La pandemia del covid-19 ha obligado a las universidades a buscar maneras de adaptarse para poder finalizar el curso. Ello no está exento de dificultades, en un sistema diseñado primordialmente para la presencialidad, y con buenos motivos; pues la universidad no son solo las clases, sino también el acceso a materiales bibliográficos y de estudio, el trabajo en un laboratorio, el intercambio de saberes y experiencias, la auto-construcción personal, la actividad asociativa, la vida comunitaria y colectiva… poder asomarse, en fin, al “mundo en sus entrañas”. Ya que el confinamiento hace inevitable una cierta pérdida de la riqueza de la vida activa en la comunidad universitaria, en este cierre de curso es razonable aspirar a dar respuesta, por lo menos, a los principales retos: mantener unos estándares mínimos de calidad en el aprendizaje y la docencia online y una evaluación razonable y justa para el segundo semestre. Además, adecuar las prácticas presenciales (educativas, salud, en empresas, laboratorio…), ajustar los plazos de presentación de tesis, TFM y TFG, atender al colectivo de desplazados bajo programas de movilidad o asegurar que las modificaciones docentes no comprometen la calidad de los títulos para su acreditación.
Ello implica poner de acuerdo, por lo pronto, a estudiantes, docentes, autoridades académicas, agencias de calidad, administraciones regionales y estatales. El punto de consenso para todas las partes sería el que recogía la CRUE: “Que ningún estudiante pierda el curso por el covid-19”. Ahora bien, debido a la variedad de condiciones en cada caso y de la propia autonomía universitaria reconocida por la ley, no parece fácil fijar directrices comunes. El Ministerio de Universidades ha sido de los menos visibles: exceptuando a Carmen Calvo e Irene Montero, positivas por el coronavirus, Manuel Castells ha sido el último ministro en comparecer en rueda de prensa. Su Ministerio emitió la semana pasada, tras la reunión de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), un documento de recomendaciones que contiene algunas directrices, pero muy genéricas, y deposita el peso decisorio en las universidades.
¿Qué dicen los estudiantes y el personal docente?
Los estudiantes subrayan que no todas las universidades están dando respuesta a sus necesidades. La CREUP y CEUNE consideran que “la elección de la forma de evaluación no debe realizarse de manera unilateral por el personal docente sino que, dada la excepcionalidad de la situación, las modificaciones de los procesos de evaluación deben ser consensuadas con el estudiantado de cada asignatura”, y darse a conocer con suficiente antelación, como recoge el Estatuto del Estudiante. Además, indican, es necesario tener en cuenta la variedad de situaciones individuales y flexibilizar los mecanismos de evaluación. Para el curso que viene, solicitan programa de becas ampliado y bajada de tasas.
El personal docente, por su parte, no siempre tiene la posibilidad de conocer esta situación del alumnado, y, por otro lado, en algunos casos no tiene instrucciones claras; hay algunas materias que el formato a distancia dificulta, y, al igual que ocurre con parte del alumnado, las circunstancias familiares o personales no siempre son las idóneas. En algunas privadas, además, les han obligado a dar clase ininterrumpidamente y han ampliado el calendario.
Hacia un cierre de curso razonable
En definitiva, hay una serie de problemas urgentes que tienen que resolverse para poder llevar a buen término el curso. La brecha digital, aunque no tan acuciante como en otras etapas educativas, no es desdeñable, y el acceso a conexión fluida o a dispositivos adecuados puede marcar la diferencia entre seguir el curso telemático de forma satisfactoria o no poder hacerlo. Las propias plataformas online de las universidades, por ejemplo la de la UNED, están sufriendo numerosas incidencias. De la misma manera, el espacio donde uno realiza el confinamiento, las condiciones socio-económicas o circunstancias familiares van a marcar la posibilidad de realización y ejecución de las tareas y actividades a distancia que se programen para sustituir la actividad presencial. Como se ha señalado, hay que encontrar un modo de realizar las evaluaciones de modo justo y que ningún alumno pierda el curso por la situación sobrevenida. Por otra parte, hay situaciones puntuales de docentes que no están impartiendo las clases regularmente, que no anuncian con antelación los criterios de evaluación o que ni siquiera han dado señales de vida desde que se inició el confinamiento, algunos incluso esgrimiendo su libertad de cátedra o su derecho a la propia imagen.
Para atajar estos problemas más urgentes –y teniendo siempre presente que lo que se haga ahora no debería tomarse como precedente de normalidad, sino como recetas puntuales para un momento de excepcionalidad–, sería deseable fomentar la evaluación continua, centrarse en los contenidos realmente explicados, acordar los criterios de evaluación con los estudiantes y explicitar éstos –las universidades han pedido a los y las docentes que adapten sus guías docentes para final de mes–. Es positivo que en Madrid se haya alcanzado un acuerdo a este respecto entre la administración y todas las universidades. Para evitar la sensación de abandono de algunos estudiantes, sería conveniente garantizar el correcto desarrollo de la docencia online y hacer accesible la información sobre procedimientos, plazos, calendarios… Por último, a la hora de diseñar el próximo curso 2010-2021, con la llegada de normalidad, no hay que olvidar la perspectiva de recuperación de lo que no se haya podido satisfacer ahora.
¿Qué puede hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid?
La administración responsable de las universidades madrileñas, la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, debería contribuir con sus recursos a facilitar este cierre de curso universitario: ofreciendo soporte técnico a las universidades que lo necesiten por incidencias en sus plataformas online o habilitando una red de préstamo de recursos informáticos, por ejemplo, con el equipamiento de las bibliotecas públicas, actualmente cerradas. La CGPU está considerando adoptar alguna medida común por parte de todas las CCAA ante las posibles solicitudes de devolución de matrícula que se reciban por parte de alumnado que, debido a la pandemia, no puede cursar alguna asignatura o ser evaluado, o no está de acuerdo con la alternativa ofrecida por la universidad; sería bueno que la Consejería considerara esta alternativa para nuestra región. También podría sugerir habilitar mecanismos o periodos extraordinarios de docencia y evaluación –por ejemplo, septiembre completo-–para quienes ahora no puedan participar con garantías
Es imprescindible asimismo garantizar la continuidad de las ayudas y contratos de investigación. Y, por último, en la difícil situación económica de los meses que se avecinan, el inicio de curso 2020-2021 va a requerir un empuje especial en acceso a la universidad. Madrid es la última comunidad autónoma en inversión por estudiante universitario. Es necesario, primero, reducir los precios públicos universitarios a los niveles de 2011. Asegura la Dirección General de Universidades que ello supondría un coste de 100-120 millones de euros; bien, la Comunidad de Madrid perdona cada año más de 3.000 millones de euros en impuestos a los más privilegiados. La Consejería de Universidades tiene que hacer una inversión decidida en un programa de becas –y no deducciones fiscales a los que se endeudan para poder estudiar, como pretende el Consejero de Hacienda–, o incluso, como aseguraron estar valorando, la bonificación de la primera matrícula para aquellos estudiantes en situación socioeconómica vulnerable. No olvidemos, por lo demás, que al estar sin presupuesto la Comunidad de Madrid, el capítulo de becas se halla en el aire, y no se ha invertido un solo euro nuevo en toda la legislatura –van a pedir, eso sí, 10 millones a las universidades y otros 10 a empresas–.
Dominar los desafíos de la educación en línea después de la pandemia
Si una cosa ha puesto en evidencia esta pandemia es qué receta ya no funciona: la receta neoliberal de recortes y austeridad. Por el bien de nuestro ecosistema universitario, ojalá la lección cale en la Comunidad de Madrid.
___________Clara Ramas
Clara Ramas es doctora Europea en Filosofía (UCM) e investigadora post-doctoral en UCM y UCV. Autora de Fetiche y mistificación capitalistas. La crítica de la economía política de Marx (Siglo XXI)
La pandemia del covid-19 ha obligado a las universidades a buscar maneras de adaptarse para poder finalizar el curso. Ello no está exento de dificultades, en un sistema diseñado primordialmente para la presencialidad, y con buenos motivos; pues la universidad no son solo las clases, sino también el acceso a materiales bibliográficos y de estudio, el trabajo en un laboratorio, el intercambio de saberes y experiencias, la auto-construcción personal, la actividad asociativa, la vida comunitaria y colectiva… poder asomarse, en fin, al “mundo en sus entrañas”. Ya que el confinamiento hace inevitable una cierta pérdida de la riqueza de la vida activa en la comunidad universitaria, en este cierre de curso es razonable aspirar a dar respuesta, por lo menos, a los principales retos: mantener unos estándares mínimos de calidad en el aprendizaje y la docencia online y una evaluación razonable y justa para el segundo semestre. Además, adecuar las prácticas presenciales (educativas, salud, en empresas, laboratorio…), ajustar los plazos de presentación de tesis, TFM y TFG, atender al colectivo de desplazados bajo programas de movilidad o asegurar que las modificaciones docentes no comprometen la calidad de los títulos para su acreditación.