Las Naciones Unidas y sus diferentes organismos especializados desarrollan una ingente actividad y trabajan para lograr consensos en diferentes terrenos, desde tratados internacionales a la definición de objetivos económicos y sociales relevantes, así como propiciar el logro de buenas prácticas en empresas, gobiernos e individuos.
Pero, también, sus contradicciones pueden favorecer lo contrario o, por lo menos, alcanzar por una parte un buen resultado en un objetivo, mientras se descuida o malogra la consecución de otros.
Así, por ejemplo, tenemos el caso de varios organismos de la familia de las Naciones Unidas y de acuerdos como el Pacto Mundial, que fomenta el cumplimiento de los Principios Rectores de las empresas y de los derechos humanos (proteger, respetar los derechos humanos por parte empresarial y, en su caso, reparar los daños), o como la ONU Turismo, que premian o permiten dar impulso a determinadas empresas, aunque algunas de ellas estén señaladas por flagrantes vulneraciones de derechos humanos y del Derecho internacional por otro organismo de las propias Naciones Unidas como es el Consejo de Derechos Humanos, OHCHR.
Este último, merced a la resolución A/HRC/22/63, se encargó de realizar una Base de Datos detallando la relación de empresas que facilitan y se lucran con la ocupación de Palestina, es decir, de los territorios conquistados por Israel en 1967, excluyendo los Altos del Golán sirios o las Granjas de Shebaa libanesas.
Tras sortear numerosos obstáculos, entre ellos la oposición de los aliados de Israel, amén de los países de la UE generosos con Israel en muchos ámbitos y remisos a facilitar esa tarea con aportaciones económicas, en febrero de 2020, en tiempos de Michelle Bachelet, se hizo pública la primera relación de 112 empresas. A pesar de ser advertidas de la vulneración de los Principios Rectores de las Naciones Unidas, de las normas del Derecho internacional como las Convenciones de Ginebra, la resolución 2334 (2016) del Consejo de Seguridad o la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia con respecto al Muro, consideraron que la impunidad con la que hacían sus negocios podía persistir y no iba a dañar su imagen y actividades futuras.
Posteriormente, el 30 de junio de 2023, con los mismos obstáculos antes señalados de los países que albergan sedes de numerosas multinacionales, se actualizó esa Base de Datos, manteniéndose en la misma a la empresa española de agencia de viajes online Edreams, y a sus filiales Opodo y Odigeo, que facilitan el hospedaje en las colonias israelíes en los Territorios Ocupados. Se eliminaron algunas de las empresas de la Base de Datos de 2020 y se justificó la no incorporación de alguna empresa en la falta de fondos para llevar a cabo las investigaciones y revisiones de las peticiones de diversas organizaciones de derechos humanos y solidaridad. Este sería el caso de la empresa española CAF, que proporciona vehículos y gestiona y construye líneas de tren ligero entre Jerusalén y los asentamientos próximos en el Territorio Ocupado palestino.
Finalmente, el 2 de agosto de 2024, el Consejo de Derechos Humanos publicó un informe sobre las peticiones de incorporación de nuevas empresas a esa Base de Datos, entre las que se encuentran varias empresas españolas del sector ferroviario, CAF, GMV, TYPSA, y de construcción, como OSSA.
Con esta relación de empresas investigadas por el Consejo de Derechos Humanos se podría, por ejemplo, hacerlas inelegibles en concursos públicos de acuerdo con la actual Ley de Contratación Pública. Hay juristas que defienden que hay artículos en la propia norma que así lo permiten.
Pero, mientras tanto, hay que evitar el greenwashing que facilita la propia familia de las Naciones Unidas. Así, el Pacto Mundial ensalza a las siguientes empresas que están en la Base de Datos del Consejo de Derechos Humanos: Mizrahi Tefahot Bank Ltd., Bank Hapoalim, Bank Leumi, Israel Discount Bank Ltd, de Israel; Egis y Alstom, de Francia; General Mills, de los Estados Unidos; o Indorama Ventures, de Tailandia, algunas con filiales en España. Y les permite que, con su política de colonización de Territorio Ocupado palestino utilicen su sello, justificándolo, en correo dirigido a nuestra organización con ocasión de nuestra queja, debido a que “la iniciativa no está diseñada, ni tiene el mandato o los recursos, para supervisar, medir o juzgar el desempeño de los participantes en materia de sostenibilidad”. Sólo ha excluido a empresas armamentistas y de tabaco, pero no a las entidades delincuentes que se lucran con la colonización de Palestina.
Estamos esperando que algunos Estados y empresas pasen de las palabras a los hechos y acaten, libre o coactivamente, la instrucción de la Corte Internacional de Justicia sobre las prácticas de Israel en territorio palestino ocupado
Pero el problema se repite por parte de ONU Turismo de las Naciones Unidas (antes denominada Organización Mundial de Turismo), con sede en España y que tiene como socios a las empresas Airbnb, Booking, Expedia o Tripadvisor, que están en la relación del Consejo de Derechos Humanos por sus comisiones en el alquiler de alojamientos en las colonias sionistas en los Territorios Ocupados, actividad coincidente con la compañía española antes mencionada, Edreams y sus filiales.
Todas estas empresas, las que están en la Base de Datos y las nuevas denunciadas, dicen tener Informes de diligencia debida, así como departamentos de Responsabilidad Social Corporativa, Códigos Éticos y demás, son auditadas sin salvedades por las grandes consultoras del sector, como Deloitte y EY. Algunas cotizan en diferentes bolsas con departamentos de control, otras tienen varios sellos de 'Sostenibilidad' y todas siguen disfrutando de impunidad y aumentando su cuenta de resultados coloniales.
La Corte Internacional de Justicia consideró en julio de este año en su documento Consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, concretamente en el párrafo 278 y otros, la obligación de los Estados y de las empresas de poner fin a la colonización. Estamos esperando que algunos Estados y empresas pasen de las palabras a los hechos y acaten, libre o coactivamente, esta instrucción.
Y también que el Pacto Mundial, o Global Compact, y la Oficina de Turismo de las Naciones Unidas sean coherentes y dejen de practicar el lavado de cara de empresas coloniales y criminales.
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Santiago González Vallejo es cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.
Las Naciones Unidas y sus diferentes organismos especializados desarrollan una ingente actividad y trabajan para lograr consensos en diferentes terrenos, desde tratados internacionales a la definición de objetivos económicos y sociales relevantes, así como propiciar el logro de buenas prácticas en empresas, gobiernos e individuos.