La Presidencia española del Consejo y la política farmacéutica europea y global

La Presidencia española del Consejo de la Unión Europea podría y, sin duda, debería orientar la política farmacéutica hacia el respeto de los derechos humanos y la equidad en el acceso a medicamentos y vacunas. Desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2023 España ejerce la Presidencia del Consejo de la Unión Europea. En el ámbito de la salud hay dos temas en los que la Presidencia española podría marcar una diferencia: la nueva legislación farmacéutica europea y la negociación del Tratado de Pandemias en la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El pasado 26 de abril, la Comisión Europea presentó su propuesta de nueva legislación farmacéutica, que ahora debe discutirse en el Consejo y el Parlamento. Como afirma Soledad Cabezón, es una propuesta tímida e insuficiente: describe los problemas, pero no plantea soluciones eficaces para éstos. En efecto, en los países de la Unión hay serias dificultades para el acceso a los medicamentos por los elevadísimos precios que imponen las compañías farmacéuticas, muy por encima de los costes de fabricación y de investigación. De ahí se derivan problemas de retraso en la financiación, racionamiento, desabastecimiento y, al mismo tiempo, por la presión de la industria farmacéutica para su inclusión, efectos negativos sobre los profesionales de sobre-prescripción, prescripción inadecuada y efectos adversos y, finalmente, como resultado en términos económicos la descapitalización de la sanidad pública. La propuesta de la Comisión es un quiero y no puedo. Apunta a la causa de estos problemas, que son las exclusividades y los monopolios, reduciendo el tiempo estándar de protección, para acelerar la entrada de genéricos y permitir bajar los precios, pero enseguida establece excepciones y otras medidas (como el vale de exclusividad transferible) que neutralizan esa medida.

Es evidente que, si no se cambia el modelo actual, cuando surja una nueva pandemia con la misma contagiosidad y mayor letalidad afrontaríamos una verdadera pesadilla para la Humanidad

Los datos disponibles muestran que los precios que logran fijar las empresas farmacéuticas permiten obtener unos beneficios que multiplican por cuatro todos los gastos de I+D que declaran dichas empresas. Este dato permite concluir cómo, al menos, el 75% de ese beneficio es abusivo. En la Unión Europea supone más de 80.000 millones de euros de gasto anual innecesario, injusto, que podría destinarse a otras políticas de prevención, de promoción de la salud, de cuidados, etc. La Presidencia española tendría la tarea y el compromiso de influir en las negociaciones de la nueva legislación para reducir significativamente los monopolios y exclusividades en medicamentos. Otros aspectos que deberían abordarse para su mejora en la legislación son la transparencia en costes y precios, así como la publicidad del contenido de los contratos; la condicionalidad a las ayudas públicas para desarrollo de medicamentos (licencias abiertas, precios de coste…); la creación de una Infraestructura Europea de Medicamentos, según la propuesta del Panel STOA del Parlamento Europeo, para la investigación y desarrollo de fármacos; o la financiación pública de la Agencia Europea del Medicamento, con un régimen estricto de incompatibilidades. Se trata de romper la inercia del “business as usual”, y orientar la política farmacéutica en defensa de los intereses de la ciudadanía.

En segundo lugar, la Presidencia española del Consejo va a ejercer la representación de la Unión en algunos debates internacionales importantes, como la negociación del Tratado de Pandemias. La propuesta de este Tratado surgió en el contexto de la pandemia de la COVID-19 y, finalmente, en 2021 la OMS acordó iniciar las negociaciones, para, según su Director General, evitar los errores cometidos: que las personas más vulnerables no tuvieran vacunas, que los trabajadores sanitarios no tuvieran protección, y que se usara el enfoque de “yo-primero”. En un primer borrador parecían abordarse estas cuestiones. Sin embargo, en la reunión de junio de este año, el grupo de 47 países africanos denunció que, en el último borrador, se habían debilitado las cláusulas relacionadas con la equidad (obligación legal de asegurar acceso equitativo a vacunas y otras tecnologías, mediante suspensión de monopolios, licencias abiertas y transferencia de know-how). Como consecuencia, se ha formado una alianza de países de Asia, África y América Latina, llamada Grupo por la Equidad, para recuperar un enfoque solidario y equitativo en el Tratado.

España debería plantear a los Estados miembros de la UE una reflexión sobre su posición. Es evidente que, si no se cambia el modelo actual, cuando surja una nueva pandemia con la misma contagiosidad y mayor letalidad afrontaríamos una verdadera pesadilla para la Humanidad.  El Tratado de Pandemias debe establecer con claridad, y con carácter vinculante para los países, que los monopolios (derechos de propiedad intelectual) quedarán suspendidos en tiempo de pandemia. Se dotarán fondos públicos y se harán compras anticipadas (como en la COVID-19) para financiar el 90% de la I+D. Pero también compartir los datos de las investigaciones, que serán abiertas y cooperativas. Los resultados tendrán licencia no exclusiva, y las empresas deberán facilitar el know how para permitir la fabricación en todo el mundo. Los precios responderán a los costes de fabricación. Se garantizará una distribución equitativa global conforme se vaya aumentando la fabricación y disponibilidad de medicamentos y otros materiales (como ya se hizo en el seno de la Unión Europea, o en EEUU, pero ahora en el ámbito mundial). No habrá limitaciones a la exportación a países terceros.

España debe apoyar, desde su papel en la Presidencia del Consejo, un reforzamiento y una desprivatización de la OMS. El aumento de un 20% de las cuotas ordinarias, aprobado en la Asamblea Mundial de la Salud de este año, es muy insuficiente. La financiación voluntaria, impredecible y en buena parte privada, de la OMS seguirá suponiendo el 83% del total. Esa posición le resta capacidad e independencia para promover la salud mundial de forma equitativa.

Nos jugamos mucho. Si no queremos que los derechos humanos sean declaraciones hermosas sin compromisos reales, si no queremos que la equidad en el acceso a los medicamentos y a la atención sanitaria sea una mentira que abochorna nuestra conciencia, tenemos que impulsar un cambio real en la política farmacéutica europea y mundial. La Presidencia española del Consejo tiene esa oportunidad y esa obligación moral.

___________

Fernando Lamata y Ramón Gálvez, son colaboradores de la Fundación Alternativas.