Chile es un país en crisis. No es solo la recesión económica, la inflación más alta en décadas, los problemas de seguridad pública, las carencias en materia de salud y educación, sino que hay algo más profundo. Desde hace ya varios años se vive una lenta descomposición del modelo de desarrollo neoliberal, y digo “desarrollo” porque el neoliberalismo no solo se impuso en el país en la esfera económica, sino que permeó lo político, social y cultural, constituyéndose en un complejo entramado de institucionalidad, intereses e imaginarios que es muy difícil siquiera pensar cómo transformar. Y este es el gran problema que tiene el actual gobierno de Gabriel Boric, que asumió con todas las esperanzas de ser una nueva generación política que prometía desmontar el modelo neoliberal.
Es en este marco de descomposición sistémica que debemos entender los diversos fenómenos políticos que han ocurrido en Chile en los últimos años. Desde el estallido social de octubre de 2019, hasta el dificultoso proceso constitucional, pasando por los fluctuantes resultados electorales, la crisis prácticamente terminal de varios partidos de la antigua Concertación que gobernó el país durante casi treinta años (Democracia Cristiana, el Partido Radical y el Partido por la Democracia), el surgimiento de pequeños -y muchas veces efímeros- partidos (Lista del Pueblo, Partido de la Gente, Partido Demócrata, Amarillos por Chile, etc.), así como también la fuerza que ha demostrado el ultraderechista y pinochetista Partido Republicano. Todos estos fenómenos dan cuenta de que estamos ante el fin de un ciclo político.
Tener en cuenta este contexto también nos permite aquilatar las profundas carencias que tienen al Gobierno completamente desperfilado y sin lograr repuntar en las encuestas (en las que apenas logra un 30% aprobación y más de un 60% de rechazo). Es cierto que el Ejecutivo ha cometido una enorme cantidad de errores no forzados que han lastrado su gestión, con numerosos problemas de comunicación (declaraciones innecesarias o contradictorias entre las autoridades de gobierno) y acciones políticas mal ejecutadas (por ejemplo, los indultos a los “presos del estallido social”, que ocasionó la caída de la ministra de Justicia y del jefe de gabinete presidencial y que permitió a la derecha acusarlo de favorecer a delincuentes). Se han tratado de explicar estos errores apelando a la falta de experiencia de gran parte de su dirigencia (algunas autoridades declaran que “estamos aprendiendo”), pero esto no ha servido para minimizar el impacto político que supone un Gobierno que no sabe hacer bien las cosas.
Otro aspecto es que el Gobierno se equivocó en su estrategia de instalación, que en vez de empezar su gestión impulsando las principales reformas por las que había sido electo, optó por una excesiva moderación, aduciendo la complicada situación económica heredada y que primero se debían “estudiar” los temas. Pero, en realidad, el Ejecutivo confiaba en que la aprobación de la nueva Constitución le permitiera dedicarse solo a implementar las transformaciones estipuladas en ella.
Por último, la contingencia ha obligado a Boric a implementar una serie de políticas totalmente contradictorias con lo sostenido en su programa y que, al contrario, son tradicional bandera electoral de la derecha. Por ejemplo, aceptar la incorporación del país al Tratado de Libre Comercio conocido como “Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico” (TPP11), y militarizar la seguridad pública (en la zona de la Araucanía y las fronteras del norte).
Sin embargo, ninguno de estos problemas logra dar cuenta fehacientemente del hecho de que el Gobierno no ha llevado a la práctica ninguno de sus principales proyectos –reforma tributaria, reformas al sistema previsional y de salud, políticas de género, reforma de las policías, entre muchas otras–. Es cierto que sí ha habido avances, pero los pocos que se han logrado –aumento del sueldo mínimo, reducción de la jornada laboral a 40 horas– se diluyen rápidamente en la agenda del día a día –prácticamente monopolizada por los temas de seguridad pública–.
Esto no solo ha dejado la impresión de un Gobierno que no ha hecho nada sustancial de su programa transformador, sino que, peor aún, no sabe hacia dónde dirigir el país. Esta total carencia de un modelo alternativo de desarrollo, que vaya más allá de los simples eslóganes, impide esbozar siquiera el imaginario de una nueva sociedad post neoliberal que permita establecer un nuevo horizonte de progreso social y esperanza para las personas.
Esta carencia de nuevas referencias ha abierto una brecha para que la derecha abogue por medidas que fortalezcan al actual sistema neoliberal como única salida a la crisis. Por lo mismo, los resultados de la reciente elección de los integrantes del nuevo Consejo encargado de la redacción de la nueva Constitución no ha sido una sorpresa. No hay que olvidar que la victoria de Boric en la segunda vuelta de las elecciones de diciembre de 2021 fue precisamente contra el líder del Partido Republicano (J.A. Kast), y solo se logró gracias a la alianza entre su conglomerado Apruebo Dignidad (que agrupa al Frente Amplio y al Partido Comunista) y los partidos de la ex Concertación (Socialista, PPD, DC y Radical). Si bien esta alianza supuso la incorporación al Ejecutivo de diversos representantes de la ex Concertación, esto no garantizó una completa convergencia política, porque no hay un proyecto entorno al cual aglutinarse. La expresión más clara de esta fragilidad de la alianza de Gobierno se dio en el fracaso del intento de conformar una lista unitaria para la elección de consejeros constitucionales.
El Gobierno de Gabriel Boric está en un punto muy delicado, no solo por carecer del suficiente poder político para impulsar su agenda, sino porque no tiene claridad de cuál es el horizonte al que quiere llegar
En definitiva, el Gobierno de Gabriel Boric está en un punto muy delicado, no solo por carecer del suficiente poder político para impulsar su agenda, sino porque no tiene claridad de cuál es el horizonte al que quiere llegar. Pero, a la vez, tiene que iniciar prontamente algunas transformaciones significativas que intensifiquen la discusión política, incluso en términos ideológicos. Quizás esto implique la posibilidad de perder varias de estas batallas, pero es imprescindible para mantener el cuestionamiento al modelo neoliberal, que es la razón de ser de este gabinete. Para esto, su apuesta por el reformismo como estrategia de transformación en el contexto de la crisis neoliberal debe asumir dos principios estratégicos.
En primer lugar, es importante no confundir reformismo con pragmatismo. Es cierto que el Ejecutivo no puede caer en un voluntarismo ciego y pretender imponer su agenda sin tener en cuenta las condiciones concretas, tanto políticas como económicas y sociales que imperan en el Chile actual, pero cuando el reformismo se transforma en puro pragmatismo, lo único que hace es demostrar la falta de convicción en su propio proyecto político. Y es que, en la práctica, el pragmatismo implica limitarse a las condiciones que impone el contexto. En cambio, el reformismo, precisamente, busca cambiar ese contexto, es decir, tiene un sentido transformador. Lo cual, evidentemente, exige la voluntad de promover y defender políticamente ese horizonte, construyendo las necesarias mayorías democráticas.
Por otro lado, este necesario componente de realidad del reformismo está en la base de la moderación como estrategia para impulsar las propuestas del Gobierno. Sin embargo, también hay que entender que, en estos contextos de crisis política, la moderación no es un fin en sí mismo, ya que así se transforma en inmovilismo, y este es el peor de los males para un Ejecutivo de izquierda que llegó para impulsar la superación del neoliberalismo. Por lo mismo, la moderación no debe impedir asumir la urgencia de realizar transformaciones significativas que otorguen ciertas certezas respecto al horizonte político al que se busca llegar.
La importancia de llevar a cabo transformaciones significativas no solo implica su concreción normativa, sino que también son pilares sobre los cuales se elaboran los horizontes de un modelo de desarrollo post neoliberal. Si se logra dejar bien asentado ese imaginario, la posible derrota en el Parlamento no implica un fracaso político. El real fracaso es renunciar de antemano, da lo mismo la excusa que se esgrima –falta de votos en el Congreso o de recursos económicos para su implementación–, porque una política reformista que carece de una firme voluntad política para impulsar su agenda termina perdiendo su capacidad de proyectarse a futuro. Esto fue lo que llevó a la decadencia de la Concertación, la alianza perdió el sentido de misión transformadora y, paulatinamente, se terminó constituyendo en una fuerza cuasi conservadora del statu quo forjado durante la transición democrática, lo que terminó impidiéndole superar esta etapa histórica y proyectarse más allá del orden neoliberal.
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Sebastián Monsalve es investigador del Instituto de Estudios Internacionales (INTE) de la Universidad Arturo Prat, y colaborador de la Fundación Alternativas.
Chile es un país en crisis. No es solo la recesión económica, la inflación más alta en décadas, los problemas de seguridad pública, las carencias en materia de salud y educación, sino que hay algo más profundo. Desde hace ya varios años se vive una lenta descomposición del modelo de desarrollo neoliberal, y digo “desarrollo” porque el neoliberalismo no solo se impuso en el país en la esfera económica, sino que permeó lo político, social y cultural, constituyéndose en un complejo entramado de institucionalidad, intereses e imaginarios que es muy difícil siquiera pensar cómo transformar. Y este es el gran problema que tiene el actual gobierno de Gabriel Boric, que asumió con todas las esperanzas de ser una nueva generación política que prometía desmontar el modelo neoliberal.