¿Por qué faltan profesores?

Medios de comunicación recuerdan cada septiembre el caos administrativo respecto a la reubicación, estabilización, masificación de las aulas y falta de profesorado e infraestructuras en primaria, secundaria y universidad. Que si un gobierno de uno u otro color lo gestiona más o menos mejor o peor para intentar garantizar (o recortar) el derecho a la formación y educación pública.

En este caso particular, el problema de este sector profesional es mucho mayor del que pensamos. Un problema sistémico que ninguna Administración y ningún representante político han querido tocar durante las últimas décadas: el acceso, la motivación, el objeto, el reconocimiento, la evaluación y el control del Empleado Público. Y todo gira alrededor de la, cada vez más, privatización de todos los procesos de acceso a la Función Pública.

En primer lugar nos encontramos con un problema estructural, que se amplía a todo el sector público: el proceso de oposición.

Entre los diferentes modelos de acceso, tenemos la existencia del Concurso-Oposición o, en menor medida, el Concurso por Méritos. Son procesos selectivos que no garantizan un modelo imparcial de selección del personal. No garantizan la igualdad de oportunidades. Privatizan los principios de mérito y capacidad para elitizar cada vez más las oposiciones públicas.

Solo vale la pena opositar si tienes acumulados puntos mediante la realización de "cursos de formación y perfeccionamiento" (pagados de antemano), o con una supuesta experiencia laboral (que si no has entrado en bolsa es imposible tener).

Cuando decides presentarte, solo puedes tener opciones reales para aprobar si tienes presupuesto para matricularte en academias (de propiedad en muchos casos interesada). Y esta preparación privada se amplía indefinidamente en el tiempo hasta que se obtiene la plaza deseada. El negocio de "opositar" nunca deja de ser rentable.

En segundo lugar, y esto afecta directamente a los profesores de secundaria, tenemos el mayor requisito en cualquier proceso de acceso: el máster universitario de profesor de secundaria.

Se podría recodar la competencia desleal que existe entre los graduados y antiguos licenciados universitarios para poder acceder a cualquier máster. Esa obligatoriedad de obtener un título en idiomas (que sacamos por vía privada a través de academias o en "la mejorable" Escuela Oficial de Idiomas). Aunque aquí la clave es la poca cobertura en becas si no tienes un determinado perfil de estudiante.

Solo vale la pena opositar si tienes acumulados puntos mediante la realización de "cursos de formación y perfeccionamiento" (pagados de antemano), o con una supuesta experiencia laboral (que si no has entrado en bolsa es imposible tener)

¿Hablamos de la poco acertada legislación sobre las ayudas públicas al estudio y la formación? Siendo el Máster de Secundaria un título habilitante necesario para opositar, no se comprende la cantidad de barreras que existen para que solo pueda acceder a su estudio el típico veinteñero/a dependiente de los padres. Por eso no se entiende el mantenimiento de una nota mínima para acceder a la beca (hasta el curso pasado), la discriminación en los umbrales de renta (al igual que pasa con el acceso a otros derechos como el IMV cuando se mantienen criterios que no tienen relación con la realidad socioeconómica del siglo XXI), o la imposición de un periodo de petición que no se ajusta al periodo de matriculación (la beca se pide en marzo-abril, pero se matricula uno en julio-septiembre).

Como consecuencia, quienes no pueden acceder a un Máster en una Universidad Pública, y tienen respaldo económico, se matriculan en una Universidad Privada. Si una persona quiere trabajar como profesor dentro del sistema público, debe pagarse el acceso, el Máster entre otras cosas, y la preparación de la oposición vía privada. Un sistema de elección público coherente. ¿No?

Llegamos a la última característica para llegar a ser no solo un buen profesor, sino un buen educador: La motivación, evaluación y control del Empleado Público.

No se confundan, no estoy hablando del mismo término economicista neoliberal que intenta equiparar el objetivo económico empresarial con la labor del Empleado Público. Centro la mirada en el objeto final de toda Administración e Institución del Estado: el Servicio Público por el Bien Público.

Todo por culpa de un proceso de selección mal planteado desde su origen, que obliga a que sus aspirantes memoricen una oposición sin tener una motivación que se refugie en cuál es el fin del Servicio y la Función Pública más allá de obtener una legítima contraprestación económica por un trabajo.

Por eso la Inspección de Servicios que evalúa y controla la labor de los Empleados Públicos no funciona. No solo porque se mezclan el objeto y sujeto (que no el derecho) del trabajador por cuenta ajena de una empresa privada con el de un Empleado Público; sino porque los sistemas de evaluación son cuantitivistas y se olvidan de la mejora de la calidad del objeto del Servicio Público junto a principios individuales de vocación personal y función colectiva.

Porque el problema dentro de la falta de profesorado y todo aquello que rodea a la eficacia del Estado del Bienestar no es sencillo de analizar, sugiero que no hagamos demagogia simplificando el problema. Culpabilizando a la derecha o izquierda del tablero político por recortar por un lado o imponer determinados requisitos.

La realidad que envuelve a la cada vez mayor falta de profesores se relaciona directamente con una cuestión estructural, conceptual, procedimental y presupuestaria que nadie ha querido tomar en cuenta seriamente, y que por desgracia afecta a todo el proceso para trabajar en cualquier ámbito de la Función Pública.

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David Acosta Arrés, Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Granada.