El riesgo para la democracia no es la amnistía, es el CGPJ
El Consejo del Poder Judicial es, a día de hoy, la mayor vergüenza de nuestro sistema democrático. Resulta impensable que quienes integran el órgano encargado de velar por la independencia del Poder Judicial, según el artículo 122 de la Constitución, decidan participar directamente del debate político censurando a otros poderes del Estado, ya sea a cuenta de la anunciada ley de amnistía o de cualquier otra. Pero es que, encima, el pronunciamiento que parte de sus vocales pretende sacar adelante versa sobre una futura proposición de ley que ni siquiera ha sido aún objeto de aprobación o discusión parlamentaria y que, por ende, queda totalmente fuera del elenco de normas sobre las que el artículo 560 de la Ley Orgánica del Poder Judicial les permite “opinar”. Para colmo, pretenden hacerlo casi 5 años después de expirado su mandato y con buena parte de sus plazas vacantes. Solo quedan 16 vocales de los 20 que debían ser, lo que ya de por sí les resta toda legitimidad, incluso para el ejercicio de las atribuciones que sí le son reconocidas por el ordenamiento jurídico.
Si a esto le sumamos las soflamas apocalípticas en que basan su posición, totalmente impropias de una institución representativa del pluralismo presente en nuestra sociedad, que es lo que debería ser el CGPJ según la Sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986, la maniobra en curso no puede tildarse de otra cosa más que de antidemocrática.
Resulta, cuanto menos, paradójico que precisamente quienes dicen defender el Estado de Derecho sean tan contumaces en la flagrante violación de las normas que lo sustentan. De forma cada vez más explícita, se declaran rebeldes al orden constitucional. El CGPJ nació con un doble propósito: velar por la independencia judicial como garantía de la división de funciones y aportar legitimidad democrática a un poder del Estado que carecía de ella debido a su patente desconexión de la soberanía popular. Hoy no cumple ninguno de las dos. De hecho, más bien pareciera que, desde hace algún tiempo, los pisotea en cuanto tiene oportunidad.
Si algo caracteriza a ese Estado de Derecho que los vocales erigidos en salvadores de la patria dicen defender, es la misma separación de poderes a la que vapulean con su activismo. Una construcción teórica difícil de aplicar a rajatabla que, sin embargo, resulta imprescindible como ideal regulativo de toda democracia liberal. Si esa división no se da en plenitud, dada la tendencia del poder a concentrarse, al menos debe garantizarse formalmente, o de lo contrario se incurre en el riesgo de que nuestro sistema político-representativo pierda toda credibilidad.
El CGPJ nació con un doble propósito: velar por la independencia judicial como garantía de la división de funciones y aportar legitimidad democrática a un poder del Estado. Hoy no cumple ninguno de los dos
Por eso, mediante el impulso de campañas propagandísticas como la que hoy pretenden llevar a cabo los vocales conservadores del CGPJ, no solo se perjudica la imagen del Poder Judicial, sino que también se exponen obscenamente las costuras de nuestra democracia. Se evidencia un nivel de degradación institucional difícilmente digerible para la ciudadanía. Y se fomenta la desafección hacia el modelo de Estado que propone nuestra Constitución. Estamos ante un golpe al sistema constitucional en toda regla.
Ya no se trata de que el bloqueo a su renovación impida considerar legítimo al órgano en su actual composición, tal y como advierte la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 22 de junio de 2023. Ahora, además, están tratando de que actúe totalmente fuera de sus competencias. La operación está coordinada desde Génova, lo que se evidencia por el mimetismo absoluto entre argumentarios. Y cuenta con otras patas como el asociacionismo judicial conservador, de lo que es muestra el amenazante comunicado hecho público por la Asociación Profesional de la Magistratura.
Se pretende así culminar la conversión del Consejo y, por extensión, del Poder Judicial, en un ariete contra el Gobierno, o al menos eso es lo que creen sus instigadores. Pero lo peor del asunto es que se están equivocando: el impacto va dirigido contra las bases del Estado democrático, no del Ejecutivo. Sobre todo, porque el daño causado a los cimientos de la arquitectura constitucional permanecerá mucho más allá de lo que dure este Gobierno. Una vez convertido el órgano en un arma política, perderá irremediablemente toda función que no sea la de ser arrojado contra el adversario y, con el tiempo, sólo quedará sacrificarlo.
Así las cosas, no podemos dejar de insistir en que no hay Estado social y democrático de Derecho que pueda funcionar sin un mínimo respeto por su Justicia. Por eso, cultivar la imagen democrática e independiente del Poder Judicial, obrando con autocontención a la hora de buscar en sus instituciones un aliado político, va en interés de todos los agentes que integran esta democracia imperfecta. Actuar, por el contrario, como si el Poder Judicial fuera un martillo con el que aplastar al rival sin miramientos, pensando que la sociedad española seguirá confiando en el modelo constitucional donde se integra, es tan presuntuoso como irresponsable.
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Juan Manuel Alcoceba Gil y Amaya Arnáiz Serrano son profesores de Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid y Javier Truchero Cuevas es abogado y socio de Iuslab.
