Guillermo García Panasco, fiscal jefe de Las Palmas, ha sido promovido como teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, con el apoyo incondicional de su principal responsable a nivel estatal, José Manuel Maza. Luego, ha sido ascendido probablemente como “premio” a su obediencia a lo dictado desde determinadas instancias políticas. A pesar de haber sido citado en una sentencia del Tribunal Supremo en la que se consideraba que se extralimitó en sus funciones al tratar de abrir, sin ningún tipo de base, un procedimiento disciplinario contra la magistrada Victoria Rosell. Un proceso que se inició, para más inri, durante el mismo periodo en el que la también exdiputada se presentó a las elecciones con Podemos, afectando irreversiblemente a su trayectoria política.
Quedó demostrado entonces que García Panasco obró como instructor y principal responsable de la Fiscalía Provincial donde se “fabricó” el expediente contra Rosell, dando pie a una investigación sin garantías en la que fueron vulnerados sus legítimos derechos como ciudadana, contraviniendo así una de las principales funciones del ministerio público: garantizar los derechos constitucionales de la ciudadanía. Lo sucedido no contribuye a alejar la percepción que la opinión pública tiene sobre la credibilidad y ecuanimidad de la justicia, sino que traslada una peligrosa imagen de parcialidad en los poderes públicos, la cual solo contribuye a agravar la situación de excepcionalidad democrática que estamos experimentando desde que gobierna el Partido Popular.
En cualquier Estado de derecho, la respuesta a una actitud tan reprochable, protagonizada además por quien representa al sistema de justicia, habría acarreado su cese inmediato, cortando así cualquier posible debate acerca de la integridad de nuestros poderes públicos. Pero vivimos en la España corrupta de Mariano Rajoy y, por si a alguien se le había olvidado, ahí está el ascenso de García Panasco para recordárselo.
El descaro con el que está actuando esa minoría que maneja a su antojo las instituciones de nuestro país es cada día más preocupante y, lo que es peor, no tiene parangón con ningún otro lamentable episodio ocurrido en los últimos cuarenta años. Ciertamente, una vez retirada la densa capa de opacidad que había protegido este tipo de prácticas, la situación se ha vuelto más grave. Las irregularidades se cometen ahora a plena luz del día y con taquígrafos, sin que estas acarreen ningún tipo de consecuencias para sus responsables.
Por si esto fuera poco, la promoción de García Panasco no constituye, bajo ningún concepto, un caso aislado. Repite, como si viviéramos una y otra vez El día de la marmota, lo que ya sucedió con el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, colocado en su cargo aún a sabiendas de su estrecha relación con varios de los acusados en el caso Lezo, que ya entonces hablaban de su nombramiento como de una noticia “cojonuda”. Su dimisión, contra todo pronóstico, finalmente llegó, pero no a causa de los chivatazos que desde la Fiscalía recibió Ignacio González, sino a cuenta de su titularidad de una sociedad off shore en Panamá.
El hedor que desprende una parte de la justicia de nuestro país resulta insoportable. Por eso estamos reclamando imparcialidad y un trato justo al ministerio público, por más que esto pueda sonar como un contrasentido. El doble rasero a la que se enfrenta a diario la ciudadanía cuando acude a la justicia describe a la perfección la situación anómala en que vivimos, y el caso de Victoria Rosell no es más que la punta de lanza.
Es urgente restablecer el papel que las leyes han otorgado a instituciones fundamentales como la Fiscalía General o Anticorrupción, si de verdad queremos preservar el Estado de derecho, además de echar al Partido Popular. Solo así se puede acabar con sus múltiples influencias y putrefactos tentáculos en la Administración. No podemos cesar en nuestro empeño, nos estamos jugando la democracia. ________________________
La politización de la justicia, un asunto que no sólo afecta a España
Gloria Elizo es diputada y secretaria de Acción Institucional de Podemos.
Meri Pita es diputada y secretaria de Plurinacionalidad y Diversidad Territorial de Podemos.
Edu Santos es diputado de Unidos Podemos y secretario general de Navarra.
Guillermo García Panasco, fiscal jefe de Las Palmas, ha sido promovido como teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, con el apoyo incondicional de su principal responsable a nivel estatal, José Manuel Maza. Luego, ha sido ascendido probablemente como “premio” a su obediencia a lo dictado desde determinadas instancias políticas. A pesar de haber sido citado en una sentencia del Tribunal Supremo en la que se consideraba que se extralimitó en sus funciones al tratar de abrir, sin ningún tipo de base, un procedimiento disciplinario contra la magistrada Victoria Rosell. Un proceso que se inició, para más inri, durante el mismo periodo en el que la también exdiputada se presentó a las elecciones con Podemos, afectando irreversiblemente a su trayectoria política.