comisión de otras acciones capaces de causar una catástrofe ecológica”. Tales actos son castigados con pena de prisión de 12 a 15 años. Significativamente, diversos Estados hoy independientes, antiguos componentes de la URSS (Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Georgia, Bielorrusia, Moldavia, Armenia y Ucrania) siguen parecida línea que Rusia y castigan penalmente el delito de ecocidio, en una franja que oscila entre los 10 y los 20 años. Ucrania lo sitúa entre los 8 y los 15.

Rusia y la mayoría de los antiguos países satélites de la desaparecida URSS integran un mundo ideológica y políticamente distinto del occidental, no obstante lo cual han adoptado, en la relación cambio climático/seguridad, una posición similar a la nuestra

La ONU considera el calentamiento global amenaza para la paz y seguridad internacionales. El primer debate en el Consejo de Seguridad tuvo lugar en abril de 2007. Convocado por el Reino Unido para considerar la relación entre energía, seguridad y clima, intervinieron cincuenta delegaciones, incluidos los pequeños Estados insulares amenazados por el aumento del nivel del mar y los causantes de las grandes emisiones de gas de efecto invernadero. Mérito británico es que ya a finales de los años ochenta del pasado siglo había adoptado una estrategia que asumía la naturaleza securitaria del cambio climático, de ahí que decidiera trasladar el debate a Naciones Unidas.

El debate formal de 2007 fue acertadamente dirigido, en su calidad de presidenta del Consejo, por Margaret Beckett, ministra laborista de Asuntos Exteriores de la época. Lo inició aludiendo directamente al peligro que para la paz y la seguridad implica el calentamiento global: “Nuestra responsabilidad en el Consejo es mantener la paz y seguridad internacionales, lo cual incluye la prevención de conflictos. Un clima inestable exacerbará algunos de los principales factores instigadores de conflicto, como las presiones migratorias y la competición por los recursos… Hoy se trata de que el mundo reconozca que existe un imperativo de seguridad, además del económico, de desarrollo y medioambiental, para ocuparse del cambio climático”. 

Es de esperar que a estos argumentos y consideraciones sea sensible la cumbre de la OTAN que se celebra en Madrid.

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Emilio Menéndez del Valle es embajador de España

Sabido es que una de las mayores injusticias del cambio climático es que golpea con mayor dureza a los países más pobres del planeta. Y es el continente africano uno de los más afectados, si no el que más. El 60% de la población subsahariana depende de la agricultura para sobrevivir, pero la inseguridad alimentaria está presente a causa de las alteraciones que produce el calentamiento global. Ello aumenta los flujos migratorios y las tensiones a causa de los recursos que disminuyen dramáticamente y dan paso a la agitación social y a la violencia organizada. Algo no ajeno al hecho de que, globalmente, la década 2011-2020 fue la más calurosa desde que existen registros y que la región del Sahel en Africa occidental resultó más afectada que la mayoría de las regiones, con temperaturas una vez y media más altas que la media internacional. Varias instituciones internacionales, incluido el Banco Mundial, consideran que una situación de condiciones medioambientales en rápido deterioro y débil gobernanza podría llevar a los Estados frágiles a un conflicto abierto. Estados que son los más vulnerables al calentamiento global, razón por la cual Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y otras fuentes definen el cambio climático como multiplicador de amenazas a la paz y seguridad internacionales, porque exacerban los factores de riesgo que previamente existen y aceleran la inestabilidad.

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