Juanita me aborda con simpatía siempre que nos encontramos por mi querida Santa Coloma de Gramenet, me pregunta cómo va todo, yo hago lo propio e inmediatamente después, sea cual sea el momento y el contexto, ella me interroga acerca de las pensiones. Juanita es una mujer viuda desde hace muchos años, humilde, luchadora y comprometida con las luchas sociales y con el feminismo, pese a su avanzada edad. Es una de las 2.357.080 personas que perciben pensión de viudedad en España. El 96% son mujeres. La preocupación por las pensiones es habitual y recurrente. Es normal si tenemos en cuenta que el Partido Popular esquilmó la hucha de las pensiones e hizo todo lo posible por privatizarlas, mermando la confianza de la ciudadanía en la sostenibilidad del sistema público. Y, además, con su reforma de 2013 procuró la rebaja de estas prestaciones.
El actual gobierno está revirtiendo esa situación de precariedad de las pensiones. En este sentido apuntan la ley de revalorización de las pensiones aprobada recientemente con el voto en contra del PP, así como el decreto que vio la luz en el Consejo de Ministros del pasado 25 de enero. Las cifras hablan por sí mismas. Una pensión media que si estuviese vigente la reforma del PP hubiera sido en este 2022 de solo 1.085 euros, asciende, gracias a las modificaciones introducidas por el gobierno presidido por Pedro Sánchez, a 1.182 euros. Son 97 euros más al mes, 1.353 más al año.
Quienes, como Juanita, cobran pensión de viudedad, ven revalorizada su pensión en 53 euros al mes y las personas que perciben pensiones mínimas cobran de media 74 euros más al mes de lo que hubieran percibido con el PP. El motivo del incremento es la actualización de las pensiones en función del IPC y por encima de este índice en el caso de las más bajas. En cambio, los conservadores se aseguraron que, fuera cual fuese la inflación, las y los pensionistas no vieran incrementada su pensión más allá del 0,25% anual. Ese es su nivel de compromiso con el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas y con el sistema público.
Como socialistas, por contra, sentimos orgullo de nuestro sistema público de pensiones, un sistema que tiene la capacidad de dignificar la vida de nuestros mayores. Por eso trabajamos para modernizarlo y reforzarlo, con acuerdos que garanticen su sostenibilidad. Trabajamos para que absolutamente todas y todos los pensionistas puedan despreocuparse de cuánto va a subir su pensión con la llegada de un nuevo año. Porque ahora existe un mecanismo sencillo y transparente, como es la aplicación del IPC del año anterior.
Las mujeres representan el grueso de las pensiones de viudedad o las no contributivas, también por la brecha de las pensiones, consecuencia de la mayor precariedad, la temporalidad y el trabajo a tiempo parcial
Las pensiones, en buena parte, evitan situaciones de pobreza en la tercera edad y más aún en el caso de las mujeres. Para ellas, el riesgo de pobreza al llegar a edades de jubilación es mucho más elevado. No sólo porque representan el grueso de las pensiones de viudedad o las no contributivas, sino también por la brecha de las pensiones, consecuencia de la mayor precariedad, la temporalidad y el trabajo a tiempo parcial, además de las interrupciones que en sus vidas laborales les castigan a ellas de manera especial, a causa de la patriarcal división sexual del trabajo, que se resiste a desaparecer. Si más del 90% de las pensiones de viudedad las perciben mujeres, entre ellas hay aproximadamente un 40% que no cotizaron a lo largo de su vida laboralmente activa lo suficiente como para tener derecho a una pensión propia. Por eso hay tantas pensionistas como mi vecina, a las que les quita el sueño cuánto le sube su pensión. Y por eso desde hace un año existe un complemento por brecha de género —que perciben 129.000 personas, de las cuales un 94,48% son mujeres— capaz de compensar mínimamente el tiempo dedicado al cuidado de los hijos e hijas y por lo tanto no cotizado.
Hay motivos para confiar en que la brecha de las pensiones seguirá menguando y se irá diluyendo. Cuestiones como las crecientes tasas de actividad femenina y las políticas dirigidas tanto a evitar la discriminación salarial por razón de sexo como a impulsar la corresponsabilidad en los cuidados, además de la inversión presupuestaria en la Ley de Dependencia y en el despliegue de la oferta pública de educación de 0 a 3 años.
También, claro está, la reforma laboral y el incremento del Salario Mínimo Interprofesional. Son apuestas para un presente y un futuro mejor, en el que haya menos pensiones mínimas que pongan en riesgo de pobreza a quienes las reciben. Mientras tanto, seguiremos trabajando para que, sean cuales sean las circunstancias vitales de nuestros y nuestras pensionistas, perciban una retribución digna y justa.
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Lídia Guinart Moreno es diputada por Barcelona y portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Seguimiento y Evaluación contra la Violencia de Género del Congreso y secretaria de Políticas Feministas de la Federación del Barcelonès Nord del PSC.
Juanita me aborda con simpatía siempre que nos encontramos por mi querida Santa Coloma de Gramenet, me pregunta cómo va todo, yo hago lo propio e inmediatamente después, sea cual sea el momento y el contexto, ella me interroga acerca de las pensiones. Juanita es una mujer viuda desde hace muchos años, humilde, luchadora y comprometida con las luchas sociales y con el feminismo, pese a su avanzada edad. Es una de las 2.357.080 personas que perciben pensión de viudedad en España. El 96% son mujeres. La preocupación por las pensiones es habitual y recurrente. Es normal si tenemos en cuenta que el Partido Popular esquilmó la hucha de las pensiones e hizo todo lo posible por privatizarlas, mermando la confianza de la ciudadanía en la sostenibilidad del sistema público. Y, además, con su reforma de 2013 procuró la rebaja de estas prestaciones.