La protección de la infancia no es voluntaria

Hay quienes partieron a los siete años escondidos en el motor de un camión y ahora trabajan como mediadores culturales. Otras tenían quince años, cruzaron el desierto para llegar y ahora entrelazan sabores, tradiciones y visiones en las recetas del restaurante del barrio. Otros, el viaje –si así nos atrevemos a llamarlo– lo hicieron en cayucos. 

Hoy son los mejores amigos de vuestros hijos en el parque cerca de casa, el desconocido que os cede el asiento en el metro, la vecina que mantiene la puerta abierta cuando volvéis por la noche. 

Estas son las personas a las que deberíamos tener miedo según el señor Abascal. Estas son las vidas que el PP sugiere rechazar con el Ejército. 

Las crónicas les han puesto una etiqueta que, cuando no les estigmatiza, acaba por invisibilizarlos: la de MENAS. Pero, detrás de estas cuatro letras, están las decepciones, las esperanzas y los proyectos de miles de niñas, niños y adolescentes que no podemos ignorar. 

El respeto a los derechos humanos no es un adorno retórico que pueda servir de bálsamo para nuestras conciencias: es lo que nos define como sociedades libres y democráticas, es nuestro fundamento. Cada vez que no garantizamos el respeto de los derechos de estas niñas y niños, no sólo les estamos impidiendo un presente y un futuro de dignidad, sino que estamos diciendo que nuestro país no está a la altura, que no es capaz de ser libre y democrático. 

Yo, en cambio, estoy convencida de que España tiene todos los recursos para hacer frente a los desafíos que plantea un fenómeno dinámico y estructural como la migración. No es solo una cuestión de obligaciones morales o de derecho internacional, es una oportunidad: la de ser un país plural, cohesionado y rico; modelo antagónico al de quienes quieren a transformarnos en una sociedad que se embrutece utilizando los cuerpos de estos niños y niñas como chivo expiatorio para polarizar la opinión pública. No es admisible hacer política electoral a costa de la infancia.

6.000 niñas y niños en un país con más de 48 millones de habitantes podrían recibir la atención y el cuidado necesarios. El convenio que se firmó en 2022 –y que se renovó en 2023– fue votado por unanimidad y preveía criterios compartidos y una financiación por parte del Gobierno dirigida a las comunidades de acogida. Pero no ha funcionado

Actualmente, en Canarias hay más de 6.000 niñas, niños y adolescentes solos. Se prevé que, antes de otoño, puedan llegar otros tantos. En 2022, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia firmó un acuerdo voluntario para la redistribución de menores entre las distintas Comunidades Autónomas, una medida necesaria porque quien llega a las costas de Canarias, quien llega a Ceuta y Melilla, está llegando a España. 

No podemos, por tanto, dejar solos a estos territorios de nuestro país y a sus habitantes en la gestión de una responsabilidad que es de todas nosotras. 6.000 niñas y niños en un territorio con las dimensiones y especificidades de Canarias llevan al límite la capacidad de los servicios públicos de las islas, tensionando a la población local y poniendo en riesgo así la garantía de la protección de los derechos de la infancia. 

6.000 niñas y niños en un país con más de 48 millones de habitantes podrían, en cambio, recibir la atención y el cuidado necesarios. El convenio que se firmó en 2022 –y que se renovó en 2023– fue votado por unanimidad y preveía criterios compartidos y una financiación por parte del Gobierno central dirigida a las comunidades de acogida. Pero no ha funcionado. 

Según los últimos datos disponibles, en 2023 sólo Aragón, Andalucía y Asturias han cumplido su compromiso y han llevado a cabo (en parte, o totalmente) el traslado de menores. Navarra prevé hacer traslados a finales de este mes. En total, la mayoría de Comunidades Autónomas no han cumplido este acuerdo voluntario y cerca del 82% de las plazas totales acordadas y financiadas por el Gobierno Central siguen sin cubrirse.

Los números no son mejores si miramos a 2022: las CCAA dejaron sin ocupar el 40% de las plazas disponibles. Estos datos nos muestran claramente que la voluntariedad no funciona. Pero los derechos humanos no son una cuestión voluntaria, algo que se puede garantizar un día y del que olvidarse al día siguiente. Y, por lo tanto, es lógico que la acogida tampoco lo sea; que no se deje al azar o a la voluntad, sino que se prevean mecanismos y financiaciones adecuadas que la hagan efectiva.

Y es con este espíritu con el que el Gobierno ha propuesto la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería. El objetivo es diseñar un plan de respuesta que pueda activar un sistema de acogida vinculante y solidario: en los casos de sobreocupación del 150% de las plazas del sistema de protección disponible, el menor deberá ser trasladado a las CCAA de acogida en el menor tiempo posible y con todas las garantías para que se cumplan sus derechos y que el sistema de los servicios públicos sea sostenible.

Este plan de respuesta está equipado con financiación suficiente y ha sido diseñado sobre la base de los criterios ya aprobados por unanimidad en la conferencia sectorial de 2022. Ha sido propuesto con la convicción de que no podemos dejar a nadie atrás: a ningún territorio y a ningún niño o niña.

Sira Rego es ministra de Juventud e Infancia