El caso Diana Quer ha vuelto a traer a la opinión pública el terrible asunto de la violencia criminal contra las mujeres y los más vulnerables junto a debates como el de su tratamiento informativo o el de la prevención, represión y rehabilitación policial y penal. Se ha vuelto a poner en evidencia nuestra incapacidad como sociedad para desembarazarnos de esta lacra machista, cuando Gobierno y poderes públicos muestran exasperante lentitud a la hora de poner en marcha las medidas acordadas en el denominado Pacto de Estado contra la violencia de género.
Se han vertido respuestas frecuentes en forma de prejuicio machista y populismo punitivo, alimentando un clima represivo de banalización de la prisión como fórmula fácil para acallar el desorden social o político. Los mismos medios, que a lo largo de la desaparición de Diana Quer especularon con la familia y sus costumbres en busca de culpables, han agitado después el clima de venganza contra su presunto asesino, poniendo en duda la posibilidad de rehabilitación y abonando el terreno para una condena poco menos que a perpetua. En lo político, ha bastado con que varios partidos hubiesen presentado iniciativas de derogación de la prisión permanente (con anterioridad a la localización del cuerpo sin vida de Quer y el arresto de su supuesto asesino) para que la campaña del populismo punitivo esté servida.
Nada compensa el dolor por la perdida de un ser querido. Resulta humano que la familia de la joven Quer pretenda la máxima pena en derecho para quien tan brutalmente le ha arrebatado la vida. Sin embargo, es una muestra de la peor política del oportunismo y populismo penal la campaña del Gobierno Rajoy-Partido Popular exigiendo el mantenimiento de una figura penal (la prisión permanente revisable) impuesta por mayoría absoluta en solitario al resto de grupos parlamentarios y a buena parte de los operadores y asociaciones relacionados con la justicia.
Hay datos que refutan los dictados drásticos de las emociones o la inconveniencia de legislar al calor del shock y la sensibilidad por un crimen tan horrible. España es de los países europeos con menos delitos y menor número de asesinatos de estas características. Nuestro código penal establece unas de las más largas penas de cárcel y un alto cumplimiento de las mismas. Nuestra tasa de encarcelados es de las mayores de Europa. Penas de hasta 40 años de prisión podrían equipararse a una cadena perpetua, incluso a la muerte a plazos, pues renuncian a cualquier tipo de rehabilitación, optan por la retribución y aniquilación de la persona: a partir de 20 años de encierro la desestructuración de la personalidad es total y, por ende, podría ser catalogada como otra manera de pena degradante.
Tampoco se reflexiona sobre la inutilidad disuasoria de la prisión perpetua. Los países con mayores penas sufren índices más elevados de este tipo de delitos. Pero para el populismo punitivo lo de menos es la finalidad de la pena, que no debería ser la venganza, sino la rehabilitación y resocialización del condenado (ahí los poderes públicos y la sociedad española tenemos márgenes más amplios de mejora). Sin embargo, lejos de favorecer las experiencias educativas y rehabilitadoras, las administraciones —en especial los últimos responsables penitenciarios del PP—, recurren únicamente al encierro sin esperanza. En cárceles cada vez más modernas, pero más inhumanas y con ambientes más favorables al tráfico y consumo de estupefacientes, a desarrollar trastornos mentales y a los suicidios.
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El PP hace con este asunto un ejercicio de enorme cinismo. Apoyado por Ciudadanos en la mesa del Congreso, mantiene cerrada a cal y canto la producción normativa. Recordemos que la primera batalla perdida con las víctimas en el proceso penal se produjo con el Estatuto de la víctima del delito, que introdujo su intervención en la fase de ejecución de la pena sin correctivo restaurativo y sin prever partida presupuestaria para las oficinas de atención a las víctimas.
Se esgrimen además falsos argumentos sobre un supuesto tipo de crímenes no rehabilitables. Estudios científicos solventes muestran similares tasas de reinserción para crímenes distintos y demuestran que lo fundamental es el tratamiento educativo, terapéutico y rehabilitador que se lleve a cabo.
Existen modelos alternativos de rehabilitación y reinserción que han rebajado las tasas de reincidencia a mínimos, como el de las unidades terapéuticas y educativas, en los que España y Asturias han sido pioneras. Este tipo de modelos, junto con las organizaciones no gubernamentales de apoyo a la educación, la rehabilitación y la reinserción, son los que dan verdadera medida del desarrollo de una sociedad. Apostemos por ellos. _________________El exjuez Baltasar Garzón y el portavoz de Izquierda Abierta Gaspar Llamazares son promotores de la plataforma Actúa.
El caso Diana Quer ha vuelto a traer a la opinión pública el terrible asunto de la violencia criminal contra las mujeres y los más vulnerables junto a debates como el de su tratamiento informativo o el de la prevención, represión y rehabilitación policial y penal. Se ha vuelto a poner en evidencia nuestra incapacidad como sociedad para desembarazarnos de esta lacra machista, cuando Gobierno y poderes públicos muestran exasperante lentitud a la hora de poner en marcha las medidas acordadas en el denominado Pacto de Estado contra la violencia de género.