Una de las razones que puso encima de la mesa el PP para justificar la segunda investidura de Mariano Rajoy fue la necesidad de abordar la reforma del Sistema de Financiación Autonómica (SFA). Esta fue también, entre otras, una de las razones que empujaron a los barones socialistas (en particular los de Andalucía, Extremadura y Castilla - La mancha) a forzar la abstención a Rajoy y a asumir —al menos en parte— el peso y la responsabilidad de esta decisión. Por esta razón, el Gobierno encomendó la revisión y modificación del actual modelo de financiación a una comisión mixta (con un experto nombrado por cada Comunidad Autónoma y otros por el Gobierno central). Esta comisión de expertos debe elaborar un documento para debatirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, finalmente, remitirse a las Cortes para su discusión y aprobación.
Sin embargo, con la ausencia de Cataluña de la Comisión y de la negociación sobre el SFA el proceso se ha reducido básicamente a un pacto a dos, entre PP y PSOE. A esto hay que añadir la voluntad del gobierno de controlar totalmente el proceso, hasta el punto de que, en caso de no encajar con la idea que el Gobierno tiene, el documento de la comisión de expertos puede ser completamente modificado —e incluso ignorado— por parte del Consejo de Política Fiscal. Todo hace pensar que, efectivamente, este gobierno quiere bloquear cualquier modificación del actual sistema, sobre todo si dicha modificación conlleva un aumento de la autonomía y capacidad de gestión de las comunidades autónomas.
Desde que gobierna el Partido Popular las comunidades autónomas han experimentado un progresivo deterioro de sus recursos y la aplicación de una serie de normas que han puesto (y siguen poniendo) en peligro el Estado de bienestar. Un ejemplo concreto es el reparto, en estos años de absurda e intolerable política de austeridad, del objetivo de déficit entre los diferentes niveles de administración. En realidad han sido las comunidades y los ayuntamientos los que más han soportado el peso de las políticas fiscales restrictivas. No es difícil imaginar el porqué: el PP quiere mermar la capacidad de financiación de los Servicios Públicos Fundamentales que conforman el Estado de bienestar —soportado en gran medida por las comunidades— para así poder justificar privatizaciones de estos servicios. La política de privatizaciones es un punto de referencia ideológico del PP —recordemos que fue Aznar en 1996 quién impulsó por primera vez un plan global de privatizaciones—. Pero además ha sido una fuente de corrupción y redes clientelares, como están mostrando los casos aparecidos en los últimos meses. No hay que ignorar que en muchas ocasiones las comunidades (antes del 2015 casi todas en manos del PP) han apoyado la política fiscal del gobierno, aplicando recortes, y muchas han puesto en marcha programas de privatizaciones y externalizaciones de servicios, siendo los ejemplos más llamativos la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.
En cualquier caso, el actual SFA, aprobado en 2009, era como un avance respecto a los anteriores modelos, con una financiación autonómica más federalista y con una mayor autonomía fiscal para las comunidades autónomas. Sin embargo la crisis por un lado y el hecho de que su aplicación haya sido gestionada por la derecha centralista española han sido dos obstáculos significativos.
Es necesario entender que el SFA nunca ha sido —y nunca será— un óptimo de Pareto diseñado en un laboratorio económico. En realidad es un sistema constituido de forma dinámica, y obedeciendo a los equilibrios políticos de cada momento del tiempo. Por ello no se puede entender el actual sistema sin entender los equilibrios políticos anteriores, y no podremos entender el próximo, sin entender los actuales. Este proceso histórico de construcción del SFA hace que hoy sea un conjunto compuesto por una multiplicidad de fondos, muchos de los cuáles se anulan entre ellos, perdiendo en cierto sentido la coherencia interna del sistema.
Por ello existe la necesidad de reformar algunos aspectos centrales del modelo del 2009, como pueden ser las entregas a cuenta, el funcionamiento de varios fondos así como la necesidad de que el fondo de compensación interterritorial represente por fin un verdadero instrumento de reducción de la brecha territorial. A esto hay que añadir que ha llegado el momento de abarcar el tema de la relación entre la hacienda estatal, las haciendas autonómicas y las haciendas locales, empezando a caminar hacia un escenario de funciones compartidas y consorciadas. Entre otras ventajas, este paso es fundamental en la lucha contra al fraude, y para que las comunidades tengan información clara y trasparente sobre sus recursos. Finalmente hay que responder a las peticiones de una mayor autonomía tributaria para la creación de nuevos impuestos, así como a la necesidad de impedir el dumping fiscal interno, como en el caso del Impuesto de sucesiones. En este último punto, una propuesta podría ser la determinación de un suelo mínimo de tributación acordado en el marco del Consejo de Política Fiscal.
El PP, visceralmente centralista, ha perseguido siempre alimentar los conflictos interterritoriales utilizándolos para fortalecer el papel del gobierno central y su capacidad de negociación bilateral con cada comunidad. Una reforma del sistema de financiación que dotara de mayor autonomía y poder de control a las comunidades autónomas impediría esta dinámica y, por ello, es un escenario que los populares intentarán evitar.
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federal plurinacional
blindaje
*Giuseppe Quaresima e Iván H. Ayala son miembros de la Secretaría de Economía de PodemosGiuseppe Quaresima e Iván H. Ayala
Una de las razones que puso encima de la mesa el PP para justificar la segunda investidura de Mariano Rajoy fue la necesidad de abordar la reforma del Sistema de Financiación Autonómica (SFA). Esta fue también, entre otras, una de las razones que empujaron a los barones socialistas (en particular los de Andalucía, Extremadura y Castilla - La mancha) a forzar la abstención a Rajoy y a asumir —al menos en parte— el peso y la responsabilidad de esta decisión. Por esta razón, el Gobierno encomendó la revisión y modificación del actual modelo de financiación a una comisión mixta (con un experto nombrado por cada Comunidad Autónoma y otros por el Gobierno central). Esta comisión de expertos debe elaborar un documento para debatirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, finalmente, remitirse a las Cortes para su discusión y aprobación.