En la última semana se ha planteado la necesidad de un pacto de rentas en España para hacer frente a la situación desatada tras la invasión de Rusia a Ucrania y la diabólica situación económica derivada de la misma, que ha agravado las previas tensiones inflacionistas relacionadas también, en buena medida, con la evolución de precios de la energía y el cuestionable sistema de fijación del precio de la electricidad.
En primer lugar, conviene hacer un poco de pedagogía sobre qué es un pacto de rentas porque en algunas interpretaciones se asemeja a un acuerdo sobre la reducción salarial con la que vamos a tener que afrontar el “sacrificio” ante la previsible crisis que se avecina.
Un pacto de rentas supone un acuerdo amplio que aborde cómo se distribuyen los costes ante una situación de dificultad económica. Conviene tener claro que un pacto de este tipo no supone resignarse ante las dificultades. Supone decidir si el impacto que producen éstas se distribuye mediante las reglas del mercado (los costes caen en los más débiles) o se puede intervenir, planificar y equilibrar las consecuencias indeseadas de una crisis (alza de precios, paralización de la actividad, incremento del desempleo, etc.).
Por poner el ejemplo más reciente, la crisis pandémica que aún no habíamos dejado atrás se abordó desde unas políticas de rentas mucho más equitativas que la anterior crisis financiera y sus políticas de austeridad.
Si la crisis que estalló en 2008 se llevó por delante millones de puestos de trabajo y las tasas de empleo no se recuperaron en una década, la respuesta a la crisis provocada por la pandemia de covid-19 —basada en políticas expansivas y un fuerte compromiso de diálogo social y concertación— pese a ser más intensa que la anterior al paralizar la actividad, ha evitado la destrucción de más de tres millones de puestos de trabajo y decenas de miles de empresas, mediante la intervención regulatoria pactada con los interlocutores sociales, y la inversión pública de más de 30 mil millones de euros. El empleo se sostuvo mediante un acuerdo de rentas que no solo fue más justo sino más eficaz.
Por tanto, la disyuntiva no es si se abordan las consecuencias de la crisis que ya estamos atravesando, sino si estas consecuencias se afrontan de una forma lo más equitativa posible o desde el “sálvese quien pueda”.
Un pacto de rentas por tanto sería deseable en estos momentos. Sin embargo, hay que tener claro que aunque ese hipotético pacto de rentas tendría que conllevar un acuerdo en materia salarial, únicamente un acuerdo salarial no define un pacto de rentas. CCOO le ha planteado al Gobierno la disposición de profundizar en la negociación del acuerdo para los convenios colectivos, pero a la vez exige al Gobierno definir qué es lo que está en disposición de poner de su parte para amortiguar los impactos de la situación económica para el conjunto de las clases populares.
Partimos de un hecho evidente en este momento. La fuerte subida de los precios del gas y el crudo provocada por el resurgimiento de la demanda tras la pandemia y la guerra de Ucrania, podrían elevar los precios por encima del 6% de media en 2022 con picos de inflación interanual mucho más altos, y tener un importante impacto macroeconómico sobre el PIB y el empleo. Con el fin de amortiguar sus efectos sobre la economía española se podrían adoptar las siguientes medidas:
–Firma de un nuevo Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que reparta entre empresa y trabajadores el coste del shock de precios a corto plazo y que recupere el poder adquisitivo de los salarios a medio plazo. Para ello debiéramos pactar una subida inicial para el año 2022 y estipular cláusulas de revisión salarial para que, en el plazo de vigencia del mismo (tres años podría ser la duración óptima del acuerdo para los convenios), los salarios no sufran la devaluación que ya conocimos en la anterior crisis.
–Explorar todas las opciones de limitación de reparto de excedentes y dividendos empresariales. El pacto de rentas debe conjugarse en plural.
–Activar el mecanismo RED pactado en la reforma laboral para aquellas actividades impactadas por la guerra, que están teniendo ya un fuerte impacto en sus rentabilidades, y que les puede llevar a precipitar decisiones de despidos y rescisiones de contratos. Recordemos que, pese al indiscutible éxito de la regulación de los ERTE en la pandemia, en la segunda quincena del mes de marzo de 2020 —la inmediatamente posterior al estado de alarma, en el breve periodo que no tuvo la cobertura de las medidas extraordinarias que acordamos desde pocos días después del inicio de la pandemia— se perdieron 900.000 cotizantes a la Seguridad Social, en un movimiento empresarial reflejo que se ha repetido, una y otra vez, en España como pauta de comportamiento en las sucesivas crisis desde los años 80 del siglo pasado. Esa pauta es la que ha roto la respuesta a la pandemia y ha mostrado una nueva forma de abordar las crisis.
–Arreglar el deficiente funcionamiento del sistema de fijación marginalista del precio de la electricidad. Esta cuestión es decisiva en estos momentos. Sin modificar los precios energéticos, que afectan al conjunto de los precios, no habrá pacto de rentas. La Comisión Europea ya ha indicado a los países miembro en su reciente comunicación REPowerEU, la posibilidad de fijar precios máximos en la energía y aumentar los impuestos sobre las eléctricas para recuperar los beneficios caídos del cielo. De hecho, algunos países, sin esperar a la Comisión, ya han tomado este tipo de medidas. Italia financiará las ayudas con una subida de impuestos a las eléctricas y Francia reducirá el vínculo con el mercado al que vende su electricidad el principal generador del país, EDF, lo que rebajará sus beneficios en 8.000 millones. Por tanto, no hay ninguna excusa para no actuar ya en este asunto.
–La dependencia energética que ahora se demuestra de forma dramática debe llevarnos a acelerar la transición que nos procure autonomía de suministro. En este sentido el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo nos ha dado una excelente palanca para impulsar inversiones a través de las transferencias ya comprometidas. Pero éstas debieran ser complementadas con la inversión de los 70.000 millones de euros a los que podemos acceder a través de créditos en condiciones ventajosas. Las recientes manifestaciones de la presidenta de la Comisión Europea Von der Leyen destacando el papel clave que puede jugar España en el suministro de energía a Europa, son una prueba del potencial que tiene esa transición energética en un momento como este, sobre todo si se vincula a la localización de proyectos industriales que desarrollen también en nuestro territorio el modo de implementar ese objetivo de mayor soberanía energética europea. España puede jugar un papel esencial, reforzando la interconexión con Europa, la autonomía energética de la Unión Europea y el peso estratégico de nuestro país. Asimismo, acelerar la transición verde es también un componente básico del pacto de rentas pues permitirá rebajar más rápido la transferencia que todos los años hacemos al exterior para comprar energía (46.576 millones de euros) y que es el componente principal de nuestro déficit comercial.
–Protección de los hogares vulnerables. Mediante la creación de un mínimo vital de consumo energético gratuito para los hogares vulnerables severos. Asimismo, el bono social eléctrico y térmico se ampliarían elevando el nivel de consumo subvencionado, el requisito de renta para los beneficiarios y su cuantía. Dado que estas medias tardarán en hacerse efectivas, en 2022 se podría rebajar puntualmente la retención de los salarios más bajos y hacer deducible esta rebaja en el IRPF.
–Apoyo a las actividades que más energía consumen. La citada comunicación de la Comisión Europea (CE) también recoge la posibilidad de ayudar a estas empresas y de apoyarlas con medidas de liquidez.
–Mantener las rebajas fiscales en la electricidad, sopesar su ampliación (IVA superreducido) y extenderlas temporalmente a los hidrocarburos (impuestos especiales). La idea aquí es ajustar tipos para mantener la recaudación que ahora está elevándose como resultado del incremento de la basa imponible que produce la subida de los precios de la energía.
–Rentas procedentes del alquiler de viviendas y locales. Si el pacto de rentas debe ser en plural se debe sumar también a los rentistas que, por lo general, referencian sus contratos al IPC. El Gobierno debería actuar, de forma coordinada con las comunidades autónomas, para congelar el precio de los contratos de alquiler y establecer precios máximos para los nuevos contratos que se suscriban mientras los precios de la energía se mantengan altos.
–Actuar sobre el transporte puede ser otra manera de aportar al pacto de rentas. Como se apuntaba antes sería una aportación del exterior por un menor consumo de hidrocarburos. Con este fin se podría: reducir la velocidad máxima permitida en carretera, que ya se hizo en España durante la Primavera Árabe; restringir la entrada de vehículos privados en el centro de las ciudades aumentando, en paralelo, la frecuencia del transporte público, rebajando su precio y ampliando la oferta de transporte seguro en medios alternativos y más sostenibles.
Un ambicioso plan de rentas tendrá más cobertura en la medida que se aleje cualquier tentación de retornar a políticas monetarias convencionales, ni mucho menos a los estrechos márgenes del Plan de Estabilidad y Crecimiento en términos de déficit y deuda pública. Es clave que el BCE no avance en la relajación de las compras de deuda pública y que, por el contrario, asegure su financiación barata; también que se retrasen las medidas de consolidación fiscal a 2024 y que se aproveche 2023 para establecer un nuevo marco de reglas europeo.
Indiscutiblemente la Unión Europea tiene que combinar las políticas de sanciones y presión a Rusia en materia económica, con convertirse en un actor que exija una solución realista y diplomática de la invasión de Ucrania que detenga las muertes.
Hay que ser conscientes de que las pugnas geoestratégicas tienen que ver, en buena medida, con el control de los suministros energéticos en el mundo así como con la seguridad global de un mundo que es multipolar y donde China y Rusia son —por circunstancias bien distintas— un polo del que no se puede prescindir, y respecto al que la UE debe constituir una referencia relevante, sin dejar ese espacio reducido a EEUU.
España puede y debe buscar acuerdos amplios en torno a compromisos en los términos reflejados en este artículo y seguramente en torno a muchos más. A lo largo de la pandemia la actitud del espectro político de la derecha y el centro derecha es obvio que no estuvo a la altura de las circunstancias. Los agentes sociales, indiscutiblemente, sí. La entrada en el Gobierno de Castilla y León de la fuerza política que comparte lazos internacionales con fuerzas anti-europeístas y con quien ha detonado la invasión de Ucrania y llevado a la UE a una situación límite, no hace presagiar nada bueno. Pero en todo caso, sigue siendo un tiempo de políticas con mayúsculas y, eso sí, con contenidos. Un pacto de rentas del trabajo, del capital y con fuerte presencia de políticas públicas, no puede ser una ocurrencia, sino una apuesta de emergencia desde una visión estratégica.
Unai Sordo es secretario general de CCOO
En la última semana se ha planteado la necesidad de un pacto de rentas en España para hacer frente a la situación desatada tras la invasión de Rusia a Ucrania y la diabólica situación económica derivada de la misma, que ha agravado las previas tensiones inflacionistas relacionadas también, en buena medida, con la evolución de precios de la energía y el cuestionable sistema de fijación del precio de la electricidad.