El gobierno de Castilla y León, a iniciativa de su vicepresidente perteneciente a la ultraderecha, ha amagado con la introducción de un protocolo destinado a la disuasión y coacción a las mujeres en el ejercicio libre de su derecho al aborto, dentro del plan integral de atención a la mujer embarazada. Las medidas adicionales, ocultas tras el término de la oferta voluntaria de prestaciones adicionales a la embarazada, consisten en la escucha del latido fetal, una imagen en 4D del feto y la posibilidad de asistencia psicológica, junto a la garantía del mencionado gobierno a la protección del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales.
Finalmente, la firme respuesta del Gobierno central, iniciando un requerimiento en defensa de la vigente ley de salud sexual y reproductiva, como paso previo al conflicto de competencias y su más que probable paralización por parte del Tribunal Constitucional, y sobre todo el revuelo provocado por el protocolo en la opinión pública, han obligado al presidente Mañueco a paralizar la medida y al PP de Feijóo a clarificar su postura con respecto al aborto en un año electoral. El protocolo es una mala copia de las medidas adoptadas por el gobierno húngaro para dificultar el derecho al aborto, todo ello en el contexto de la reacción de las organizaciones provida, de las iglesias evangélicas y de los gobiernos con mayor o menor influencia de los partidos de ultraderecha.
Sin embargo, los trece años transcurridos desde la ley de plazos del gobierno de Rodríguez Zapatero no han pasado en balde, sino que han supuesto la asunción del derecho al aborto por parte de una amplia mayoría, incluso entre los votantes del Partido Popular y casi con un empate entre los de la ultraderecha de Vox.
El protocolo es una mala copia de las medidas adoptadas por el gobierno húngaro para dificultar el derecho al aborto
Por otra parte, la respuesta del partido demócrata en defensa del derecho al aborto en las elecciones a mitad de mandato en los EEUU supone también un aviso serio para la derecha y las consecuencias electorales de sus coqueteos con los sectores de ultraderecha. Por eso, en un golpe de timón sin precedentes, la dirección del PP no solamente ha instado a su gobierno en Castilla y León a retirar el mencionado protocolo, sino que ha anunciado que asume la ley de plazos que había recurrido hace más de una década ante el Tribunal Constitucional, cuya mayoría progresista acaba de poner fecha para la sentencia definitiva a primeros del próximo mes de febrero, que con toda probabilidad va a ser también favorable.
Sin embargo, tanto la derecha como la jerarquía católica continúan rechazando el aborto como derecho de las mujeres y ven con buenos ojos las iniciativas sociales y políticas que, como en Castilla y León, vayan encaminadas a disuadir a las mujeres del ejercicio de su derecho. De igual modo y a pesar del resultado electoral a medio mandato, la decisión del Tribunal Supremo de los EEUU ha favorecido la ilegalización de la interrupción del embarazo en más de una docena de Estados gobernados por el partido republicano. En este sentido, no cabe duda que la iniciativa forma parte de la guerra identitaria de la ultraderecha para recuperar la iniciativa y diferenciarse de sus hermanos del Partido Popular, aprovechando para ello la plataforma que supone el único gobierno del que forma parte. No en vano en España, el protocolo de la ultraderecha se sitúa a medio camino entre el final de la tramitación de la nueva ley de aborto en el Senado y el inicio de un año electoral, con una primera etapa en las elecciones locales y autonómicas en el plazo de cuatro meses y una segunda en las elecciones generales a finales de 2023.
Porque la nueva ley de aborto, que está a punto de ser aprobada, tiene como principal objetivo devolver la libertad de decisión a las menores entre los dieciséis y los dieciocho años para así decidir la interrupción de su embarazo sin condicionarla a la comunicación paterna como impuso la reforma del gobierno Rajoy, así como a garantizar el derecho al aborto en los centros públicos superando el veto de los profesionales mediante el recurso sistemático a la objeción de conciencia que ha provocado que a pesar del mandato de la ley vigente tan solo se realicen apenas un 15% de las interrupciones del embarazo en los centros públicos en general y aún menos en algunas comunidades en particular gobernadas por la derecha, como Castilla y León. Las enmiendas de los grupos parlamentarios conservadores, al igual que ya ocurriera en la tramitación de la ley vigente, han sido hasta ahora coincidentes en la supresión del acceso a la interrupción del embarazo a menores de 16 y 17 años, la recuperación del periodo de reflexión de tres días para las mujeres que pretendan abortar y la eliminación del registro de profesionales objetores de conciencia.
En este sentido, el protocolo fallido de la ultraderecha en el gobierno castellano y leonés es, además de un paso más en la involución conservadora, ante todo una dosis de recuerdo para el ejercicio de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, en particular en los centros públicos, así como para con las menores con derecho al aborto. En resumen, a pesar del armisticio logrado, no parece que la guerra identitaria de la ultraderecha haya terminado, sino que, por el contrario, no ha hecho más que comenzar.
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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.
El gobierno de Castilla y León, a iniciativa de su vicepresidente perteneciente a la ultraderecha, ha amagado con la introducción de un protocolo destinado a la disuasión y coacción a las mujeres en el ejercicio libre de su derecho al aborto, dentro del plan integral de atención a la mujer embarazada. Las medidas adicionales, ocultas tras el término de la oferta voluntaria de prestaciones adicionales a la embarazada, consisten en la escucha del latido fetal, una imagen en 4D del feto y la posibilidad de asistencia psicológica, junto a la garantía del mencionado gobierno a la protección del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales.