La llamada Transición española, que terminó formalmente en 1978, cuando se aprobó y promulgó la Carta Magna, fue, en realidad, una transición inacabada; la regeneración política e ideológica que supone el cambio de un régimen totalitario a uno democrático, en España, se quedó a mitad de camino.
No hubo un proceso constituyente al uso, no hubo ruptura sino reforma, se saltó de la legalidad franquista a la democrática, se aprobó por las Cortes franquistas una ley puente, la Ley de Reforma Política, que prediseñó nuestro sistema político. Las oligarquías franquistas lo dejaron sino bien atado medio atado, y por esa razón, la Constitución española del 78 acoge algunos contenidos centrales que no aceptaron discusión.
La Transición española estuvo llena de claroscuros, de luces y de sombras. Esto no es tan excepcional. Lo que sí es llamativo es que esas sombras hayan perdurado hasta nuestros días. Podía haber sido de otra manera. Las constituciones son normas vivas, dinámicas y la mayoría de ellas nacen en momentos convulsos, en coyunturas que a la vez que permiten reflejar avances, dejan huellas extrañas en los textos, rastros que una vez que llega la normalidad constitucional se acaban corrigiendo.
En España no ha sido así, había empeño en seguir manteniendo el orden constitucional tal cual. No ha existido una revisión crítica. Esta postura y cerrazón, fundamentalemente del PP pero también del PSOE, no ha permitido que nuestro sistema político progrese y se adapte a las nuevas realidades.
Como prueba un botón. Desde hace tiempo, era algo sabido que nuestro sistema de las autonomías ya no era válido, no respondía a las necesidades de una España plurinacional. Pero ninguno de los partidos gobernantes ha tenido la suficiente altura de miras para afrontar con honestidad la cuestión nacional.
El Gobierno no ha aportado ni una solución, en todo caso malas ideas como recurrir el Estatut catalan ante el TC o disparates como la reforma de la LOTC. Y de aquellos barros estos lodos, ¡ahora mirad donde estamos!
Cataluña se encuentra ante una escalada de despropósitos de unos y de otros, de los inmovilistas y de los independentistas, que tiene poco visos de resolverse de manera razonable. Permitidme un par de apuntes a tener en cuenta, si se quiere avanzar hacia una solución real a la cuestión nacional.
Uno, las crisis de carácter político, como la que afecta a Cataluña, no se resuelven con medidas coercitivas o represivas, con limitaciones de derechos, estas respuestas fortalecen el desapego de la ciudadanía por sus gobernantes, ahondan en el frentismo y, lo que es más importante, dañan la democracia.
Dos, el Gobierno debiera saber que la adhesión de la ciudadanía a su Constitución no se puede exigir, imponer, no es una ley cualquiera, es la norma que establece el pacto social, un pacto de convivencia, pacto que los ciudadanos y ciudadanas deben sentir y asumir como propio; cuando esto empieza a no ser así sólo cabe adaptar la Constitución a las nuevas exigencias y necesidades o la Constitución acabará perdiendo su principal función, ordenar la vida social y política del país y será letra muerta.
En el caso catalán, nos encontramos, sin duda, ante una crisis democrática muy seria, que está afectando a los consensos básicos que articulan la relación de Cataluña con el Estado e incluso a los que articulan la convivencia de los catalanes entre sí. Pero la cosa no queda ahí: el choque de trenes corre el riesgo de degenerar incluso en una involución democrática de consecuencias imprevisibles, porque nunca faltan quienes pescan en río revuelto y, poco a poco, vemos cómo va avanzando un discurso que legitima la necesidad de abordar el conflicto recurriendo a la restricción de libertades y derechos fundamentales.
Día a día, va calando el relato que promueven algunos medios cercanos al Gobierno y que alienta la persecución fiscal y judicial no sólo de quienes apoyan con sus actos la consulta convocada para el 1 de octubre, sino incluso de quienes son acusados de “apología de la ilegalidad”. ¿Qué demonios es hacer apología de la ilegalidad? Si ya la apología del terrorismo constituye un tipo penal que plantea sus dificultades, qué decir de este discurso, que trata de neutralizar la defensa de cualquier opinión que no coincida con la regulación constitucional o legal del momento.
¿Qué podemos hacer? Desde luego, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos reaccionar inmediatamente, antes de que no haya marcha atrás. ¿Y qué salida podemos proponer? No está el horno para más ocurrencias e improvisaciones. La única salida razonable consiste en transitar el camino abierto para encarar estas cuestiones en los países democráticos avanzados. En el derecho constitucional y en el derecho internacional hay un antes y un después en la resolución de este tipo de problemas, que lo marca el Tribunal Supremo canadiense en el caso de Quebec y que tuvo su continuación en Escocia. La alta corte establece nítidamente que en un Estado democrático plurinacional, no existe un supuesto derecho a la secesión unilateral, pero sí existe la obligación del Estado de habilitar procedimientos dentro de la ley para que allá donde exista una voluntad independentista amplia, esta no se vea abocada a la ilegalidad y pueda expresarse en un proceso con todas las garantías, no sólo para la mayoría, sino también para las minorías, para toda la ciudadanía.
Es el momento de decir basta ya a tanta irresponsabilidad. Nosotros no vamos a sostener ni alimentar, de ninguna de las formas, el enfrentamiento entre un Gobierno que pretende que sean los jueces, los fiscales y la policía quienes apaguen el fuego generado por su incapacidad para proponer soluciones y otro Gobierno que adopta de forma unilateral una hoja de ruta carente de garantías y consensos, en una carrera hacia ninguna parte. Ni vamos a echar leña al fuego ni nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a exigir una salida legal y consensuada y vamos a exigir la única salida viable para resolver la situación catalana desde planteamientos radicalmente democráticos y respetuosos con el derecho a decidir de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña.
Ver másDirecto | El Govern activa la web para saber en qué lugar hay que votar el próximo 1-O
Vamos a movilizar a la ciudadanía y a sus representantes para exigir la apertura de un proceso constituyente que, en primer lugar, consiga introducir en nuestro ordenamiento los criterios establecidos por el Tribunal Supremo de Canadá.
Que nadie se engañe: la solución no es menos democracia. La solución es más y mejor democracia. _________
*Pilar Garrido es profesora de Derecho Constitucional y senadora de Unidos Podemos.
La llamada Transición española, que terminó formalmente en 1978, cuando se aprobó y promulgó la Carta Magna, fue, en realidad, una transición inacabada; la regeneración política e ideológica que supone el cambio de un régimen totalitario a uno democrático, en España, se quedó a mitad de camino.