Como Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad (COMPI), integrada por 22 organizaciones de mujeres de todo el Estado, y cerca de 35.000 socias; ante las próximas elecciones, expresamos nuestra preocupación por el insoportable aumento de la violencia hacia las mujeres en todas sus manifestaciones; denunciamos concretamente el negacionismo de la violencia machista de la ultraderecha, que se intenta instalar en la instituciones tras los pactos electorales entre PP y Vox, y dentro de estas políticas negacionistas, la eliminación de los organismos de Igualdad, donde se han alcanzado estos Pactos, que pretenden anular todo lo conseguido durante estos años. En la lucha contra la violencia machista es esencial mantener estadísticas desagregadas por sexo para mostrar la realidad social y formular políticas públicas para la igualdad entre mujeres y hombres.
Vemos como este avance del conservadurismo heteropatriarcal pone en serio riesgo la consolidación de la legislación igualitaria alcanzada con mucho esfuerzo y largos años de activismo y movilización social, los números no mienten, 10 mujeres asesinadas en 10 días, a razón de una por día; nos dan una lectura de que no se llega con una respuesta eficaz, de hecho, las feministas reclaman saber que ha pasado con los fondos del Pacto de Estado, sin encontrar respuestas.
¿No somos acaso las mujeres más de la mitad de la población? Y entonces ¿cómo se entiende que no contemos para ninguno de los partidos políticos con medidas concretas en el marco de los DDHH de las mujeres?
Es obligado situar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el eje de las actuaciones del futuro gobierno, por eso la Coordinadora reclama entre otros puntos, el cumplimiento y ampliación del Pacto de Estado para la erradicación de todas las violencias contra las mujeres, transparencia y fiscalización del destino de sus Fondos. Que como hemos comentado, no se está dando suficiente transparencia sobre todos estos fondos. Si tenemos una mirada interseccional en el análisis de las violencias machistas vemos como se entrecruzan discriminaciones múltiples como la pobreza, la exclusión, la migración, la discapacidad, clase, raza… En este marco reivindicamos la independencia económica como el eje transversal en los derechos de las mujeres. Como lo es también el empleo estable y de calidad, y la eliminación de la brecha salarial entre mujeres y hombres en el mercado laboral y en el sistema de pensiones. Puntos todos de obligado cumplimiento para quienes nos vayan a gobernar. Exigir servicios públicos universales y con empleo público digno, es un deber como organizaciones. Al igual que políticas de cuidados y corresponsabilidad. Permisos igualitarios e intransferibles, un sistema público de Atención a la Dependencia que garantice los recursos sin esperas, y la cobertura universal pública y gratuita de la etapa educativa de 0-3 años. Una demanda esta que no termina de hacerse efectiva.
Ante las próximas elecciones, expresamos nuestra preocupación por el insoportable aumento de la violencia hacia las mujeres en todas sus manifestaciones
Están pasando cosas gravísimas con la eliminación del concepto “sexo” sustituyéndolo por el constructo cultural que nos oprime, el “genero”, en documentos y leyes como la “ley trans”; de ahí que reclamamos para este 23J el freno a la penetración de las ideas transgeneristas en el sistema educativo; la supresión del modelo afirmativo de los protocolos sanitarios para detener el bloqueo puberal, la hormonación y la mutilación de niñas, niños y adolescentes sanos. Pongamos la mirada en países como Reino Unido, Francia, Suecia, Noruega y Finlandia que están arrepintiéndose de lo que legislaron y han dado marcha atrás en la hormonación de menores, recomendando cautela extrema y acompañamiento psicológico.
Por último, sin que esto agote nuestros reclamos y exigencias: Exigimos la abolición de toda forma de mercantilización de nuestros cuerpos (la prostitución, la pornografía, la trata; la ovodonación y la explotación reproductiva) a su vez; la derogación de la Instrucción de 5 de octubre de 2010 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que está actuando como “coladero” para el negocio de los vientres de alquiler.
La coordinadora COMPI hace un llamamiento a los partidos a comprometerse con estos puntos. Exigiremos al gobierno que resulte elegido, políticas feministas que garanticen la igualdad y una vida libre de violencias para todas las mujeres.
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Patricia Viviana Ponce es presidenta Coordinadora COMPI.
Como Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad (COMPI), integrada por 22 organizaciones de mujeres de todo el Estado, y cerca de 35.000 socias; ante las próximas elecciones, expresamos nuestra preocupación por el insoportable aumento de la violencia hacia las mujeres en todas sus manifestaciones; denunciamos concretamente el negacionismo de la violencia machista de la ultraderecha, que se intenta instalar en la instituciones tras los pactos electorales entre PP y Vox, y dentro de estas políticas negacionistas, la eliminación de los organismos de Igualdad, donde se han alcanzado estos Pactos, que pretenden anular todo lo conseguido durante estos años. En la lucha contra la violencia machista es esencial mantener estadísticas desagregadas por sexo para mostrar la realidad social y formular políticas públicas para la igualdad entre mujeres y hombres.