Cristina Cifuentes sube a cubierta y comienza a dar instrucciones a la tripulación.
Ordena fijar el rumbo hacia 2019, gira el timón hasta situar el barco mirando directamente a los municipios.
La presidenta de la Comunidad ha expresado su deseo de recuperar alrededor de 50 alcaldías hoy en manos de la oposición, entre ellas, la joya de la corona: El Ayuntamiento de Madrid.
Más allá del legítimo interés del Partido Popular de Madrid en volver a reeditar una época de acumulación de poder local sin precedentes, conviene preguntarse qué papel otorga este partido a los municipios y cuál es su propuesta política al respecto.
Así, tras hacer las cuentas de su periodo de mayor influencia en el ámbito local y constatar la resistencia pertinaz del gobierno regional a establecer un marco de financiación y competencias claro y estable para los municipios, no queda más remedio que plantear algunas dudas con respecto a las consecuencias de un hipotético cumplimiento de los deseos de la señora Cifuentes.
En primer lugar el problema fundamental de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid hoy en día tiene que ver con el ambiguo lugar en el que se encuentran, atascados en lo que a competencias y financiación se refiere.
Así se puso de manifiesto por ejemplo en la reciente Cumbre sobre Europa: “Los refugiados son nuestros hermanos”, auspiciada por el papa Francisco en el Vaticano y coorganizada por el Ayuntamiento de Madrid, a la que asistieron cerca de 80 alcaldes europeos.
En la misma, los representantes de las ciudades pidieron de forma contundente poder ampliar sus competencias y reformar los marcos municipales para poder por ejemplo, atender con diligencia cuestiones actuales como la de los refugiados a los que hoy, a pesar de estar en condiciones materiales de hacerlo, no pueden dar respuesta por falta de competencias.
Lo mismo ocurre en otras cuestiones como la pobreza energética, la gestión de tierras destinadas a la actividad agraria o las políticas de empleo.
Estas limitaciones vienen derivadas en parte por el aplazamiento sine die del debate sobre la segunda descentralización en nuestro país, aquella que iba a trasladar recursos y competencias de las Comunidades Autónomas a los Ayuntamientos. En parte también, porque la Ley 27/2013 conocida como “Ley Montoro”, ha empujado a los entes locales en el sentido inverso al que les abocaría esa segunda descentralización siempre postergada, restándoles autonomía y suficiencia financiera.
Pero, además, cabe preguntarse qué ha pasado en Madrid con la tan cacareada en su momento “Ley de Pacto Local”, una ley del año 2003 que de la mano de Gallardón prometía regular los procedimientos de transferencia y delegación de competencias de la Comunidad de Madrid a favor de las Entidades Locales.
El PP de Cifuentes, no sólo se ha desentendido de cumplir con esta ley elaborada por otro gobierno de los populares, también ha bloqueado (Con la colaboración de Ciudadanos) varias iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid, que planteaban la creación de mesas de trabajo en las que acordar el procedimiento y los contenidos de un nuevo modelo de pacto local en el que establecer con claridad las competencias y la financiación municipales.
Las líneas de financiación regional a los municipios hasta la fecha, se han apoyado en dos grandes pilares en los que conviene detenerse: El plan Regional de infraestructuras y servicios (PRISMA), ahora reconvertido en PIR (Plan de Inversión Regional) y los convenios que mantienen las distintas consejerías con las corporaciones locales.
El último Plan PRISMA estaba previsto para los años 2008 a 2011. Sin embargo, fue prorrogado sin financiación adicional hasta 2016, por lo que los 700 millones de dotación inicial previstos para los 4 primeros años, se estiraron durante otros cuatro más.
Muchas actuaciones de ese plan están pendientes de terminar hoy en día y otras infraestructuras que costaron millones de euros, se terminaron y nunca han podido abrirse al público por defectos de obra. Por ejemplo, el archivo municipal de Móstoles, el Centro Cultural de Bustarviejo, El Centro de Día de Velilla de San Antonio, y otros casos en Alcorcón, Tres Cantos, etc…Millones de euros tirados a la basura. No hay responsables, no hay explicaciones.
Finalmente, el presidente de la empresa pública que ejecutaba las obras del Plan PRISMA (Nuevo Arpegio) está en prisión desde octubre del 2014 por presuntamente aceptar sobornos a cambio de adjudicar contratos públicos, era Secretario General del PP de Madrid y se llama Francisco Granados.
Quien por aquel entonces era Director General de Cooperación Local, Jaime González Taboada, fue designado por Granados como uno de los miembros de la mesa de contratación de la Empresa Arpegio y ha sido señalado por el propio Granados, así como por el presunto cabecilla de la Púnica, David Marjaliza, como presunto responsable de repartirse comisiones a cambio de adjudicar obras del plan PRISMA. También miembros de su partido y algún concejal del PP le sitúan intercediendo a favor de empresas vinculadas a la Púnica como Cofely.
Pues bien, Jaime González Taboada es hoy coordinador general del Partido Popular, Consejero de Medioambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio y número tres de Cristina Cifuentes. Con ustedes, el nuevo PP.
Pero más allá de los escándalos de corrupción que han rodeado a este pilar de la financiación local en Madrid, desde el grupo parlamentario de Podemos hemos hecho importantes alegaciones tanto al viejo PRISMA como al nuevo PIR.
No existe una planificación global de las inversiones con perspectiva regional. Al no haberla, obtenemos una suma de intervenciones fragmentadas, desconectadas unas de otras y que no permiten establecer un horizonte de desarrollo armonioso para la Comunidad de Madrid, de modo que se suman intervenciones en municipios sin una intencionalidad estratégica que modifique el paisaje resultante.
Además, el Plan de Inversión Regional 2016-2019 ahonda en la brecha y la desigualdad de la región al configurar una Comunidad de Madrid de tres velocidades:
Por un lado están los municipios que tienen una situación financiera tan desastrosa que se quedarán sin inversiones ya que el dinero que les corresponde se irá hasta en un 90% en pagar deuda. Es el caso de municipios como Parla o Navalcarnero.
Están también los que pueden permitirse la cofinanciación pero no hacerse cargo ellos mismos de las obras, ya que esta modalidad del plan implica cargar con más costes que si las ejecuta la propia Comunidad. Estos tendrán sus equipamientos e infraestructuras, pero no sabemos cuándo ni cuando se les pagara lo que se les deba.
Y finalmente, están aquellos que tienen una mejor situación financiera y pueden pagar la cofinanciación y además asumir los gastos y exigencias que supone hacerse cargo de las obras, y asegurarse de que el ritmo de ejecución les permitirá tener las obras terminadas en tiempo y forma, no como ocurrió con el anterior plan.
Mientras ponen en marcha estas tres velocidades que ensanchan los desequilibrios territoriales de una Comunidad desigual, el PP de Cifuentes habla de “Reequilibrar territorialmente la Comunidad de Madrid”.
Para colmo, es obligado subrayar que el recién estrenado Plan de Inversión Regional, no tiene respaldo presupuestario ya que para el 2017, en el proyecto de presupuestos de la CM, según el gobierno regional, se destinarán 155 millones. Sin embargo, no se aclara en el proceso de discusión de ese proyecto de presupuestos, qué parte de ese dinero irá destinado al cierre del plan anterior, cuánto se dedicará realmente al nuevo plan, o a qué irán destinadas partidas del orden de 40 millones que quedan en el proyecto de presupuestos sin especificar.
En cualquier caso, teniendo en cuenta que el PIR establece un ritmo de ejecución del 33% del total de la inversión hasta el 2019, deberíamos tener consignación presupuestaria de 233 millones anuales durante los ejercicios 2017, 18 y 19 para poder gastar los 700 millones del plan en tiempo y forma. No parece, ni de lejos, que vaya a ser el caso.
Esta inseguridad con respecto a los plazos de ejecución de las obras, la disponibilidad presupuestaria y la entrega de las cantidades que les adeude la Comunidad, está llevando a muchos municipios a plantearse su participación en el plan para evitar el empantanamiento de obras y remanentes que ya experimentaron con el Plan PRISMA pendiente aún de cerrar.
Con respecto al segundo pilar de la financiación local, los convenios, debemos poner de relieve los problemas que genera a los Ayuntamientos la retirada unilateral y progresiva de estos convenios que reiteradamente protagoniza el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Estos convenios regulan el desarrollo de prestaciones así como la financiación de las mismas: Escuelas de música, BESCAM, Escuelas infantiles, etc…
La reducción progresiva e imparable de las aportaciones del gobierno regional así como los frecuentes atrasos en los pagos, hacen que los municipios a menudo deban endeudarse con los bancos para pagar servicios que no les corresponde prestar a ellos sino a la Comunidad, pero sin los cuales la vida local se resentiría. De modo que la deuda se convierte en deuda financiera, generando intereses y provocando importantes desequilibrios en la tesorería local.
Pese a éstas y otras dificultades, tras las elecciones de Mayo de 2015 hay fuerzas de cambio municipales en distintos municipios que desarrollan prácticas inspiradoras y en muchos casos están compensando el deterioro provocado por gobiernos anteriores. Lo que necesitan de la comunidad es que establezca un marco de competencias claro y un sistema de financiación estable, justo y predecible.
El Ayuntamiento de Pinto, ha sido galardonado en Málaga por su programa Gobierno Abierto y la FEMP reconoce sus "buenas prácticas en sistemas de relación con la ciudadanía". En Valdemorillo se han abierto los plenos y es el segundo año que trabajan presupuestos de forma participativa con éxito.
En Móstoles el aumento en el presupuesto de ayudas para material escolar y libros de texto de más de un 100%, y de un 200% en el gasto social (En un solo año), las Ayudas de Emergencia Social han pasado de 800.000 mil euros con el PP a 1.5 millones en un solo año. El anterior Alcalde del PP ha dimitido tras ser imputado en la trama Púnica.
El Ayuntamiento de Madrid está entre los doce ayuntamientos que alcanzan la excelencia en inversión social, según un estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en base a datos recogidos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre 350 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. De esos doce, Madrid es el que más incrementa la inversión social entre 2015 y 2016: nada menos que un 43,2%.
Según ese mismo estudio, de los 37 ayuntamientos que tienen los niveles más bajos de inversión social hay 28 del Partido Popular (el 76%), 3 del PSOE.
Y no hay ninguno de candidaturas del cambio.
Por ello es difícil no perfilar una sonrisa cuando la presidenta habla de su afán de ganar Madrid para que "Los madrileños no sigan sufriendo el desgobierno y la irresponsabilidad de Podemos al frente del Ayuntamiento de Madrid".
La preocupación de Cristina Cifuentes por las personas que viven en ciudades gobernadas o co-gobernadas por fuerzas de cambio es conmovedora, pero innecesaria.
La ciudadanía está teniendo ocasión de comparar una gestión sensata que persigue el interés común, con las prácticas de saqueo de nuestras ciudades que protagonizó el Partido Popular. De contrastar a donde conduce orientar los presupuestos y recursos públicos hacia el interés general y a donde conduce orientarlos a la satisfacción de un reducido grupo de empresas y fondos buitre. De diferenciar entre gobernantes ajenos a las dificultades de la gente corriente que meten la mano en la caja, y representantes que han empezado por ponerse límites salariales nada más llegar a las instituciones para dar ejemplo.
Al ordenar todos los elementos del puzzle municipal en nuestra región, constatamos que la política del Partido Popular en relación a los Ayuntamientos ha consistido en abandono, desinterés e instrumentalización, comprobando que carece por completo de planificación y horizontes estratégicos.
Es imposible negar hoy que las instituciones vinculadas al ámbito municipal gobernadas por el Partido Popular se han visto salpicadas de corrupción de una forma desconocida en la historia moderna del país, generando importantes dificultades y disfunciones en el ecosistema municipal al que, además, el gobierno regional mantiene asfixiado económicamente y con restricciones competenciales que limitan tremendamente sus posibilidades de desarrollo.
Este conjunto de prácticas, favorecen el mantenimiento de los municipios en un régimen de subordinación administrativa que facilita enormemente su control.
Por tanto, cuando Cristina Cifuentes entra en campaña y vuelve su mirada hacia esas más de 50 ciudades que pretende recuperar, la cuestión es para qué y para quiénes desea gobernarlas. Cuál es el proyecto del Partido Popular de Madrid para estos pueblos y ciudades. Necesitamos saber si le interesan también las personas que viven en ellos o los contempla como un simple recurso para ganar elecciones, controlar presupuestos públicos y adjudicar contratos a las mismas empresas de siempre.
Ver más¿Qué pasa con la sanidad madrileña?
Porque en base a las obras, que son amores, no vemos ninguna diferencia de proyecto con el mismo PP que puso patas arriba tantos municipios, privándoles de unas posibilidades de desarrollo que paradójicamente ofrecen hoy las mismas fuerzas de cambio frente a las que quiere prevenir Cifuentes a la ciudadanía. ___________________
Emilio Delgado es diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid.
Cristina Cifuentes sube a cubierta y comienza a dar instrucciones a la tripulación.