Ante cualquier convocatoria electoral, todos los partidos políticos que se presentan afirman defender la Sanidad Pública. Todos. Luego, la realidad es sustancialmente distinta. Cuando han gobernado, la mayoría de las opciones conservadoras han debilitado, privatizado y desmantelado los servicios sanitarios públicos, con frecuencia a niveles escandalosos. Por otro lado, las opciones progresistas en campaña suelen anunciar innovaciones y cambios novedosos que, siendo importantes, después serán llevados a cabo o no y se hace menos hincapié en problemas estructurales básicos. Actualmente los problemas fundamentales de la Sanidad Pública en España están muy bien identificados, así como sus soluciones. En nuestro criterio, esos problemas son los siguientes:
- El marco conceptual: Sanidad 100% pública, de calidad, gratuita y universal. Todo el Sistema Sanitario debe ser público, financiado con impuestos de forma progresiva según capacidad de todos los ciudadanos. Debe tener alta calidad y capacidad y por tanto, estar adecuadamente dotado en medios técnicos y humanos. Debe ser gratuito para el ciudadano en el momento de su uso. Cualquier español debe tener derecho al uso del Sistema Sanitario. La atención a inmigrantes y extranjeros precisa de una normativa específica para ello.
- Legislación muy bien definida que garantice la equidad del Sistema Nacional de Salud y que impida el desmantelamiento de la estructura de los servicios sanitarios públicos por las administraciones de las CCAA. Debe establecerse un marco legislativo que garantice la universalidad, la gratuidad y la calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) al igual que su carácter público como se ha definido. Ello además garantiza la equidad asistencial en todo el estado y evita el desmantelamiento o la privatización en mayor o menor grado por un gobierno de alguna Comunidad Autónoma concreta. Las competencias sanitarias están transferidas a las CCAA, pero el marco que define el SNS tal como se ha expuesto, debe volver a ser establecido completamente para todo el país y anular normativas del pasado facilitadores de privatizaciones. Si es necesario debe aprobarse una nueva Ley General de Sanidad y sometida a un referéndum nacional que la consolide.
- Conciertos. Los Centros Sanitarios públicos deberán ser autosuficientes para ofrecer una asistencia sanitaria de alta calidad. Un concierto o una externalización con una empresa privada, solo puede admitirse en el caso de ser imprescindible y con carácter subsidiario: el contrato debe tener una fecha de caducidad no superior a 5 años. En ese tiempo el centro público debe tener resuelto su capacitación para ser autosuficiente. La privatización sanitaria concertada no es una opción. No es equitativa y ofrece peores resultados en Salud. Estudios recientes muy rigurosos han relacionado la privatización sanitaria con un aumento de la mortalidad evitable en la población atendida.
- Centros sanitarios públicos con Catálogos de Plantillas hechos públicos y actualizados anualmente.
- Catálogos de plantillas por especialidades y estamentos bien definidos en cada centro sanitario, actualizados cada año y hechos públicos.
- Plazas vacantes siempre perfectamente definidas.
- Concursos de plazas libres y vacantes con periodicidad de 2 años como máximo. Parámetros y criterios de evaluación perfectamente definidos y públicos. Igual metodología de evaluación en todas las oposiciones. Resolución de los concursos en un máximo de 3 meses.
Un Centro Sanitario no es solo un edificio. Todos deben tener la plantilla de trabajadores sanitarios y no sanitarios perfectamente definida y ser pública. Se especificarán todas las plazas del centro por especialidades y estamentos. Los ciudadanos podrán consultarla cuando lo deseen. Y debe ser público también permanentemente, la situación de esa plantilla, cuantos puestos de trabajo están ocupados y cuantos están vacantes para cada nivel o especialidad. Y de las vacantes, cuantas están ocupados por contrataciones y cuantas sin ocupar (vacíos). Los concursos se realizarán como se ha definido. En el pasado ha habido vicios a evitar. Periodos muy largos sin convocarse o resoluciones sin resolverse incluso tras convocatoria del siguiente concurso, creando atropellos inaceptables a los profesionales implicados. O jubilaciones y bajas por invalidez (definitivas) sin cubrir y amortizadas hasta límites escandalosos. Las Administraciones que tienen las competencias sanitarias son responsables ante los ciudadanos de que las plantillas de todos los centros sanitarios bajo su jurisdicción estén completamente dotadas. Este es el mejor método para garantizar una asistencia sanitaria óptima y justa.
- Distribución de infraestructuras técnicas y humanas de forma lógica pero equitativa con la distribución de la población en los territorios. No puede haber un hospital en cada pueblo. No puede haber un servicio de cirugía cardiaca en todos los hospitales. Cierto. Pero no puede haber grandes discriminaciones territoriales en cuanto a infraestructuras técnicas y/o humanas que debieran ser equitativas. Por ej. no puede haber un área territorial de 250.000 habitantes con 0,6 neurólogos / 100.000 habitantes y otra relativamente cercana con 4,9 /100.000 h. Entre otras razones, porque todos pagamos los mismos impuestos. Es responsabilidad de cada Administración la publicación de mapas sanitarios que demuestre esta equidad de infraestructuras técnicas y humanas en los territorios bajo su competencia.
- Acabar con la Precariedad de los trabajadores sanitarios.
- Contratos dignos y con tendencia de duración hasta la ocupación de la plaza por personal fijo.
- Honorarios dignos y similares a otros trabajadores públicos de similar capacitación técnica.
- Exclusividad de los trabajadores sanitarios al sector público. Los trabajadores sanitarios estarán justamente remunerados y deben tener exclusividad absoluta al sector público. Así se evitarán todas las potenciales perversiones inducidas por trabajar en el sector público y privado simultáneamente. Los que tengan actividad privada tendrán un plazo para decidir su actividad pública o privada, por ej. tres años.
- Potenciación rotunda de la Atención Primaria. Debe establecerse una línea de ruta para una potenciación de la Atención Primaria (AP) , actualmente muy debilitada y precarizada. Esto debe incluir un plazo temporal para, de forma progresiva:
- La AP debe ser financiada con aproximadamente un 25 % del gasto sanitario público.
- Establecer un marco contractual laboral digno para hacer atractiva la AP.
- De forma progresiva y en un periodo definido contratar unos 8.000 facultativos más en AP.
- De forma progresiva y en un periodo definido, contratar unas 15.000 enfermeras más.
- Contratar el personal no sanitario necesario.
Nosotros hablamos de Sanidad estrictamente Pública: no solo debe ser pública la financiación, sino también los servicios.
Todo ello con el objetivo de acabar con listas de espera escandalosamente prolongadas y conseguir que la gran mayoría de peticiones de consulta se hagan en menos de 48h.
- Potenciación de las estructuras de atención a la Salud Mental dentro de los centros Públicos. Establecer una línea de ruta para resolver el déficit actual de Psiquiatras y Psicólogos clínicos dentro de los centros sanitarios públicos. Adecuar las instalaciones correspondientes. El objetivo es acabar con las inaceptables listas de espera actuales y que sea óptima la asistencia a todos los pacientes que lo necesiten.
Las opciones políticas que asumen la defensa de la Sanidad Pública tienen que conocer cuales son los problemas fundamentales del sistema para poder resolverlos con eficacia. Se precisa además rigor y compromiso. Nosotros hablamos de Sanidad estrictamente Pública: no solo debe ser pública la financiación, sino también los servicios. Y tampoco podemos olvidarnos del contexto donde estamos situados. Por ejemplo, en el momento actual el National Health Service (sistema público de salud del Reino Unido) está seriamente amenazado por intereses muy concretos y muchos profesionales sanitarios están denunciando estos hechos ante los ciudadanos con intención de evitar algo catastrófico. Creemos que, entre todos, debemos impedir que ocurra algo parecido en nuestro país. La importancia que tiene el Sistema Sanitario Público para la población española es extraordinaria, sobre todo para los sectores sociales con menores capacidades económicas. Por ello, también nos gustaría que el resultado del voto de las próximas elecciones del 23 de julio sea meditado y coherente con las necesidades sanitarias del país y expuestas anteriormente.
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Manuel Torres Tortosa es ex jefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario Punta de Europa, Algeciras (Cádiz).
Antonio Vergara de Campos es ex jefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz).
José Antonio Brieva Romero es ex jefe de servicio (jubilado) de Inmunología Clínica. Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía, Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas.
Ante cualquier convocatoria electoral, todos los partidos políticos que se presentan afirman defender la Sanidad Pública. Todos. Luego, la realidad es sustancialmente distinta. Cuando han gobernado, la mayoría de las opciones conservadoras han debilitado, privatizado y desmantelado los servicios sanitarios públicos, con frecuencia a niveles escandalosos. Por otro lado, las opciones progresistas en campaña suelen anunciar innovaciones y cambios novedosos que, siendo importantes, después serán llevados a cabo o no y se hace menos hincapié en problemas estructurales básicos. Actualmente los problemas fundamentales de la Sanidad Pública en España están muy bien identificados, así como sus soluciones. En nuestro criterio, esos problemas son los siguientes: