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La oleada de ejecuciones en Estados Unidos, a nivel federal, hasta trece en los últimos 6 meses de la administración Trump, es algo que, por constituir un triste récord, merece la denuncia y el más enérgico rechazo de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM).
Las ejecuciones incluyeron la de Lisa Montgomery, la primera mujer a nivel federal desde 1953, la única mujer que había en el corredor de la muerte. La del primer nativo americano, Lezmond Mitchell, por el asesinato de miembros de su propia comunidad, cuyos representantes manifestaron reiteradamente la oposición a la pena de muerte por ser incompatible con su cultura y tradiciones. La de delincuentes adolescentes, como Brandon Bernard, la persona más joven en ser ejecutada en los Estados Unidos en casi 70 años, que fue condenado a muerte por un crimen que cometió cuando tenía 18 años. O la de Christopher Andre Vialva, el primer afroamericano ejecutado a nivel federal desde que se reestablecieron las ejecuciones, que tenía 19 años cuando cometió el crimen. O la de Dustin Lee Honken, primera ejecución federal en 57 años por un crimen cometido en un estado que había abolido la pena de muerte, el de Iowa, que lo hizo en 1965. O las de presos con serios indicios de discapacidad intelectual, como Emmett LeCroy, Alfred Bourgeouis, Corey Johnson, o Wesley Iva Purkey.
Un elenco de las circunstancias que acompañaron a las últimas ejecuciones en cuya descripción cabría abundar, porque en realidad siempre las hay, porque no hay una sola pena de muerte libre de objeciones: en todos y cada uno de estos casos están presentes los argumentos para seguir combatiéndola.
Estas ejecuciones tuvieron lugar tras 17 años sin que se produjera ninguna a nivel federal en EEUU. Un hecho insólito, ya que, por primera vez en la historia del país, además, el Gobierno federal ha llevado a cabo más ejecuciones que en todos los estados de la Unión juntos. En menos de seis meses, el número de ejecuciones civiles federales ha sido superior al autorizado por cualquiera de sus predecesores en los siglos XX o XXI, independientemente de su ideología política, republicana o demócrata. Nunca antes un Gobierno federal había llevado a cabo más de seis ejecuciones desde la Segunda Guerra mundial. Y la última vez que el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una ejecución entre una elección presidencial y la toma de posesión del nuevo presidente por un crimen federal fue hace casi 132 años, el 25 de enero de 1889, durante la presidencia de Grover Cleveland.
Las ejecuciones se reanudaron en los últimos seis meses del mandato del presidente Trump, desde julio de 2020, coincidiendo con la campaña electoral. Fueron firmadas por el ex fiscal general William Bar para reforzar el mensaje de “ley y orden”, en un momento en el que el titular de la Casa Blanca afrontaba un descenso acusado de popularidad por la forma de manejar la pandemia y por la fuerza del movimiento Black Lives Matter. Por tanto, no es que se esgrimiera la defensa de la pena de muerte como un argumento político, es que se activaron las ejecuciones, se privó a los presos de sus vidas, para utilizarlo a modo de eslogan electoral. Difícil concebir algo más insidioso.
Pero se trata de un episodio excepcional, y como tal lo denunciamos, como un cruel estertor del retribucionismo, para pronto dejarlo atrás. Porque estas 13 ejecuciones han tenido lugar en un momento en que los Estados Unidos en su conjunto y los estados a nivel individual han continuado su tendencia progresiva y gradual a alejarse de la pena de muerte. A finales de diciembre de 2020, a nivel estatal, más de dos tercios de los estados (34 estados), han abolido la pena capital (22) o no han llevado a cabo ninguna ejecución en los últimos diez años (12), incluido tres estados con moratoria establecida por los gobernadores.
El presidente Joe Biden ha afirmado su voluntad de trabajar con el Congreso para aprobar una ley que elimine la pena capital a nivel federal e incentivar a los estados con pena de muerte a seguir este ejemplo. Conviene tener presente que, en este momento, hay al menos 50 personas en el corredor de la muerte federal, según el Centro de Información de la Pena de Muerte, y más de 2.500 personas en el corredor de la muerte en todo el país, incluido el español Pablo Ibar, sentenciado a pena de muerte en Florida.
Desde la CIPM, exhortamos a la nueva administración Biden a cumplir con este objetivo, a revertir el cruel retroceso en la lucha contra la pena de muerte provocado por la anterior presidencia norteamericana y a liderar un nuevo impulso del abolicionismo en el marco de una igualmente renovada lucha de su país por extender la defensa de los derechos humanos.
Jueza Navi Pillay, presidenta de la Comisión y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Federico Mayor, ex presidente de la Comisión y ex director general de la UNESCO; Bill Richardson, comisario honorario y ex gobernador de Nuevo México; José Luis Rodríguez Zapatero, comisario honorario y expresidente del Gobierno de España; y Asunta Vivó Cavaller, directora ejecutiva de la Comisión.Navi PillayFederico MayorUNESCOBill RichardsonJosé Luis Rodríguez ZapateroAsunta Vivó Cavaller
La oleada de ejecuciones en Estados Unidos, a nivel federal, hasta trece en los últimos 6 meses de la administración Trump, es algo que, por constituir un triste récord, merece la denuncia y el más enérgico rechazo de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM).