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La Ley de Igualdad aprobada en el año 2007, si bien supuso un importante avance para las mujeres, vio muy limitada su eficacia por la falta del desarrollo reglamentario necesario que facilitara poner en marcha el objetivo primordial de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
Las mujeres tenemos menos empleos, peores trabajos y retribuciones, puestos más bajos y condiciones de trabajo que no se corresponden con las de nuestros compañeros. Por ello, tenemos el reto de situar algunos instrumentos que pueden permitir que las mujeres alcancemos la plena igualdad y que, seguro, servirán para aplicar en las empresas, con toda su eficacia, la propia Ley.
Uno de estos instrumentos son los planes de igualdad, que suponen una de las herramientas más potentes que nos han dotado a los sindicatos en los últimos años para poder hacer acción sindical y elecciones sindicales. Son acción sindical porque negociarlos es poder mejorar las condiciones laborales dentro de una empresa. Pero, además, son una herramienta potentísima y fundamental para hacer elecciones sindicales y poder acceder a aquellas empresas donde no hay representación sindical, pues ahora tienen la obligación de negociar un plan de igualdad.
En este sentido, saludamos que el Gobierno haya recogido nuestra iniciativa de obligar a las empresas a dotarse de un plan de igualdad para sus personas trabajadoras, ampliando el ámbito de aplicación a las empresas con más de 100 personas trabajadoras (en el año 2022 se extenderá a las empresas de más de 50), y que junto con el registro salarial, el desarrollo de un contenido mínimo de los diagnósticos de los planes de igualdad y la revisión de los sistemas de valoración de los puestos de trabajo, deberán recogerse en todos los convenios colectivos.
De esta forma, la negociación colectiva se convierte en un instrumento fundamental para impulsar la igualdad laboral entre hombres y mujeres. Los planes tendrán que adaptarse a la realidad de cada empresa, por lo que hay que sentarse a negociar, teniendo en cuenta el contenido mínimo que marca la norma. Las medidas concretas que se apliquen en el plan deben responder a los problemas de igualdad detectados en el diagnóstico y deben servir para corregir las desigualdades y eliminar las discriminaciones de forma eficaz y efectiva. Y la empresa está obligada a facilitar toda la información a la comisión negociadora, también lo relativo a las retribuciones de toda la empresa.
Debemos conseguir llegar a acuerdos en esta materia y va a ser complicado. Sabemos que el camino para las negociadoras y negociadores sindicales será duro e intenso, porque tendrán que revisar y adecuar los convenios en los próximos meses. Todas las empresas, independientemente de su tamaño, tienen que tener un registro retributivo de toda su plantilla, incluido el personal directivo y altos cargos, que deberá incluir los valores medios de los salarios, los complementos salariales y extrasalariales desglosados por sexos y por grupo profesional, categoría profesional, nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación que se aplique en la empresa.
Desde UGT vamos a seguir luchando por acordar instrumentos en el diálogo social y acabar con cualquier tipo de brecha y discriminación en las empresas. Hay que recordar que las mujeres ganamos casi 6.000 euros menos que los hombres de media al año. Los empresarios se ahorran un tal de más de 44.000 millones de euros anuales en sueldos de las trabajadoras.
Hay que apostar de forma decidida por salir de esta crisis desde el punto de vista de la igualdad de género. Si no lo conseguimos, corremos el riesgo de perpetuar la situación y no relanzar ni nuestro modelo económico ni el social. El principio de igual salario por trabajo de igual valor es un hecho ya en el Estatuto de los Trabajadores, pero ponerlo en marcha requiere recursos económicos y humanos para poder llegar a todas las empresas de este país.
Por ello, este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, volveremos a reclamar más negociación y acuerdos a la patronal para conseguir este objetivo y, además, abordaremos desde el diálogo social el resto de las políticas necesarias para impulsar la igualdad real efectiva entre hombres y mujeres, como una ley de igualdad salarial, derogar la reforma laboral, incrementar el SMI, dignificar el cuidado y distintas políticas efectivas con perspectiva de género de forma transversal, en diversos ámbitos. Debemos reconstruir el país sin dejar a nadie atrás, tampoco a las mujeres.
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Cristina Antoñanzas es vicesecretaria General de UGT
La Ley de Igualdad aprobada en el año 2007, si bien supuso un importante avance para las mujeres, vio muy limitada su eficacia por la falta del desarrollo reglamentario necesario que facilitara poner en marcha el objetivo primordial de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.