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La actuación de las empresas farmacéuticas fabricantes de las vacunas frente al covid-19 es un paradigma de lo que son las prácticas de la industria en este sector: primero se realiza la investigación con fondos básicamente públicos y con escasísima inversión de las empresas (se calcula que menos del 10-20%), luego se patentan las vacunas por empresas privadas sin que los que realmente invirtieron en la investigación tengan capacidad de intervenir sobre ellas, además se fijan precios que incorporan unos beneficios abusivos (entre 4 y 8 veces el precio de coste), y por fin se incumplen los contratos firmados justamemnte con los países que han financiado una parte significativa de la investigación. Al final, un escándalo de abuso de poder y una evidente dejación de funciones por parte de las administraciones públicas, en este caso la UE.
El asunto no es precisamente nuevo, y ya ha pasado con anterioridad en varias ocasiones, con menos relevancia pública, y obliga a la búsqueda de soluciones para hacer sostenible esta situación a la vez que se garantiza a todas las personas el acceso a los medicamentos que necesitan. En este contexto, desde 2005, en la FADSP venimos señalando la conveniencia de poner en marcha una empresa pública de fabricación de medicamentos, y por eso me gustaría señalar al menos 5 motivos concretos y una reflexión estratégica que a mi entender sustentan esta propuesta.
Para garantizar la seguridad de los medicamentos. Hace unos años el caso del Valsartan puso de relieve cómo con frecuencia las farmacéuticas intentan maximizar los beneficios mediante la “externalización” de la producción de los medicamentos, en países donde los controles de calidad son menos rigurosos, y eso produce potenciales riesgos sobre los usuarios. Una industria pública permitiría que los criterios económicos no se impusiesen sobre la seguridad de los enfermos.
Para acabar con los desabastecimientos. Los grandes beneficios de las farmacéuticas se complementan con la desatención de aquellos medicamentos que aun siendo efectivos tienen una baja rentabilidad (se ha denunciado en España el desabastecimiento de 170 medicamentos, cuyo suministro no se asegura por las farmacéuticas porque tienen precios muy bajos y/o porque han desarrollado alguna alternativa de eficacia similar pero de mayor precio), lo que evidencia, una vez más, la preocupación de estas empresas solo por sus extraordinarios beneficios y no por la salud de la población. El caso de la venta de vacunas a países terceros para obtener beneficios extras desatendiendo los contratos firmados previamente es otro ejemplo bien conocido, pero hubo experiencias anteriores con menos repercusión ante la opinión pública (Aspen, etc). Una de las tareas de una empresa pública es acabar con estas situaciones, garantizando la accesibilidad de todos los medicamentos de eficacia probada, aunque no tengan o tengan poca rentabilidad empresarial, eliminando de paso las maniobras especulativas de las farmacéuticas.
Para reenfocar la investigación. Es bien conocido que las farmacéuticas dirigen una parte muy sustancial de la investigación hacia por un lado áreas de gran rentabilidad económica, no necesariamente social, y hacia modificaciones poco significativas de moléculas preexistentes que les permitan nuevas patentes a precios muy superiores sin añadir un valor terapéutico significativo. Una industria pública valdría para reenfocar esta situación y potenciar la investigación hacia enfermedades prevalentes desatendidas, y hacia áreas ahora casi abandonas por sus elevados costes y escasa rentabilidad (el mejor ejemplo es la búsqueda necesaria de nuevos antibióticos ante la utilización inapropiada de los mismos).
Mejorar la transparencia. Las empresas farmacéuticas frecuentemente distorsionan el acceso a las informaciones sobre efectos adversos, limitaciones, etc, de sus medicamentos. Una empresa pública serviría para garantizar la transparencia de todas las actuaciones, problemas y efectos adversos relacionados con la producción y utilización de los medicamentos.
Favorecer el control de los precios. Una empresa pública podría mejorar la relación entre los precios reales de producción y dispensación, tanto por los precios de sus productos como por su influencia sobre los competidores no públicos. Conviene recordar que una de las propuestas iniciales del denominado Obamacare era precisamente el establecer una aseguradora pública que pudiera ejercer esta función de moderación de los precios de los seguros privados (se calculaba que lograría rebajas en torno al 15%). Otro ejemplo reciente, en Brasil una iniciativa empresarial pública proponía la producción de Sofosbuvir a un precio 5,81 veces inferior del que factura Gilead (que por cierto vendió el producto en ese país a 16.000 reales, unos 4.000€ al cambio, mucho más barato que en España).
La reflexión estratégica tiene que ver con el punto anterior. La presencia de una empresa farmacéutica pública daría un gran margen de negociación al gobierno a la hora de acordar y/o pactar precios y condiciones con las farmacéuticas, un margen hasta ahora inexistente, debido en gran parte a la ausencia real de alternativas. Imaginemos que el gobierno de uno o varios países, en su día hubiera decidido en el caso del Sofosbuvir, o ahora con las vacunas del covid-19, la “quiebra de la patente” ante una necesidad de salud pública, al día siguiente se hubiera encontrado en una situación parecida por tener muchas dificultades para atender la demanda asistencial, porque ninguna otra empresa estaría dispuesta a fabricar el producto por miedo a las consecuencias (legales, boicoteo de productos, etc). Solo la presencia de una industria pública farmacéutica convierte a esa alternativa en una realidad factible.
Finalmente habría que hacer otras consideraciones suplementarias. En primer lugar podría pensarse que el elevado número de medicamentos existentes (más de 70.000 patentes de medicamentos en el mundo), sería un obstáculo difícilmente salvable. No obstante, conviene recordar que la última lista de medicamentos esenciales actualizada por la OMS en junio de 2019 recoge solo 557 medicamentos, y que ese elevado número de patentes incluye toda la variedad de “pseudo medicamentos” presentes en el mercado, que ninguna industria pública seria tendría el menor interés en producir. Incluso admitiendo que la lista de la OMS es probablemente restrictiva, una industria pública debe focalizarse en los que tengan un mayor impacto social y económico, y por supuesto cualquier intento consistente de poner en marcha una industria pública debería comenzar por un listado mucho más limitado, porque se trata de un sector que precisa inversiones y experiencia para poder desarrollarse que no pueden improvisarse de la noche a la mañana.
La segunda es el conocido problema de las patentes y los sistemas internacionales que las protegen, una realidad incuestionable, que debería cambiarse y que solo es factible hacerlo a escala internacional, precisando de actuaciones coordinadas y muy complejas, en las que hay que ir dando pasos y la pandemia ha puesto en evidencia su importancia y urgencia, cuando menos en el caso de las vacunas. Ahora bien, no parece fácil conseguirlo a corto plazo, como estamos comprobando con las vacunas del covid-19, por eso es importante propiciar un industria pública farmacéutica para avanzar pasos en el acceso universal a los medicamentos necesarios, por cierto nada fácil de conseguir, porque va contra la tendencia neoliberal de privatizar y adelgazar el Estado, y se encontrará con una gran resistencia de ese poderoso lobby de la Big Farma que en Espña representa Farmaindustria, pero que tiene un gran peso a nivel internacional.
La tercera tiene que ver con la existencia de un dispositivo público en nuestro país, el Centro Militar de Farmacia de la Defensa, que posee instalaciones y personal cualificado para constituir un embrión de esta empresa pública farmacéutica y que a día de hoy se encuentra totalmente infrautilizado, al que podrían dirigirse parte de los fondos provenientes de la UE para ampliarlo y mejorar su capacidad de producción.
Entiendo que hay razones suficientes para poder avanzar en esta iniciativa, que por supuesto sería mejor si se lograra a nivel de la UE, que puede ser clave a medio plazo para garantizar la sostenibilidad de la Sanidad Pública en nuestro país y el acceso de la población a medicamentos que precisa para mantener su salud, porque es previsible que en no demasiado tiempo volvamos a enfrentarnos a nuevas crisis sanitarias.
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Marciano Sánchez Bayle es portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid
La actuación de las empresas farmacéuticas fabricantes de las vacunas frente al covid-19 es un paradigma de lo que son las prácticas de la industria en este sector: primero se realiza la investigación con fondos básicamente públicos y con escasísima inversión de las empresas (se calcula que menos del 10-20%), luego se patentan las vacunas por empresas privadas sin que los que realmente invirtieron en la investigación tengan capacidad de intervenir sobre ellas, además se fijan precios que incorporan unos beneficios abusivos (entre 4 y 8 veces el precio de coste), y por fin se incumplen los contratos firmados justamemnte con los países que han financiado una parte significativa de la investigación. Al final, un escándalo de abuso de poder y una evidente dejación de funciones por parte de las administraciones públicas, en este caso la UE.