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El Partido Popular se pregunta para qué un Ministerio de Igualdad. Vox intentó hace poco, vía proposición de ley, eliminar varios ministerios, entre ellos, el de Igualdad. ¿Para qué un ministerio que se ocupe y preocupe de conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres, en todos los ámbitos de la vida y de la sociedad? La cuestión surgió de mano de una diputada popular en una mesa redonda. Un debate que, como siempre que debatimos presupuestos en el Congreso de los Diputados, organiza la Plataforma Impacto de Género Ya. Esta organización ha redactado un informe con perspectiva feminista sobre los Presupuestos Generales del Estado, una vez aprobado el proyecto de ley por el Consejo de Ministros y cuando se ha iniciado la tramitación en las Cortes Generales. El informe, en formato de manifiesto, ya lo han suscrito cerca de noventa asociaciones.
El solo cuestionamiento de la necesidad de un Ministerio de Igualdad dice mucho sobre la creencia y sobre la querencia que el principal partido de la oposición tiene sobre los temas que afectan de manera particular a las mujeres y que inciden en la desigualdad estructural que sufre la mitad de la población. Independientemente de la opinión que los y las populares tengan sobre la gestión del Gobierno en esta materia, de la que es lícito que discrepen, lo que no es normal es que relativicen la importancia de un ministerio dedicado a impulsar políticas públicas que hagan posibles avances en igualdad. Lo cierto es que ningún gobierno del PP ha contado con un Ministerio de Igualdad. El último, el de Rajoy, fue el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Por ese orden y en ese potaje. Algo que corrigió Pedro Sánchez tras la moción de censura al abrochar esa responsabilidad a la vicepresidencia primera, con una referente feminista como Carmen Calvo al frente. La transversalidad de las políticas de igualdad estaba de esa manera garantizada y se alejaban las políticas públicas feministas del asistencialismo con el que las relacionaba el PP. Antes, con José Luis Rodríguez Zapatero en la presidencia, hubo el primer Ministerio de Igualdad de la democracia y Bibiana Aído estuvo al frente.
Relativizar o negar incluso la importancia de todo lo que tiene que ver con las mujeres forma parte del machismo enquistado en la sociedad y encuentra su traducción política en posicionamientos generalmente de la derecha. Pero hace daño, mucho daño, más allá de las convicciones políticas de cada cual. Hace daño porque aviva los cimientos del patriarcado y otorga justificación a los machistas, incluso a aquellos que llevan hasta el extremo de la violencia sus ínfulas de superioridad y dominio sobre las mujeres. Negar la necesidad de políticas específicas que superen las desigualdades por razón de sexo solo consigue ahondar en ellas.
Por si alguien tuviera alguna duda al respecto y para quienes solo se convencen por criterios economicistas, los números también hablan por sí solos. Según estudios elaborados en países de la OCDE, cuando el número de mujeres ocupadas aumenta, las economías crecen. Superar la brecha salarial e impulsar la ocupación femenina forma parte de las políticas de igualdad que los gobiernos deben implementar. Algunos estudios apuntan a que el coste de no llevar a cabo este tipo de políticas sería mucho mayor que el de realizarlas, por caro que a algunos les pueda parecer el sostenimiento de un ministerio específico, cuestión esta última que no deja de ser una falacia más en esta ceremonia de la confusión. Más de 30.000 millones de euros le costaría a España no contar con esas políticas que el Ministerio de Igualdad tiene la responsabilidad de impulsar. Una cifra con muchos dígitos frente a los algo más de quinientos millones de presupuesto del citado ministerio. Las cifras cantan y el coste de oportunidad, en términos económicos, no hay que desdeñarlo.
Los Presupuestos Generales del Estado aumentan las partidas de igualdad y para la lucha contra la violencia machista. Estas últimas suponen un 54% del total del presupuesto del ministerio. Se consolidan los 40 millones para transferencias a los ayuntamientos, que doblan lo comprometido en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. En total, el aumento presupuestario es del 14,4%, del 25% en cuestión de lucha contra la violencia hacia las mujeres, si tenemos en cuenta los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, al que se debe, básicamente, el incremento. El 90% de los programas de los diferentes ministerios contribuyen a la mejora de la igualdad entre los dos sexos.
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Las políticas para el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres atraviesan estos presupuestos. Seguramente no es aún suficiente la dotación y las políticas son casi siempre mejorables. Pero lo que no vale es negar su esencia y cuestionar su necesidad porque no se esté de acuerdo en la forma en que se desarrollan.
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Lídia Guinart Moreno es diputada por Barcelona y portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Seguimiento y Evaluación contra la Violencia de Género del Congreso y secretaria de Políticas Feministas de la Federación del Barcelonès Nord del PSC.
El Partido Popular se pregunta para qué un Ministerio de Igualdad. Vox intentó hace poco, vía proposición de ley, eliminar varios ministerios, entre ellos, el de Igualdad. ¿Para qué un ministerio que se ocupe y preocupe de conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres, en todos los ámbitos de la vida y de la sociedad? La cuestión surgió de mano de una diputada popular en una mesa redonda. Un debate que, como siempre que debatimos presupuestos en el Congreso de los Diputados, organiza la Plataforma Impacto de Género Ya. Esta organización ha redactado un informe con perspectiva feminista sobre los Presupuestos Generales del Estado, una vez aprobado el proyecto de ley por el Consejo de Ministros y cuando se ha iniciado la tramitación en las Cortes Generales. El informe, en formato de manifiesto, ya lo han suscrito cerca de noventa asociaciones.
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