La convulsa situación política e institucional por la que estamos atravesando tiene, entre otros riesgos, el que dejemos de preocuparnos por los temas estructurales y de largo plazo, que son clave para el futuro de nuestro país. Son, parafraseando al escritor, "tiempos del cólera" que nos pueden llevar a un desánimo y desafección profundos.
Sin embargo, en nuestra opinión, es precisamente ahora cuando deben traerse a colación dichos temas, prestando particular énfasis, por ser absolutamente crítico, al papel que juegan la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestra economía y sociedad. El inesperado y rápido cambio de gobierno es una ocasión que "la pintan calva" para acometerlos y no deberíamos desaprovecharla.
Desde el Foro de Empresas Innovadoras (FEI) venimos insistiendo en que la nueva economía a que aspiramos debe fundamentarse especialmente en la relación entre innovación, productividad y competitividad. Se trata de un elemento básico para que la estructura económica (y no solo la coyuntura) sea más eficiente y robusta, capaz de resistir los impactos de futuras crisis en mejores condiciones que en las de los últimos años.
El anterior Gobierno prestó escasa atención a este asunto, a pesar de la insistencia que sobre la gravedad de la situación veníamos haciendo fuerzas sociales e instituciones de todo tipo. Este juicio se basa en hechos totalmente objetivos, citándose a continuación algunos de ellos.
Se produjo una fortísima reducción del presupuesto para I+D+i dentro de los Presupuestos Generales del Estado. Así, se pasó de los más de 9.600 millones euros en 2009 a poco más de 6.500 millones en 2017, lo que supuso una reducción de una tercera parte, y ello sin tener en cuenta el efecto de la inflación que naturalmente reduce la capacidad de compra. Esta reducción no fue solo debida a la crisis, porque el descenso de la partida de I+D+i fue mayor que la que tuvo lugar para el conjunto de los presupuestos, resultando que mientras que la I+D+i era entorno al 3% del total de los presupuestos hace una década, hoy no llega ni al 2%. Además, y por si cupiera alguna duda sobre el nivel del desaguisado, España ha sido uno de los escasos países de la OCDE que han llevado a cabo tamaña reducción presupuestaria.
Otro dato también muy preocupante es el de la falta de ejecución de los presupuestos aprobados, que no ha hecho sino crecer en este último periodo. En efecto, en 2009, las obligaciones de gasto reconocidas, es decir su ejecución, supusieron entorno al 70% de lo aprobado y fueron descendiendo de manera constante hasta apenas alcanzar el 30% en 2017, lo que ha supuesto que incluso la UE haya hecho una advertencia pública sobre el particular.
De forma descarnada, las obligaciones reconocidas han descendido un 70% en los últimos años, de manera que en 2017 tan solo llegaron nuevos recursos al sistema por un valor entorno a los 2.000 millones de euros. Detrás de ello se encuentra como factor destacado el desproporcionado peso que tienen los recursos financieros, es decir los créditos, sobre los recursos no financieros, o sea las subvenciones, lo cual es particularmente grave si se tiene en cuenta que las instituciones públicas (más de la mitad del sistema español de I+D) no pueden financiarse con créditos y que muchas empresas (singularmente las más pequeñas) no acuden a los mismos por razones tanto de los mecanismos de concesión como de su propia situación financiero-patrimonial.
Este comportamiento "pro cíclico" de los presupuestos es una de las causas, aunque no la única, que explican por qué todos los indicadores disponibles muestran un retroceso de la situación española en el plano internacional. Así, en efecto, el gasto en I+D sobre el PIB ha pasado de cerca de 1,4% a menos del 1,2 % en los años más recientes, mientras que el número de empresas innovadoras ha descendido considerablemente, trayendo aparejada también una caída de los gastos en innovación. Además, todos estos retrocesos han sido aún mas graves de lo que las propias cifras nos dicen, si tenemos en cuenta que ya partíamos de niveles realmente mediocres a nivel de la UE y la OCDE.
Algunas voces desprecian estos datos porque la macroeconomía ha mejorado, en parte debido a las exportaciones. Esto es cierto, pero se oculta que esas mejoras en gran medida se han debido a las rebajas salariales y han venido acompañadas de empeoramientos sustanciales de las condiciones laborales; el papel de la construcción y el turismo en la recuperación es muestra de ello. El cóctel se completa con unas condiciones de contorno muy favorables, como era el bajo precio el petróleo, los tipos de interés muy bajos –en ocasiones negativos- y los graves problemas de nuestros competidores turísticos del mediterráneo.
Los retos que se desprenden del desarrollo de la industria 4.0 no hacen sino añadir más argumentos a favor de la imposibilidad de dar un impulso nuevo y radical a nuestras políticas relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación. Para ello, se pide, en primer lugar, que éstas ocupen un lugar destacado en la agenda política y, en segundo lugar, que se disponga de un diseño institucional que muestre ese nuevo papel, sea mediante la creación de un ministerio ad hoc o se establezcan otros mecanismos o estructuras análogas.
Paralelamente debería hacerse el máximo esfuerzo posible para incrementar los recursos públicos destinados a la I+D+i. Pretender en estos momentos de mudanza un incremento de los presupuestos del 2018 no parece realista, pero se nos ocurre una forma sencilla de incrementar en términos prácticos los recursos dirigidos a los actores de la innovación, y esta no es mas que la mejora en la gestión de dichos presupuestos. A modo de ejemplo, un ejercicio simple nos dice que si se lograse reducir significativamente la anteriormente citada falta de ejecución (v.g. pasar del 70% de 2017 al 30% en 2018), supondría de hecho disponer de cerca de 2.000 millones de euros adicionales para inyectar en el sistema nacional de I+D+i).
Habría muchos más temas que debatir pero los dejamos para futuras aportaciones del FEI. Las ideas aquí expuestas tienen el carácter de urgencia que requiere la nueva situación política; en este caso, en tiempo de tribulaciones creemos que sí hay que hacer mudanza.
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José Molero es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y presidente del Foro de Empresas Innovadoras.
La convulsa situación política e institucional por la que estamos atravesando tiene, entre otros riesgos, el que dejemos de preocuparnos por los temas estructurales y de largo plazo, que son clave para el futuro de nuestro país. Son, parafraseando al escritor, "tiempos del cólera" que nos pueden llevar a un desánimo y desafección profundos.