Libertad de elección educativa: El disfraz de la mentira
En una reciente comparecencia del Consejero de Educación de Madrid, Enrique Ossorio, afirmaba que había un gran silencio en el comienzo de curso y que eso avalaba su política educativa. Es evidente que si se vive en una burbuja de cristal, aislado de la sociedad civil y de la comunidad educativa, uno no se entera de lo que no quiere enterarse. Ello hace que se ignoren las reclamaciones de los sindicatos y de la oposición política frente al gran déficit de plazas en Formación Profesional; el malestar de los directores de institutos públicos por el comienzo de curso; las manifestaciones de Marea Verde y de los profesionales de Atención a la Diversidad a favor de la bajada de ratios y la contratación de docentes; las recientes protestas de las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid (CAM) contra el cierre de la etapa de 3-6 años. Y de una forma continua, el grito de los pueblos y barrios que exigen la construcción de nuevos centros educativos públicos. El consejero parece aquejado de la enfermedad conocida como la sordera del poder, una enfermedad muchas veces voluntaria.
En aquella misma comparecencia del Consejero, en la Comisión de Presupuestos de la Asamblea de Madrid, reconocía que el proceso de privatización supone que en Madrid capital solo el 40% de alumnado está escolarizado en centros públicos. Algo brutal. También le parecía estupendo que hubiera barrios donde más del 70% del alumnado va a los colegios privados y concertados, seguramente marcando el objetivo que tiene la derecha en Madrid y como modelo exportable donde gobierne. Hay que recordar que en España el alumnado en la educación pública es de un 67%, y en todos los grandes países europeos está en torno al 90%, lo que convierte en un anacronismo segregador lo que sucede en Madrid, con la falacia de la libertad de elección educativa como principal excusa para justificar el desmantelamiento de la educación pública.
La derecha de Madrid no privatiza por su ideología neoliberal. Un conspicuo liberal que les gusta mucho y que pasean por sus Congresos, Vargas Llosa, escribía hace unos días esto: “Un país que busca la justicia en la libertad debe gastar sumas importantes en crear una educación pública de muy alto nivel, pagando y preparando a los mejores maestros y construyendo colegios y escuelas que puedan competir con las privadas y superarlas”. El PP hace exactamente todo lo contrario. Privatiza porque hacer negocio con la educación permite mantener un modelo clasista y segregador, en el que lo público molesta. Una subordinación de la educación al negocio que llegó a tal punto que las políticas educativas sirviesen para que un conocido dirigente del PP cobrase 900.000 euros por colegio a cambio del suelo y del concierto, tal y como aparece en el sumario sobre corrupción de la Operación Púnica.
Con gran cinismo argumentan que la privatización es el resultado de la libre elección educativa de las familias, cuando en realidad se les ofrece un menú educativo cerrado que convierte en una falsedad dicha elección. Veamos.
Por un lado, todos los cursos se cierran decenas de aulas públicas y se niega la apertura de nuevos grupos en los centros públicos, aunque haya demanda. Hay miles de solicitudes de familias que quieren que sus niños vayan a escuelas infantiles 0-6 años de la Comunidad de Madrid que se quedan sin plaza. Un ejemplo para ilustrarlo: en Carabanchel el curso pasado se quedaron sin atender 1.010 solicitudes. En los institutos públicos son también miles los alumnos a los que no se les permite matricularse cada año. Como dice CCOO de Enseñanza, sólo en Madrid-Capital han quedado sin atender 179 solicitudes para primero de ESO en el IES San Isidro, 155 para el mismo curso en el Tirso de Molina, 123 en el IES Las Musas e igual cifra en el Príncipe Felipe, 122 en el instituto Madrid Sur, 110 en el Blas de Otero, 108 en el IES Gran Capitán, 105 en el Cervantes y 97 en el Alfredo Krauss, y en primero de Bachillerato 342 en el IES Ramiro de Maeztu, entre otros.
El otro gran atentado a la educación pública es no atender la demanda de construcción de nuevos centros. La pauta que sigue la Consejería de Educación es escandalosa. En los nuevos desarrollos urbanísticos, donde hay un aumento demográfico y por ello demanda de escolarización, se resisten a construir colegios en institutos públicos, pero autorizan y dan conciertos a colegios privados para que se instalen y ocupen el espacio. Sucede una y otra vez, en diferentes localidades y barrios. Y esto lo hace la administración que es la titular de la educación pública, según el ordenamiento jurídico y el mandato constitucional. Es intolerable.
Otro gran atentado a la educación pública es no atender la demanda de construcción de nuevos centros. La pauta que sigue la Consejería de Educación es escandalosa.
La inversión en infraestructuras educativas en los presupuestos de 2022 queda muy lejos de las necesidades, ya que supone solo un 1,7% del total del gasto educativo y el 0,4% del total del presupuesto de la CAM. Es muy insuficiente, frente a la reclamación de las familias y el profesorado de medio centenar de centros educativos nuevos, que se completen o amplíen los existentes, y que se eliminen los barracones que existen por la falta de planificación.
Ejemplos de estas reivindicaciones son la demanda de numerosas escuelas infantiles y colegios de primaria; la construcción de institutos y centros de FP en Valdebebas, en el PAU de Vallecas, el IES Ada Byron en San Fermín, el IES José Pedro Pérez Llorca en Parla, otro en el Barrio del Puerto de Coslada, en Rivas, en Los Molinos de Getafe, Hortaleza, Arganzuela, Barajas, Las Tablas, Arroyomolinos, Colmenar Viejo, San Sebastián de los Reyes, Villaverde; terminar los IES Francisca de Pedraza, el Jane Goodall, el ascensor del Marqués de Suanzes… y una larga lista de 48 centros.
La falta de oferta pública no solo genera una derivación hacia el sector educativo privado, sino que, en muchos casos, se traduce en falta de escolarización. Es lo que sucede en la educación infantil de 0-6 años, donde existe una población de 440.652 menores y tan solo hay 288.221 menores escolarizados en la Comunidad de Madrid, es decir, hay un déficit de 152.431 plazas educativas en este rango de edad. Algo similar sucede en Formación Profesional, donde se ha producido este curso un déficit de plazas públicas de 29.336 alumnos en FP de Grado Medio o Superior, muchos de los cuales se quedarán en su casa al no poder pagar los elevados precios de la FP concertada o privada.
Todo lo anterior demuestra que el Gobierno de Ayuso no está cumpliendo con sus competencias y el mandato constitucional de garantizar el derecho a la educación pública de calidad para todo el alumnado. De hecho, Madrid está a la cabeza de las comunidades autónomas de España con menor porcentaje de educación pública. Solo gasta un mísero 2,2% del PIB, no ha revertido todos los recortes en la pública de la última década (se necesitarían 600 M para ello) y sigue aumentando las trasferencias a la concertada con 1.164 millones para 2022, lo que suponen 127 millones más que en 2021.
Lo más grave de esta situación es el aumento de la desigualdad social y de la segregación educativa. Como señalan ESADE y Save The Children la segregación en la Comunidad de Madrid “ha crecido de forma muy notable y es hoy la comunidad autónoma con mayor segregación y una de las regiones con mayor segregación en toda la OCDE”, solo tras Turquía y Lituania. En la misma línea, F. Javier Murillo y Cynthia Martínez-Garrido de la Universidad Autónoma de Madrid señalan que la Comunidad de Madrid es la segunda región de Europa con mayor segregación socioeconómica en Secundaria, solo superada por Hungría.
En resumen, la cacareada libertad de elección educativa no es otra cosa que el disfraz de la mentira y el instrumento para segregar y convertir la igualdad de oportunidades en un espejismo en la Comunidad de Madrid. Ni la comunidad educativa, ni la ciudadanía madrileña deben permitir un desmantelamiento de la educación pública que hipotecaría gravemente nuestro futuro como sociedad.
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Agustín Moreno, diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid
